El convenio del soterramiento quiere conservar el edificio de la estación de Feve para otros usos

Un tren procedente de Santander realiza una parada en la estación de Feve de Torrelavega, ubicada en la Avenida de Menéndez Pelayo
Un tren procedente de Santander realiza una parada en la estación de Feve de Torrelavega, ubicada en la Avenida de Menéndez Pelayo / Luis Palomeque
  • El Ministerio de Fomento remitió el pasado martes el borrador que ya está en manos del Gobierno y del Ayuntamiento

El convenio para soterrar las vías del tren a su paso por la ciudad incluye entre sus actuaciones el mantenimiento del edificio de la estación de Feve, ya que "está catalogado como protegido" y el objetivo es destinarlo a otros usos. El documento, remitido por el Ministerio de Fomento al Gobierno regional y el Ayuntamiento de Torrelavega desde el pasos martes, y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, destaca que el coste estimado del proyecto es de 91,2 millones de euros  (IVAno incluido) y consiste en cuatro actuaciones ferroviarias. La primera el soterramiento del trazado ferroviario de Feve (hoy Adif) en una longitud de 1.800 metros a su paso por Torrelavega, entre los pasos a nivel del Paseo del Niño y el de la calle Pablo Garnica.

Otra actuación es la que se refiere a la construcción de una nueva estación soterrada, cuya situación está determinada por el trazado de las vías soterradas y la ubicación de los andenes, y que estará próxima a la actual, de modo que los viajeros seguirán contando con parada en la Avenida de Menéndez Pelayo como hasta ahora. Asimismo, el borrador del convenio contempla la conservación del edificio de la estación al que se dará otros usos, y por último se procederá a la urbanización de los aledaños del nuevo edificio, de manera que se relacione con el actual mediante una nueva plaza trasera, así como de los correspondientes accesos y reordenación de viales que sean necesarios.

En cuanto a las actuaciones urbanísticas el coste previsto es de 6,57 millones de euros (sin IVA) y contempla la transformación urbanística del espacio liberado en todo el ámbito de actuación del proyecto de integración y que podría rondar los 50.000 metros cuadrados.

Según se recoge en el apartado de estipulaciones el coste tanto de las actuaciones ferroviarias como de las urbanísticas se repartirá entre las tres administraciones (Ministerio, Gobierno regional y Ayuntamiento). Adif abonará el 50% del coste de las actuaciones, estimado en 50,8 millones de euros; el Gobierno de Cantabria el 30% del coste de las actuaciones, 28,13 millones de euros; y finalmente el Ayuntamiento de Torrelavega aportará el 20% restante que supone 18,75 millones de euros. Según el cuadro del calendario de aportaciones de cada una de las partes las primeras partidas se destinarían en 2018, con aportaciones en los años siguientes hasta 2022. Adicionalmente a estas cantidades, Adif asume el coste de la redacción de los proyectos ferroviarios que asciende a 4 millones de euros.

También se detalla que el valor neto de los aprovechamientos urbanísticos generados una vez se realice la modificación correspondiente se destinará a reintegrar las cantidades aportadas a cada una de las administraciones en función de los porcentajes establecidos. Por tanto, se mantiene lo acordado entre Ministerio, Gobierno y Ayuntamiento de repartir de forma equitativa los beneficios de los aprovechamientos en función de lo que cada uno ha aportado (50%, 30% y 20%).

Además, el borrador apunta que en el caso de que existieran recursos excedentarios después de llevar a cabo todas las actuaciones previstas en el convenio, estos se aprovecharían para invertir en infraestructuras del transporte ferroviario de Cantabria.

La ejecución de los trabajos, tanto ferroviarios como urbanísticos y de urbanización contemplados en el convenio se llevarán a cabo por Adif, bien utilizando sus propios medios materiales y humanos, o bien mediante la contratación de terceros por parte de esta entidad. Asimismo, la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias será la encargada de tramitar los expedientes de contratación necesarios para ello y será competente para la selección de los adjudicatarios a los que se encomiende la ejecución de los contratos.

Por lo que se refiere a las obligaciones de cada una de las partes, el Ministerio de Fomento redactará y tramitará los documentos necesarios para el desarrollo de la integración del ferrocarril en la ciudad. Adif redactará el proyecto ferroviario, asumiendo su coste, estimado en 4 millones de euros, y contribuirá a la financiación de la operación urbanístico-ferroviaria. Mientras, el Gobierno de Cantabria se compromete a promover la tramitación del planeamiento urbanístico que sea conforme con los proyectos de infraestructuras ferroviarias y haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos propiedad de Adif, situados en el entorno. Por último, el Ayuntamiento igualmente deberá promover la tramitación del planeamiento urbanístico y reconocer la titularidad de Adif de los terrenos objeto del convenio.

Otra de las cláusulas del borrador se refiere al planeamiento urbanístico y su desarrollo, recordando que los usos a implantar en la zona del suelo que quedará liberada "podrán tener carácter residencial, terciario, comercial y hotelero..." para contribuir a la financiación de los costes del cubrimiento y de la urbanización, así como para generar un área de centralidad urbana y de servicios a la ciudadanía y demás condiciones para el desarrollo de la actuación. El documento remitido por el Ministerio de Fomento, después de que hace algo menos de un mes las tres administraciones alcanzar un acuerdo en Madrid, apunta que los titulares de las obras a ejecutar serán Adif para las de carácter ferroviario y el Ayuntamiento para aquellas relacionadas con la urbanización.

Y en concreto, matiza que los muros y las losas de cobertura del túnel ferroviario formarán parte de las obras de urbanización, cuyo coste correrá por cuenta de la Administración local. En cuanto al mantenimiento será responsabilidad de Adif según recoja el propio convenio. Por otro lado, a los efectos de asumir las facultades necesarias y de velar por el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, se creará una Comisión de Seguimiento del Convenio, integrada por un representante de cada una de las administraciones.

Ahora, el borrador deberá ser revisado por el Gobierno regional y el Ayuntamiento para que a lo largo del verano el convenio definitivo pueda tener la rúbrica de todas las partes.

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