Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España

En auto emitido el pasado 30 de julio, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la instructora, a instancia de la Fiscalía, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa «al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio origen al procedimiento, sin perjuicio de acciones administrativas, previa puesta en conocimiento de la Consejería competente (Desarrollo Rural)».

Para poner en contexto este asunto hay que remontarse a marzo de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a los tres investigados en las localidades de Pámanes y Buspombo (Liérganes), al considerarles presuntos autores de varios delitos continuados de daños y pertenencia a grupo criminal. Además, a los de Pámanes les atribuían otras dos imputaciones por «falsedad documental y contra la salud pública». A los tres les acusaba de causar de la propagación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en el norte de la península y Francia. Los detenidos fueron puestos en libertad con cargos y la jueza les bloqueó las cuentas como medida cautelar.

La denuncia surgió a raíz de la denominada operación 'Rumia' que estaba llevando a cabo el Seprona en varias comunidades autónomas. La alerta saltó en septiembre de 2023 con los primeros casos que hicieron sospechar a los agentes, dado que se rompía bruscamente el patrón natural de expansión de la enfermedad. Es decir, pasó a saltar de repente de sur a norte del país, como si se extendiese un puente de 350 kilómetros lineal de Cáceres a Cantabria, cuando en nuestra comunidad autónoma no había aún casuística. Sí la había en Extremadura, donde ya estaba declarado el virus y no se podía mover el ganado.

La Guardia Civil imputó a los tres investigados un movimiento de ganado ilegal de unas «200 vacas» fechado en julio de 2023. Un traslado que se produjo desde Cáceres a Cantabria, cuando los animales estaban presuntamente infectados por el mosquito que transmite la enfermedad hemorrágica, pero también la lengua azul. Según los investigadores, este hecho ilícito no solo contribuyó a expandir el foco de la epidemia del sur al norte de España, sino que pudo llegar a traspasar fronteras, ya que constataron –por la evolución del mapa de la enfermedad– que hasta ese momento no había indicios del virus en estabulaciones del litoral Cantábrico.

Sin embargo, la Fiscalía considera que el hecho de causar infección o contagio de ganado es un delito eminentemente doloso en el que el sujeto activo debe tener la intención directa de causar la infección o el contagio de ganado, «circunstancia que no es predicable en un tratante de ganado que evidentemente no quiere causarse un perjuicio a sí mismo trayendo ganado contagiado para infectar su propia ganadería». Además, el Ministerio Público señala que no existiendo en este caso denuncias expresas y previas de ganaderos afectados que hubieran sufrido un perjuicio superior a 80.000 euros «no es posible, ni siquiera, continuar las actuaciones por la comisión de un delito imprudente».

Según explica la Fiscalía, 83 cabañas ganaderas sacrificaron animales que pudieron haber sido medicados sin respetar los tiempos reglamentarios, pero descarta el delito de riesgo para la salud pública. Así, apunta que en los casos investigados los ganaderos «han suministrado sustancias permitidas a los animales que eran sacrificados, pero sin esperar los tiempos necesarios, si bien en ningún caso han 'despachado' dichos animales para el consumo público».