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La falta de una regulación clara y específica en el campo de la medicina estética y de los tratamientos que se llevan a cabo en ... las clínicas privadas que se están abriendo por toda España está generando una brecha entre el colectivo de médicos, que se ve propietario de este nicho de mercado avalado por su titulación, y el de enfermeras, que a diario inyectan productos sanitarios en la sanidad pública y se preguntan por qué no pueden hacerlo en centros privados con, por ejemplo, ácido hialurónico. Cantabria no queda exenta de esta polémica. De hecho, el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional tuvo que archivar la querella por delito de intrusismo interpuesta por el Colegio de Médicos a tres enfermeras cántabras con clínica en el centro de Santander tras considerar que no tenían conciencia de estar actuando de forma ilícita.
Las sanitarias, trabajadoras de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Marqués de Valdecilla, abrieron en mayo de 2023, después de formarse en la rama de la enfermería estética, una clínica privada en la capital, para la que contrataron también a un médico especializado. Casi un año después, en julio de 2024, el Colegio de Médicos de Cantabria interpuso una querella criminal contra las enfermeras en el juzgado de instrucción número 4 de Santander en la que señalaba que los rellenos o infiltraciones de ácido hialurónico no pueden ser administrados por profesionales titulares de enfermería.
Sin embargo, el pasado febrero la Audiencia Provincial de Cantabria ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa después de observar que las enfermeras no tenían conciencia de estar actuando ilícitamente.
En su denuncia, el colectivo de médicos señalaba que este delito de intrusismo «causa un serio daño al ejercicio controlado de las actividades profesionales y que pone en serio peligro a los ciudadanos que contactan con 'profesionales' que ejercen actividades para las que no están autorizados». «Se trata de proteger a la ciudadanía de aquellas personas que, sin título habilitante, ni cualificación suficiente, ejercen una actividad profesional para la que no están habilitados». E insiste en que «la inyección de sustancias de relleno, aunque pueda parecer mínimamente invasiva, implica un previo diagnóstico, tiene sus indicaciones y contraindicaciones y no está exenta de complicaciones y efectos indeseables y que los tratamientos de infiltraciones en el rostro (por ejemplo de ácido hialurónico o toxina botulínica) corresponden efectuarlos a quienes ostentan la Licenciatura o Grado en Medicina, con la excepción de los dentistas, en su respectivo campo de actuación».
Sobre la cuestión objeto de disputa, esa exclusividad en la infiltración de ácido hialurónico como única competencia de médicos, el juez entiende que tal competencia exige el examen de distintas normas jurídicas, pero que no hay ninguna que lo regule expresamente, como sí ocurre con la toxina botulínica, más conocida como bótox. Ahora bien, el juez también cita en su auto de resolución el Reglamento de Ejecución europeo que establece las especificaciones comunes de los productos sanitarios: todos los tratamientos de relleno «solo pueden ser administrados por profesionales sanitarios debidamente formados que estén cualificados o acreditados con la legislación nacional». Son algunas sentencias del Tribunal Supremo las que han delimitado ese campo de actuación de médicos y enfermeros y han declarado que «corresponde a un facultativo la realización de tratamientos con finalidad de mejora estética corporal, capiral o facial». Entre ellos se incluyen los rellenos de ácido hialurónico.
En el auto de resolución, que es firme y no cabe recurso alguno, el ministerio fiscal indicó que las tres denunciadas ejercen una profesión sanitaria y en una clínica que cuenta con todos los permisos legales y con presencia de un colegiado médico. Ese respaldo judicial ha hecho que las enfermeras continúen ejerciendo su trabajo como hasta ahora, incluidos los tratamientos con ácido hialurónico: «No hay ninguna razón objetiva que nos lo prohíba», señalan a este periódico. Sin embargo, el Colegio de Médicos, que no opina lo mismo, no dudará en volver a denunciar a las sanitarias si continúan realizando la actividad.
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