El juez archiva la última denuncia del Gobierno del PP contra Sergio Vélez

En aquellos años de fortuna Sergio Vélez llegó a tener más de cien empleados bajo su tutela. Pero todo cambió cuando el PP accedió al Gobierno y decidió entrar a saco en determinadas consejerías. La comisión de investigación parlamentaria puso a tiro al publicista, muy vinculado al PRC y, en concreto al responsable de Cultura, Francisco Javier López Marcano, hasta el punto de que ambos corrieron la misma suerte. El PP los llevó ante la Justicia.

Tres años después, los jueces han archivado las dos causas abiertas contra Vélez en la primera denuncia el PP le vinculó con la desaparición de 81 cuadros propiedad del Gobierno aunque el publicista está hoy arruinado, según señalan fuentes de su entorno. López Marcano se ha salvado de todas las embestidas del Ejecutivo de Diego, aunque el caso Racing todavía pende sobre su caletre cual espada de Damocles.

Las indagaciones parlamentarias sobre la posición ventajosa que Vélez tuvo con el Gobierno bipartito terminaron en Fiscalía junto el resto de las investigaciones. En lo relativo al publicista, el Ministerio Público recibió de golpe cuatro voluminosos archivos conteniendo las 1.595 facturas que las empresas de Vélez cargaron a la Administración regional entre 2005 y 2011 por valor de 10,4 millones de euros, de los que 516.000 fueron con cargo a la empresa pública Cantur. Entre otras perlas, el dossier contenía una factura de 33.000 euros por el reparto de 300 sobres en Santander, otra de 20.000 euros por 3.500 bolas de chocolate entregadas en Navidad a consejeros, directores y patrocinadores, o los 11.998 euros que cargó por 41.000 folletos turísticos en japonés.

En enero de 2014, Fiscalía llevó el caso al juzgado por un posible delito de prevaricación. Vélez, que en la comisión parlamentaria guardó silenció y se negó a responder a las preguntas inquisitivas del entonces diputado popular Carlos Bedia, tuvo que declarar como imputado ante el magistrado Miguel Ángel Agüero. Tres años después, el juez concluye que no hay delito y da carpetazo al caso. Y el Gobierno, ahora en manos de los mismos para los que trabajó el empresario, no recurrirá el archivo.

El magistrado había acotado la investigación a las facturas giradas por Puzzle Producciones e Imass Comunicación a la Administración regional y sociedades públicas entre 2009 y 2011, ya que las anteriores habían prescrito. Fiscalía denunció que todos los trabajos se realizaron a través del procedimiento de adjudicación directa, y sospechaba que para ello pudo haberse fraccionado el objeto de los contratos para así obviar la publicidad y concurrencia de otras empresas.

Pero el juez concluye que, aunque las contrataciones fueron realizadas de manera directa, sus importes no superaban el límite legal (50.000 euros para contratos de obras y 18.000 para otros contratos). Además subraya que "no existe base" para mantener que "pudo haber existido fraccionamiento del contrato a fin de burlar la normativa de contratación".