Los ayuntamientos liquidan la plusvalía a la espera de modificar sus ordenanzas

Para adecuar las ordenanzas, según detalla Víctor González Huergo, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Santander, «primero se aprueba en Junta de Gobierno local, después pasa por la Comisión de Hacienda, y posteriormente al Pleno, para su aprobación provisional. A esto le sigue la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y un periodo de exposición de treinta días hábiles. En caso de que no haya alegaciones, se eleva a definitivo, se publica en el BOC y entra en vigor al día siguiente de la publicación. En caso de que haya alegaciones, se repite todo el proceso».

La nueva plusvalía ofrece dos opciones diferentes al contribuyente, calculándola en función de la diferencia entre la compra y la venta o multiplicando el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión por unos coeficientes establecidos que los municipios pueden modular ligeramente. En Santander, donde se recaudan más de doce millones anuales por este concepto, han efectuado cálculos con simulaciones para comprobar cuánto va a variar la cuantía del impuesto con el nuevo sistema, y el resultado es que «con el método objetivo que ha planteado el Gobierno, las cuotas que pagarán los contribuyentes en Santander serán más altas, salvo en el caso de transmisiones que hayan adquirido el bien hace más de siete años y menos de catorce». Así, para un inmueble de 100.000 euros que se venda diez meses después de haberlo adquirido, con el sistema antiguo no se pagaría nada, y con el nuevo hay que abonar 2.450 euros. Si se vende a los cinco años, asciende, respectivamente, a 1.050 y 3.750. Sin embargo, si transcurriesen diez años, con el nuevo decreto se pagarían 1.680 euros, frente a los 3.150 del cálculo que se realizaba en el Ayuntamiento. Si fuesen veinte, con el antiguo cálculo municipal serían 7.140, y con el del real decreto, 9.450.

«Lo que más valoramos es la rapidez con que se ha llegado a un planteamiento nuevo -valora Pedro Pérez Noriega, el edil del área en Torrelavega-. Para nosotros este impuesto supone dos millones al año, y es muy importante que exista una regulación clara. Nosotros ya vamos a funcionar con las nuevas tarifas y la nueva reglamentación, aunque con ciertas dudas: todo lo que había pendiente de recurso va a quedar en tierra de nadie y terminará anulado. También se habla desde algún foro de la posibilidad de que sea inconstitucional por haberse tramitado como decreto ley y no como ley».

Para Pérez Noriega, la nueva plusvalía es «más justa», porque tiene en cuenta que efectivamente haya habido ganancia: «Hasta ahora, esto era más un ingreso por una operación inmobiliaria que por una transacción con beneficio».

También para Castro Urdiales supone un importante ingreso. «Este año teníamos una previsión de 1,7 millones en los Presupuestos, pero a estas alturas llevamos ya 1,8, debido a que se siguen liquidando plusvalías de años anteriores, hasta de 2019», explica Pablo Antuñano, concejal de Hacienda. «Estamos trabajando para ajustar nuestros coeficientes y que todo siga más o menos igual, bajo la premisa de que no varíe mucho el importe que pagaron unos con el que tendrán que abonar otros».