Puerto Gallego, exalcaldesa de Santoña y actual diputada del PSOE en el Congreso
Puerto Gallego, exalcaldesa de Santoña y actual diputada del PSOE en el Congreso / Andrés Fernández

El Supremo abre causa contra Puerto Gallego por presunta prevaricación

  • La exalcaldesa de Santoña y actual diputada nacional del PSOE se siente "sorprendida y preocupada" al conocer que el alto tribunal investigará su gestión como alcaldesa de Santoña

  • La causa por la que está imputada es la supuesta irregularidad en la adjudicación de contratos entre 2003 y 2009

La diputada nacional del PSOE por Cantabria y exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, se ha mostrado "sorprendida y preocupada" tras "enterarse por la prensa" de que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra ella por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña, donde gobernó entre los años 2003 y 2009.

La investigación contra Gallego corresponde al alto tribunal dada su condición de aforada. La parlamentaria socialista ha explicado que no puede valorar el auto del Supremo porque ni siquiera ha recibido la notificación. Cuando pueda leerlo y analizarlo, "voy a estar con mi partido, con mi secretaria general y desde luego haré todo lo que tenga que hacer, lo que sea necesario hacer", ha subrayado, tras quejarse de que se tenga que "enterar por la prensa" de la decisión del Supremo.

Preguntada sobre su estado de ánimo ante la investigación que va a realizar el alto tribunal de su gestión como alcaldesa, Puerto Gallego ha respondido que "nadie puede estar tranquilo" ante una situación así, máxime en estos tiempos en los que este tipo de asuntos "calan muchísimo en la gente" y se tiende a identificar todos los casos como iguales cuando nada tienen que ver unos con otros".

Fraccionamientos de contratos

En septiembre del pasado año la Audiencia Provincial de Cantabria validó la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros).

En un auto difundido este viernes, el alto tribunal nombra instructor de esta causa al magistrado Pablo Llanera mientras que se acuerda que la causa continúe ante el órgano competente respecto de los hechos imputados al resto de investigados por estos hechos, que no tienen condición de aforados.

La investigación del juez de Santoña se dirigía también contra los ocho concejales del PSOE de la villa durante el citado periodo: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Todos ellos seguirán siendo investigados en Santander.

Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido "ningún delito".

En dicha ronda de interrogatorios no se incluyó a la alcaldesa, por su condición de aforada, al ser diputada en el Congreso por Cantabria.

Reparos de legalidad reiterados

La Audiencia Provincial validó los indicios obrantes en la instrucción que apuntan a que los contratos se fraccionaron y adjudicaron a pesar de los reparos de legalidad que "de forma constante y repetida" formuló el interventor del Ayuntamiento, y que "ni se levantaban ni eran atendidos".

En la exposición razonada que remitió la juez instructora se relata como en el Ayuntamiento presidido por Gallego "habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor y la no utilización del procedimiento abierto, firmando las facturas que se sometían a su pago".

Añadía la juez que la Junta de Gobierno Local "se limitaba a darse por enterada y a aprobar las relaciones de facturas", cuando la Intervención "dejaba muy claro" en sus reparos -de hasta tres interventores municipales- que estos habían sido manifestados "reiteradamente".

El juzgado también describe en su exposición al Supremo que "el Ayuntamiento, esto es la junta de gobierno, de la que formaría parte la persona aforada, no habría seguido los procedimientos previstos por la normativa administrativa correspondiente en materia contractual".

El Supremo considera en su auto de este viernes que "resulta imprescindible" continuar la investigación iniciada por el Juzgado porque existen pruebas periciales y también reparos emitidos en su día por la inspección municipal que apuntan la posible irregularidad de los hechos, que en principio podrían constituir una prevaricación.

Todo parece indicar que "la facturación presentada respecto a determinados suministros y servicios superaba el importe correspondiente para poder hacer adjudicaciones directas de ellos", dice el Supremo. Considerar probado este extremo sería, en todo caso, precipitado, pues el alto tribunal desarrollará ahora una investigación antes de decidir si pide o no el suplicatorio contra ella. La imputada podría declarar de manera voluntaria en la causa antes de que se decida si se archiva o se continúa el proceso.

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