La ausencia de nuevos planes generales lastra el urbanismo sostenible en Cantabria

Puede que la líder del PP lo hiciera porque ni un solo ayuntamiento de la región ni su Gobierno han actualizado alguno de esos planes durante esta legislatura, pese a los compromisos adquiridos la pasada campaña electoral. En su programa, Buruaga denunciaba que el bipartito PRC-PSOE «no ha conseguido aprobar prácticamente ningún Plan en ocho años» –fueron cinco la pasada legislatura–, cuando en el periodo 2011-2015, dijo, «se sacaron adelante casi una veintena de ellos» –en concreto, 17–. Por eso, la presidenta se comprometió hace dos años a «impulsar los planes que han estado prácticamente paralizados durante las últimas legislaturas, aportando garantía jurídica a los mismos». Pero, de momento, no hay resultados.

La Consejería de Fomento sí ha tramitado, hasta ahora, catorce memorias ambientales, un documento que los ayuntamientos deben incorporar en su proceso para aprobar un nuevo plan urbanístico. Pero, en el mejor de los casos, y siendo muy generosos, solo Torrelavega, Cicero y, quizás, Piélagos tienen alguna posibilidad de sacarlo adelante esta legislatura.

Pero, ¿por qué no se actualizan los planes municipales? En primer lugar, por el coste político y económico. A muchos ayuntamientos no les interesa aprobar unas nuevas normas que puedan molestar a vecinos propietarios de terrenos que pierdan valor, lo que acabaría provocando, después, menos entrada de dinero a las arcas públicas y pérdida de votos electorales.

Las normas subsidiarias y los planes más antiguos permiten edificabilidades mucho mayores, ya que son planeamientos con visión de explotación masiva del suelo y no adaptados a las leyes proteccionistas más modernas, como el POL.

Otra de las razones que explican la obsolescencia urbanística de muchos municipios es el farragoso y complejo proceso administrativo que, muchas veces, acaba con los documentos en los tribunales anulados por los jueces por defectos de forma. Hay ejemplos de sobra en Cantabria. El Plan General de Santander de 2012 acabó en la papelera por una incorrecta evaluación del bitrasvase. Los planes urbanísticos tardan años, incluso décadas, en aprobarse, pero un mínimo fallo provoca su nulidad total.

Sea por una u otra razón, la realidad es que Cantabria se enfrenta a un nuevo despertar del sector inmobiliario sin herramientas apropiadas ni adaptadas a las obligaciones de conservación del territorio que se han aprobado en los últimos años. La mayoría de municipios del litoral cuenta con planes desactualizados y amables con la construcción, con ordenaciones redactadas hace treinta, cuarenta o cincuenta años que no están adaptadas a la legislación actual y con diseños urbanísticos que funcionan a golpe de modificaciones puntuales, sin una idea estudiada sobre cómo y cuánto deben crecer.

Como se puede comprobar en la ficha que acompaña a este artículo, de los diez ayuntamientos más grandes de Cantabria, solo dos, Santa Cruz de Bezana y San Vicente de la Barquera, se han actualizado en los últimos 25 años. Es más, de los 102 municipios, solo 31 han renovado sus planes en las últimas dos décadas y la inmensa mayoría de los ayuntamientos funciona con modelos urbanísticos de los años 80, como Camargo, Laredo y Santoña, o de la década de los 90, como Suances, Piélagos, Santander y Castro Urdiales. Pero el peor caso es, sin duda, el de Colindres, con un Plan General de 1963. Es cierto que en 1999 aprobó uno nuevo que fue suspendido en 2006, pero la realidad es que, a día de hoy, funciona con unas normas urbanísticas previas a que el hombre llegara a la Luna. Ahora, el Ayuntamiento trata de que la Crotu apruebe una modificación puntual para aumentar la edificabilidad de los suelos y construir más viviendas sociales, mientras avanza en la elaboración de nuevo plan, cuya aprobación inicial, dice su concejal de Urbanismo, Adrián Setién, puede llegar esta legislatura.

Además, El Astillero y Santa Cruz de Bezana tienen planes de mínimos que no están adaptados al Plan de Ordenación del Litoral ni a la Ley del Suelo. Pero no son los únicos. El POL, que se aprobó en 2004 y entró en vigor en 2007, obligaba a los 37 municipios considerados costeros a adaptarse a limitaciones urbanísticas para conservar el medio ambiente. Solo un tercio de ellos (11) lo ha hecho.

Aunque hay excepciones como San Vicente de la Barquera, Miengo y Ribamontán al Mar, que sí han actualizado sus normas, no hay duda de que la mayoría de planeamientos de la costa cántabra han quedado obsoletos. No sólo porque la concepción de estos instrumentos respondió a un modelo de sociedad y utilización del suelo muy diferente al actual, sino también por no poder responder al nivel de conservación del territorio exigible por la diferente normativa que se ha aprobado a lo largo de su vigencia.

Es decir, en Cantabria no se están cumpliendo las leyes urbanísticas. Esas leyes que dicen que los planes municipales deben adaptar sus instrumentos de planeamiento a lo establecido en la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria en un plazo de cuatro años. Una normativa que se aprobó en 2001. Hace 23 años.

Ya el Tribunal de Cuentas en 2006, en un informe de fiscalización del desarrollo urbanístico costero en Cantabria, detectó que la inmensa mayoría de los planes generales tenían «una considerable antigüedad» y estaban «fundamentalmente orientados a la creación de ciudad y, consecuentemente, alejados de las cada vez más exigentes medidas de protección ambiental». Han pasado 18 años desde que se escribieron esas palabras y hoy siguen siendo igual de válidas.