Los afectados por los derribos de sus casas piden la legalización

Con pancartas en las que se pueden leer 'Legalización, solución' y 'Gobierno culpable, 2.000 víctimas', más de 200 afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas protagonizaron ayer y continúan hoy una marcha para exigir que se evite la demolición y se busque una solución.

«Es un grito de auxilio para lograr una solución antes de que se tiren. Tenemos el apoyo del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y el Gobierno de Cantabria debe agilizar los trámites de la legalización», comentó el portavoz, Antonio Vilela.

Una representación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), con propietarios de viviendas en Arnuero, Argoños, Liencres y Escalante, iniciaron la segunda marcha a las 9 de la mañana desde el Ayuntamiento de Argoños.

Por delante les esperaban alrededor de 40 kilómetros que, junto con el calor, aliviaron bebiendo mucho líquido, descansando en la Plaza de Galizano para comer y en el polideportivo de Latas, en Ribamontán al Mar, para dormir.

Durante la jornada de ayer, el grupo humano abanderó muñecos inocentes y por medio de la megafonía se podían escuchar frases como 'A por ellos', 'Gobierno y Ayuntamientos culpables, pedimos justicia o 'No derribos, hay solución'.

Hoy, en Santander

Hoy, la marcha amarilla cruzará hasta Santander desde la barca de Pedreña y se presentarán a las 11 de la mañana en Puertochico; a las 11,30 en el Parlamento de Cantabria; a las 12,00 en los Juzgados y a las 13 horas se entrevistarán con el consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla. «Le pediremos que cumpla su promesa de que con los Planes Generales de Ordenación Urbana se podían legalizar. No hay ni una sola vivienda con solución y se deben tomar decisiones antes de que se derriben y se cometa una injusticia irreparable», explicó el portavoz de la AMA, Antonio Vilela.

El peor mal

El portavoz de este colectivo recordó que en España se están legalizando alrededor de 50.000 viviendas, como son los casos de Canarias, Andalucía y Levante, de tal forma que «el derribo es el peor mal para Cantabria, por el dinero que se gastará el Gobierno regional y los Ayuntamientos y por la falta de credibilidad que tendrán».

En cuanto a la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, la AMA no entiende que «se comprometiese en febrero a recibirnos de forma oficial y aún no lo ha hecho». También mostraron su malestar con el parlamentario socialista, Martín Berriolope, con quien se reunieron y existió un compromiso de volver a tener otro encuentro en quince días que no se ha vuelto a producir.

Además, no faltaron palabras para el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «Ni una mala palabra, pero ni un buen resultado», señalaron. De hecho, Revilla aparece en una de las pancartas junto a un rótulo que dice «Esperamos el pistoletazo de salida a la legalización».

Por último, recordaron a la directora general de Urbanismo, Miriam García, que «cabe la posibilidad, en un 99% de los casos de que se legalicen sus propiedades, según indicó recientemente el Defensor del Pueblo, o en caso contrario que se permute el aprovechamiento urbanístico, construyendo lo mismo en otra zona», indicó Vilela.