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DAVID REMARTÍNEZ
Viernes, 2 de marzo 2012, 09:46
El Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca) emplea a más personas de las que necesita: 108 fijos y unos 25 eventuales. «Se ha incrementado de forma elevada el coste de personal sin aumentar la productividad», en parte porque los sueldos crecieron un 10% en el último trienio. El absentismo laboral fue de 13,7 días en 2010, por el 8,2 de media nacional, «un 67% superior». «La empresa no ha dado jamás beneficios», adeuda 1,3 millones de euros, incumplía sus obligaciones fiscales y ha estado contratando a su proveedores de una forma caótica: «Compraba cualquiera y se le compraba a cualquiera», sin registro, inventarios ni concursos públicos.
Cuando Leticia Díaz, consejera de Presidencia y Justicia, acabó ayer su resumen sobre la auditoría del 112 -nombre popular del Semca- parecía obvio que las medidas correctoras iban a estar a la altura de tanta irregularidad como dice haber detectado el gabinete de Ignacio Diego. Y así será: despidos y privatización. O, más desarrollado, un Expediente de Regulación de Empleo de como mínimo 10 personas (el umbral legal mínimo es un 10% de la plantilla, según recordó la propia Díaz) y la concesión de la centralita a una empresa privada para que la explote. La consejera confirmó que ya ha decidido el primer paso, el ERE, aunque no dio aún un número definitivo de afectados, y admitió que la externalización del «call center» es una opción más que probable. Ahora, el servicio ocupa a esos 25 trabajadores que no son plantilla fija. «Por cierto, todo esto se va a licitar en un concurso, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido», avanzó Díaz, desvelando que la cosa está más bien resuelta.
El 112 recibe todos sus fondos de la administración regional. El 90% se lo comen las nóminas, que suponen 5,32 millones al año. La Consejería de Economía pretende eliminar la mitad de los 45 entes públicos de Cantabria y exige a los supervivientes que reduzcan sus costes salariales un 15%. Así que, con el ERE y el traspaso de la centralita, el 112 deberá ahorrar al menos 800.000 euros.
Tasas y acciones
La reconversión del 112, no obstante, necesitará algo más que adelgazar la plantilla. «El coste de cada intervención en 2010 ha supuesto una media de 3.304 euros», dijo la consejera. Una cifra enorme, que podría rebajarse peleando con las compañías de seguros cuando la intervención sea manifiestamente innecesaria. Díaz puso de ejemplo un vecino que llega a su casa de verano, encuentra en la puerta «un panal de avispas» y alerta a los bomberos. Ese inconveniente bien podría ser cubierto por el seguro del hogar. Y lo mismo sucede con rescates de montaña debidos a la incompetencia o donde los rescatados no están federados. Ahí se pueden cobrar tasas ya existentes, dijo.
El objetivo es obtener ingresos como sea para saldar la deuda de 1,3 millones (más 300.0000 de 2011 aún sin cerrar) y ponerse a día con proveedores, y también porque el propio presidente regional ha exigido a todas las empresas públicas que, en 2012, den beneficios.
Por esa misma búsqueda de rentabilidad decidió el Ejecutivo de Ignacio Diego anular la conversión del Semca en una entidad pública empresarial, proceso aprobado por el bipartito PRC-PSOE (también con ese argumento de conseguir ingresos, por cierto) e inconcluso.
El PP piensa que mantener la fórmula de sociedad anónima es más adecuado. Además, al revisar los pasos dados por el bipartito ha encontrado un procedimiento sospechoso de constituir delito, que ha trasladado a los servicios jurídicos de la administración. El anterior Gobierno le compró las acciones a los propietarios minoritarios pagando «el valor que tenían cuando se adquirieron»; esto es, el inicial. Sin embargo, al encontrarse el 112 en quiebra técnica, su valor era cero, según Díaz. El Ejecutivo pagó 239.000 euros.
La consejera dará cuenta de la auditoría al Parlamento regional el próximo lunes.
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