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V. SANTIAGO
Jueves, 14 de abril 2011, 02:18
Después de cruzar 1.397 nombres de personas y empresas, de analizar facturas, extractos bancarios y contratos, de revisar cartas, ordenadores, actas y expedientes, la auditoría de Deloitte revela que existen anomalías en la gestión de CEOE-Cepyme de Cantabria, pero que no ha habido una trama empresarial vinculada a Miguel Mirones como el pasado 23 de febrero denunció el secretario general de la patronal, Yves Díaz de Villegas. En un informe provisional de 85 páginas presentado el martes ante la junta directiva y el comité ejecutivo, la consultora refleja las supuestas irregularidades en la contratación de cinco empresas (Quality Catering, Inexcom, Exyt Eventos, Intech y Larpi Eventos) y el alquiler de una nave para centro de formación en Campogiro, propiedad del cuñado de Mirones, pero no han encontrado ninguna vinculación directa de esas sociedades con el presidente, más allá del domicilio social de dos empresas. Los auditores han recabado la información necesaria para contrastar los siete puntos esgrimidos por Díaz de Villegas en el informe que envió a todos los miembros de la junta directiva y han determinado que unas denuncias se correspondían con la realidad y otras, no.
«Hubo favoritismo»
Denuncia. Díaz de Villegas denunció la «creación y utilización de un entramado de empresas, aparentemente distintas y gestionadas por distintos administradores, para autoadjudicarse todo tipo de contratos de la CEOE». Las empresas que citaba son Quality Catering, Inexcom, Exyt Eventos, Intech y Larpi Eventos. Según Díaz de Villegas facturaron a CEOE desde septiembre de 2007 a diciembre de 2010, 332.161 euros. En las dos primeras, criticó que figuraba como domicilio social una vivienda del presidente Miguel Mirones, además domicilio social de una antigua empresa de su propiedad, 'Construcciones Socueva'.
Auditoría.- La auditoría de Deloitte recuerda que existe un manual interno en CEOE en virtud del cual el director de cada departamento es el responsable de la contratación de los proveedores de su área, y que para contratos superiores a 12.000 euros se debían pedir tres ofertas diferentes. En esa misma instrucción se decía que se debía contratar preferentemente con empresas asociadas a CEOE, dándose prioridad a los asociados directos sobre los indirectos. Desde el primer mandado, Mirones añadió la directriz de contratar con el mayor número posible de proveedores para repartir el gasto efectuado dentro de CEOE entre sus asociados. Para ello se elaboró una lista de proveedores, listado que «no se utilizó mucho».
Dice la auditoría que los representantes de las cinco sociedades aludidas son personas físicas distintas, aunque aparecen vinculadas en el pasado, y sus administradores forman parte a su vez de una asociación benéfica 'Cantabria Ayuda', de que también es socia la esposa de Mirones y la vicesecretaria de CEOE, Beatriz Benéitez. Además, correos detectados en la investigación interna ratifican la relación de amistad entre Beneítez y los administradores.
Sin embargo, los consultores no han encontrado «ninguna vinculación directa» de los administradores con el presidente de CEOE, Miguel Mirones, «más allá del domicilio social» de dos de las empresas (Quality Catering e Inexcom), del que el presidente de la patronal posee un porcentaje de la propiedad, procedente de una herencia. En esta dirección, tal y como señaló Díaz de Villegas, tiene también su sede social la constructora Socueva, también vinculada a Mirones, y otras sociedades.
Los auditores han comprobado que, aunque las cinco sociedades tienen su propio negocio, han recibido un «trato de favoritismo y preferencial» de la vicesecretaria. No obstante, el informe «descarta que estas empresas se constituyeran ex proceso para prestar servicios a CEOE. Pero detectan otras irregularidades.
Constatan que Quality Catering se dio de alta como asociada a la patronal el 31 de octubre de 2007, fecha que coincide con la primera factura emitida a CEOE por la organización. Desde entonces «se convierte con mucho en principal proveedor de este tipo de servicios. Así, los años 2007, 2008, 2009 y 2010, la empresa factura a la patronal el 90%, 57%, 62% y 95% respectivamente del gasto total de la organización en estos servicios. La CEOE lo justifica ante los auditores diciendo que es la única empresa asociada que presta este tipo de actividad, pero los expertos constatan que dentro de la organización está, como asociada, la propia Asociación de Hostelería.
Respecto a Inexcom, la auditoría revela que se dio de alta como asociada a CEOE en agosto de 2007 y la primera factura es del 20 de septiembre. Como la anterior, concluyen que también recibió un trato de favor y preferente, que implica directamente a la vicesecretaria general y responsable de Relaciones Institucionales, Beatriz Benéitez. Ésta instó al administrador de la sociedad a que facturase a nombre de la sociedad Nuevas Estrategias Originales S L, de la que hasta 2004 ella misma fue administradora. Los auditores concluyen que esta sociedad «pudo haber sido utilizada como un vehículo para canalizar facturas y dar la apariencia de que se estaban empleando los servicios de distintos proveedores». 'Nuevas Estrategias Originales' facturó 166.000 euros a la CEOE entre 2007 y 2010.
Exist Eventos, con buzón comercial en el piso propiedad de Mirones, aunque no su domicilio social, también comenzó a facturar servicios a CEOE a los pocos meses de asociarse a la patronal, aunque no ocurre lo mismo con Intech Consulting, que se dio de alta en la confederación en noviembre de 2007 pero no comenzó a facturar hasta el 1 de octubre de 2008. Sin embargo, los auditores han comprobado que desde esta empresa se emitieron dos facturas relativas al alquiler de aulas y equipos y medios para impartir dos cursos de formación entre noviembre y diciembre de 2010 que no se llegaron a impartir.
Según la auditoría, los asistentes a ambos cursos, 16 personas, son los mismos, cinco de ellos empleados de CEOE, que a esa hora se encontraban en la sede empresarial. Además las firmas de asistencia se hicieron en serie y los dos documentos eran idénticos. El instructor de los supuestos cursos era administrador de la quinta empresa aludida en la denuncia, Larpi Eventos. No existe información sobre dónde se celebraron los presuntos cursos ni qué aulas fueron alquiladas. Todos estas pruebas llevan a los auditores a concluir que los cursos que se facturaron no se llegaron a celebrar.
«Vínculos personales»
Denuncia. La CEOE tiene como norma, por decisión interna, que todo contrato de suministro de servicios que pase de los 12.000 euros debe contratarse tras elegir entre tres ofertas. Según Díaz de Villegas, en algunos de los procedimientos las propuestas fueron presentadas por tres de las anteriores empresas (vinculadas según él a Mirones).
Auditoría. Deloitte determina que las tres ofertas fueron facilitadas por Beatriz Benéitez y, aunque justifican que es habitual que los responsables de Comunicación participen en este proceso, entienden que existe una razón personal entre Benéitez y los responsables de las sociedades. Pero en este punto han querido matizar que la fuente de financiación del acto 'Soy empresaria' no es el Servicio Cántabro de Empleo, como indica el secretario, sino la Dirección General de la Mujer. También se explica que, al margen de los dos concursos que Díaz de Villegas apunta en su informe, las empresas a las que se hace referencia (Interch Consulting, Inexcom y Larpi Eventos) no han ganado más concursos aunque tampoco han comprobado si se han presentado a más.
«Sin licencia»
Denuncia. Se denunció la contratación «irregular y perniciosa» de un edificio propiedad del cuñado de Miguel Mirones, por un lado, y se estimó en 200.000 euros las pérdidas anuales del centro de formación de Campogiro, ubicado en la antigua sede de la fábrica de cepillos de dientes Fushima.
Auditoría. Los auditores han encontrado que se encargó a una empleada buscar ofertas y ella presentó siete y han constatado que Miguel Mirones se abstuvo de votar cuando se tomó la decisión del arrendamiento, que se votó por unanimidad, si bien dicen que «tuvo una participación activa en la selección de ofertas, lo que pudo haber favorecido a su cuñado». Se hicieron dos contratos distintos, uno de alquiler y otro de maquinaria por 4.000 y 2.000 euros respectivamente.
En el resumen de ofertas se aseguró que la nave estaba acondicionada y no necesitaba reformas para construir aseos y oficinas. Sin embargo, los auditores han comprobado que se gastaron más de 646.000 euros en obras de fontanería, electricidad, suelos... (existen facturas). Esta cantidad se financió gracias a dos subvenciones del Gobierno regional que requerían 10 años de funcionamiento del centro. Los técnicos de Deloitte han visto que el centro no sólo carece de licencia de apertura sino que, además, no está en trámite. También está fuera de ordenación, porque en el edificio sólo se permitía hacer pequeñas obras. Y genera dudas a los investigadores el baile de fechas que han constatado en lo que tiene que ver con este alquiler, por el que se han pagado ya a Fushima 184.000 euros. Porque la contratación se aprobó por el comité ejecutivo en abril de 2008, pero los contratos se firmaron en junio con efecto retroactivo a marzo. Sobre los 200.000 euros anuales de pérdidas que denuncia Díaz de Villegas, ellos estiman la cifra real de pérdidas en 74.000 euros anuales, después de discutir algunos extremos de cómo se hacían estas cuentas. El equipo jurídico de Mirones plantea que esta situación es «legalizable».
«Vulneración del procedimiento»
Denuncia. La cuarta irregularidad denunciada hace referencia a la firma de contratos supuestamente irregulares con la empresa del grupo C&C. Díaz de Villegas especifica que «para crear una página web de noticias online de la CEOE» se solicitaron tres ofertas. Su sorpresa fue descubrir que las tres propuestas fueron formuladas por empresas del mismo grupo por lo que se habría vulnerado el principio de concurrencia competitiva.
Auditoría. Para verificar los hechos, la auditoría ha analizado las vinculaciones directas e indirectas entre estas sociedades, el personal de CEOE, los servicios contratados y los procedimientos de contratación. En este 'estudio' señalan que no han encontrado vinculación ninguna entre estas sociedades y Mirones y el personal de CEOE. Para llegar a este punto, los auditores decidieron entrevistar a César Bragado, el apoderado de estas empresas del grupo C&C, quien les explicó que cuando presentaba una iniciativa a CEOE- y resultaba «atractiva», se articulaba un procedimiento de contratación en la que sus empresas presentaban ofertas para cubrir el expediente, «lo que supone una vulneración de los procedimientos de contratación».
Deloitte también hace un estudio pormenorizado de las empresas que apunta el secretario en su informe y determina que Dimark no está en la lista de proveedores afectados. «La primera factura es de septiembre de 2007 por una asistencia técnica en las acciones formativas en 2006 y 2007». En principio, al no estar en la lista de autorizados, cualquier empresa de comunicación hubiera tenido que tener preferencia sobre Dimark, «pero no hemos podido verificar la efectiva prestación de estos servicios». Otro de los puntos destacados por la auditoría es el contrato de mantenimiento de 5.000 euros mensuales que pasó a ser cuatrimestral. Durante su entrevista con Bragado, la auditoría apunta que éste afirma que negoció directamente con el secretario general, encuentro que Díaz de Villegas desmiente porque dice que «no le conoce». Deloitte apunta que «esto no coincide con lo que dice Bragado y otros trabajadores de CEOE».
«Contratos legales»
Denuncia. El secretario general acusa directamente a Miguel Mirones y a «su equipo» de tomar directamente todas las decisiones en materia de contratación de personal, sin pasar por la Secretaría General ni por el Departamento de Búsqueda de Empleo. Díaz de Villegas cita uno a uno a quince empleados y va estableciendo la vinculación entre cada uno de ellos.
Auditoría. Los auditores comprueban que cada área hace sus propias contrataciones, que se contrata temporalmente, y que cuando se busca directivos se recurre a la promoción interna. También apuntan que la responsable de contratación de la CEOE no se ocupó de los procesos desde que llegó Miguel Mirones y se constata que, de los 52 empleados que tiene la organización, el 50% fueron realizados en el 'periodo Mirones' y que cuatro contratos que se hicieron con él no fueron temporales (como el de Beatriz Benéitez o el de Alejandra San Martín). Dice Deloitte que el número de técnicos es significativo y que aunque creen que «no se vulneran las normas de procedimiento, el número de contrataciones externas es significativo».
«Herramienta sin uso»
Denuncia. En 2008 se contrató un moderno sistema informático (Idinet) de gestión de personal y asociaciones. Aunque se consideró que era una gran herramienta para aumentar la productividad, al año de su funcionamiento Mirones le pidió a Díaz de Villegas que «cortase inmediatamente el sistema porque era peligroso que alguien de dentro de la organización sacase datos que no nos convenía que se supiesen».
Auditoría. El informe de Deloitte apunta que la herramienta llegó del Centro de Desarrollo de Componentes costó 51.000 euros. Los trabajadores que la usan declaran que el trabajo diario se veía obstaculizado, que daba poco valor añadido y no se adaptaba a las necesidades.
«Relatos no coincidentes»
Denuncia. En el último punto de su informe, el secretario hacía referencia a la externalización de servicios de la CEOE. Según Díaz de Villegas, el comité ejecutivo acordó mantener en el cargo a los responsables de departamento y los demás empleados pedirles que abandonaran la entidad y que se diesen de alta en empresas creadas al efecto para dar los mismos servicios.
Auditoría. La auditoría no ha podido investigar demasiado en este aspecto porque el acta de este comité ejecutivo todavía no estaba preparada cuando se elaboró el informe. Pero después de entrevistar a los miembros del comité ejecutivo, Deloitte concluye que las declaraciones recabadas no coinciden con lo que afirma el secretario de despedir a tres cuartos de la plantilla.
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