El juez exige al Consorcio de Piscinas el pago de una deuda de 2,3 millones

Piscina cubierta de Colindres, una de las que se construyó a través del Consorcio de Infraestructuras Deportivas.
Piscina cubierta de Colindres, una de las que se construyó a través del Consorcio de Infraestructuras Deportivas. / Daniel Pedriza
  • La sentencia estima "parcialmente" la demanda de Ascán por las construcciones en Marina de Cudeyo, Colindres, Latas y Val de San Vicente

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha condenado al Consorcio de Infraestructuras deportivas de Cantabria al pago de 2,3 millones de euros por la construcción, conservación y explotación de las piscinas de Colindres, Latas (Ribamontán al Mar), Marina de Cudeyo y Val de San Vicente.

La sentencia estima "parcialmente" la demanda presentada por la empresa Gestión de Piscinas SA –perteneciente al grupo Ascán– contra la resolución del Consorcio de Infraestructuras Deportivas –entidad integrada por cinco Ayuntamientos y el Gobierno regional– que rechaza "por silencio administrativo" la solicitud de resolución y liquidación del contrato de concesión de de obra pública. El juez declara el derecho de Ascán a ser indemnizado con el pago de 5.818.867 euros, de los cuales 5.708.652 lo son en concepto de obra ejecutada y certificada; 78.581 correspondel al 3% de prestación dejada de percibir; y 31.634 de lucro cesante; deuda que se ha extinguido según el juez "en el importe de 2.297.050 euros, por lo que se condena al Consorcio a pagar 2.297.050 euros".

Devolución

El presidente del Consorcio, Javier Incera, destaca que a pesar de "la sorpresa inicial", y una vez estudiada la sentencia con los abogados, "estamos satisfechos" porque "lo que se reclama es el dinero que se adeuda a la empresa". El alcalde de Colindres explica que en total, la sentencia reconoce una deuda de 5,8 millones de euros, de los que hay que deducir 3,5 que "ya se han abonado a la empresa", por lo que a su juicio se deben 2.268.867 euros.

Además, resalta que la sentencia deja abierta la vía para que el Consorcio pueda proceder a la devolución de un pago indebido de 802.113 euros que se hizo en concepto de gestión. Asimismo, Incera recordó que tanto para el Gobierno regional como para los Ayuntamientos "es una prioridad en esta legislatura liquidar estos gastos y pagar el total de la deuda, de modo que los vecinos puedan disfrutar de estas instalaciones deportivas".

De las cantidades que reclamaba la empresa la sentencia reconoce el pago de 5,7 millones por obra ejecutada; 78.581 euros por las obras no ejecutadas en Marina de Cudeyo; y 31.634 euros de lucro cesante. Sin embargo no se reconocen los 170.691 euros por la no ejecución de la piscina de Marina de Cudeyo; los 103.343 euros por gastos de mantenimiento de las instalaciones; al tiempo que no se considera procedente la devolución del aval ni el pago de los gastos financieros que se han generado y que ascendía a 663.455 euros.

Solicitud ante el juzgado

La empresa Gestión de Piscinas SA solicitó ante el juzgado la declaración de nulidad de la resolución que desestimaba la pretensión de resolver "por incumplimiento" el contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de instalaciones de uso deportivo –piscinas– en Colindres, Ribamontán al Mar, y Val de San Vicente, recepcionadas sin objeción, ya que la de Marina de Cudeyo no concluyó por causas ajenas a la empresa.

La sociedad demandante recuerda que el fundamento de la resolución es el "incumplimiento de la obligación del pago del precio y la imposibilidad de ejecutar el contrato en sus términos debido a que el Consorcio no obtuvo la financiación prevista por parte del Gobierno de Cantabria". Ascán solicitó al Consorcio de Infraestructuras que le pagara el dinero de las obras de construcción de las piscinas de Colindres, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar.

Como medida de presión, se negó a entregar las llaves de las obras hasta que se le pagara dicha cantidad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desestimó la medida cautelar solicitada por la empresa constructora y autorizó al Consorcio la ocupación de las piscinas cubiertas de Colindres, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar, instalaciones que llevaban cerradas años como consecuencia de las desavenencias surgidas entre la adjudicataria, la sociedad y el Gobierno regional a cuenta del pago de las obras.

Además de no poder construir su ansiada segunda piscina cubierta, a través del Consorcio que formó junto a otros cinco municipios, Torrelavega también se ha visto envuelta en denuncias judiciales, ya que Gestión de Piscinas, la empresa del Grupo Ascán, reclama al Ayuntamiento 149.942 euros por no haber podido iniciar la explotación de las instalaciones deportivas que no se llegaron a construir.