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Vista aérea del polígono de Raos, afectado por la Ley de Costas.

Los afectados por la Ley de Costas se sienten "engañados" por los políticos

Piden a Medio Ambiente que les dé una solución o amenazan con realizar movilizaciones, llevar su caso al Rey y hasta una huelga de hambre

D. MARTÍNEZ

Lunes, 11 de enero 2016, 07:22

«Nos prometieron una solución antes de que acabara el año y no sabemos nada», explica José Luis Thomas, representante de los afectados por la Ley de Costas en Cantabria, que muestra la indignación que siente el colectivo por lo que considera «mentiras» de la clase política. En concreto, apuntan a la Secretaría General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y al PP de Cantabria, que antes de llegar al poder en la anterior legislatura les prometió intermediar con el Gobierno de Madrid para devolver la seguridad jurídica a las propiedades que temen perder por estar construidas en lugares que la ley no permite.

Hace 20 años, un cambio legal convirtió los terrenos pegados al mar donde tienen sus residencias y empresas en espacio de dominio público y desde entonces han vivido con la espada de Damocles sobre sus cabezas. En 2013, la nueva Ley de Costas arrojó alguna esperanza que pronto se desvaneció. El texto no les reconocía como propietarios de los derechos concesionarios de estos espacios pero sí como ocupantes. Con este sistema, los empresarios de las naves del polígono industrial de Raos han conseguido de la Autoridad Portuaria permiso para estar en este lugar otros 50 años, pero el resto no ha tenido la misma suerte.

«Nuestra asesoría nos dijo que eso era de dudosa eficacia y que podría ser recurrido al Tribunal Constitución y venirse abajo», cuenta Thomas. La idea era hacer algo así como excepciones legales a la reforma impulsada por el Ministerio, idea que los afectados califican como «absurda» y «chapuza jurídica», ya que la Justicia podía echarlo atrás. Eso fue lo que pasó, precisamente, con la depuradora de Vueltra Ostrera.

Este verano, después de que en julio los representantes de los propietarios se reunieran en Madrid con la ministra García Tejerina, tuvieron noticias de que había un borrador con un reglamento que podía darles algo de tranquilidad. Pero ahora se enteran de que ese reglamento está guardado en el cajón y no saben el motivo.

«El caso es que aquí seguimos esperando. Estamos indignados porque están jugando con nosotros. Estamos hablando de seis años desde que comenzamos a negociar con el PP. Se nos prometieron soluciones y, aunque es verdad que se hizo una reforma legal, no sirvió para nada. Ni en Cantabria ni en otras comunidades autónomas», afirma Thomas. La última comunicación que han tenido con Medio Ambiente ha servido para saber que el Gobierno central ve el asunto «muy complicado» y que existen informes jurídicos desfavorables para los afectados.

Medidas de presión

Ante este panorama y después de ver que el Ministerio no haya movido ficha, la asociación de afectados por la Ley de Costas en Cantabria está dispuesta a poner en marcha distintas medidas de presión. La asamblea de miembros ya está hablando de coger autobuses para realizar movilizaciones en Madrid, pero también de pedir cita con el rey Felipe VI para explicarles su caso o tomar medidas drásticas como comenzar una huelga de hambre, algo que todavía no está del todo cerrado.

Otra de las ideas que tienen en mente es pedir colaboración al bipartito PRC-PSOE para que el Gobierno regional vuelva a hacer de intermediario ante el Ejecutivo Nacional. Lo que ocurre es que tienen poca confianza en esta vía ya que, como recuerdan, en el pasado estos dos partidos políticos «nunca apoyaron nuestras reivindicaciones».

Además de afectar a su propiedad, la asociación considera que la legalización de su situación sería buena para la región, ya que las cerca de 100 empresas asentados en el dominio público costero -en su mayoría explotaciones agrarias y ganaderas- contribuyen a la economía y a la creación de trabajo en Cantabria.

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