La Abogacía de Cantabria exige una justicia gratuita «digna»

En ambas convocatorias han estado presentes el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, así como miembros de la Junta de Gobierno. Pérez ha recordado que esta es la primera vez que el Colegio incluye la capital del Besaya en la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita. También ha destacado que «más allá de que exista un día en concreto, los 365 días del año más de 40.000 profesionales, y 550 en nuestra región, prestan estos servicios esenciales para la sociedad». Ha subrayado que «es un servicio público, indudablemente, el que prestamos en ayuda de aquellas personas que carecen de recursos económicos y no pueden acceder a la justicia en las mismas condiciones que quien contrata a profesionales de manera particular».

En Santander, la concentración se ha celebrado en la sede judicial de Las Salesas a mediodía y ha contado con la participación del vicepresidente primero del Parlamento de Cantabria, Alejandro Liz; el presidente del TSJC, José Luis López del Moral; el presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga; el fiscal superior del TSJC, Jesús Arteaga Quintana; el director general de Justicia, Juan Ignacio Sáez Bereciartu; Socorro García Melón, secretaria de Sala de Gobierno del TSJC, e Isabel Gómez Barreda en representación del Ayuntamiento de Santander.

El decano, que dado lectura a un manifestado de ámbito nacional, ha incidido en que «desde nuestro Colegio ponemos en valor ese trabajo que realizan compañeros y compañeras las 24 horas del día, en los servicios de asistencia a detenidos, víctimas, menores, extranjeros, pero también en todas las jurisdicciones. Digo trabajo porque las compensaciones que se dan no son acordes ni al esfuerzo ni al número de actuaciones que se realizan». También ha hecho también un llamamiento a aprobar con urgencia una nueva Ley de Justicia Gratuita consensuada con la abogacía, que dignifique el trabajo del Turno de Oficio y garantice una financiación suficiente y justa.

La Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria ha reiterado su compromiso de mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita como mecanismo «idóneo» para la defensa de los derechos de las personas con recursos económicos limitados.

La consejera Isabel Urrutia (PP) ha expresado el «firme propósito» de mejorar el sistema y ha criticado la «falta de acción» del Ejecutivo central que pospone la reforma de la ley nacional y retrasa con ello la aprobación del decreto autonómico. Mientras, la Consejería aboga por «dignificar» la función prestada por los profesionales de la Abogacía y Procura en defensa de los más desfavorecidos, incrementado los supuestos de percepción en beneficio de los profesionales.

En este objetivo, Urrutia ha considerado «urgente» la aprobación de la reforma del marco regulatorio de estos servicios a través de una nueva norma nacional, dado que la actual data de 1996 y «no responde a las necesidades actuales».

Pero, a pesar de ello y como ha lamentado, el Ministerio de Justicia «pospone» la reforma, lo que supone una «falta de acción y de cumplimiento» del Gobierno de España. «Está retrasando la aprobación del nuevo decreto que regula la justicia gratuita en Cantabria y que incluirá nuevas actuaciones que serán cubiertas por el turno de oficio y un mayor control y eficacia en el uso de dinero público», ha señalado.

Frente a esta «dejación de la responsabilidad» por parte del departamento que dirige Félix Bolaños, Urrutia ha resaltado el crecimiento de la partida destinada a estos servicios de asistencia jurídica gratuita en Cantabria, que según ha dicho ha aumentado cerca de 800.000 euros en los dos últimos años, hasta superar, en el caso de los abogados asignados al turno de oficio, los 2,8 millones en 2024.

En el caso de los procuradores, el incremento en dos años ha sido del 40,4 por ciento, con un presupuesto total de 270.350 euros en el ejercicio 2024.

«Cantabria destina más recursos a los servicios de asistencia jurídica gratuita para dignificar el trabajo realizado por los profesionales», ha valorado la consejera, quien ha anunciado además que en los próximos meses se llevarán a cabo modificaciones en el edificio judicial de Las Salesas de Santander para «facilitar» la prestación de las funciones de los letrados del turno de oficio.