Los afectados por los derribos urgen una solución definitiva en esta legislatura

Este sábado, en su enésima visita a la sede del Gobierno –en la XXV edición de la Ruta–, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a todas las víctimas, llegó con una hoja de ruta elaborada para cerrar definitivamente esta legislatura esta página negra del urbanismo regional: aún son 450 las familias que aguardan a poner fin a esta pesadilla.

En su propuesta, AMA solicita la novación de los convenios suscritos entre los afectados –cerca de 150 familias con propiedades en Arnuero, Argoños, Escalante y Piélagos–, el Gobierno y los ayuntamientos, para incluir una nueva cláusula que permita hacer efectiva la Proposición No de Ley (PNL) que el Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 17 de junio. De esa forma, los propietarios podrían solicitar a la Administración de manera «inmediata» el abono de la indemnización o la adjudicación de la vivienda de sustitución en los términos que recogen los convenios durante de la presente legislatura.

En esa hoja de ruta, la asociación reclama al Gobierno regional, entre otras cuestiones, que realice una consulta entre los afectados para conocer si optan por esperar a la posible legalización de sus viviendas o si se decantan por pedir otra de sustitución o una indemnización. En función de los resultados, el Ejecutivo debería dar los pasos necesarios para la adquisición de terrenos en los que construir los nuevos inmuebles en los diferentes ayuntamientos, a la mayor brevedad posible, y abrir una inscripción para quienes prefieran ser indemnizados, elaborando un calendario de pagos a completar durante la presente legislatura. Se trata, como explicó Antonio Vilela, presidente de AMA, de «tener unas herramientas con las que pueda trabajar el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, para dar un plazo, como se han comprometido el Gobierno y el Parlamento, para que esta legislatura acabemos con el problema de los derribos. Pero que no sea lo que se ha dicho en todas las legislaturas, que llegue ésta y que sea lo mismo, y por ello queremos plazos».

Un centenar largo de afectados tomó parte en la Ruta de los Inocentes de este sábado y en la concentración en Peña Herbosa. «¿Qué queremos? ¡Justicia!», gritaban tras unas pancartas en las que se podía leer: «Sólo queremos vivir en paz».

A la puerta del edificio del Gobierno los recibió el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien defendió los avances encaminados a zanjar la cuestión realizados durante el primer año de Gobierno, que, les aseguró, «está a vuestro lado, no es vuestro enemigo». «Es un problema que lleva tantos años enfangado porque tiene difícil solución. Vamos a poner todos los medios, como estamos haciendo este año, para intentar conseguirlo».

Media subrayó el empeño de su Gobierno –«que no tiene nada que ver con los anteriores»–, por poner fin al calvario de los afectados, y recordó que en un año, ha puesto encima de la mesa 5.769.000 euros – un 58% de los 9,9 millones totales destinados al pago a los propietarios–, una cifra que aumentará hasta los 9 millones durante 2024. Al mismo tiempo, mantiene el Fondo de Derribos, dotado con seis millones, a los que habrá que sumar la partida que se destine para ello en los próximos presupuestos. «Hay diferencias sustanciales entre nosotros y los otros», repitió.