Casi 800 cámaras vigilan 19 municipios de Cantabria para frenar el vandalismo

Es decir, que el Gran Hermano (no el televisivo, sino el de Orwell) sirve tanto para esclarecer entuertos en las carreteras como para disuadir a los posibles gamberros, grafiteros y delincuentes de que saquen sus instintos dañinos a pasear en espacios de todos. Esa labor preventiva de desmanes es lo que más valoran los responsables municipales cuando quieren vigilar un lugar concreto de forma permanente, lo que provoca que la Delegación del Gobierno –organismo que gestiona la colocación de esos ojos públicos– tenga activos ahora mismo un total de 774 permisos en Cantabria. Aquí hay que hacer una salvedad: estar autorizado no quiere decir que las cámaras estén efectivamente trabajando.

Esto ocurre en Piélagos, que ha logrado el visto bueno para operar 159 cámaras, aunque en realidad solo tiene funcionando alrededor del 12% de las permitidas. En el municipio que dirige Verónica Samperio (el segundo más extenso de Cantabria, con 12 pueblos), las tienen –aunque son antiguas– en varios edificios públicos. Y acaban de habilitar una partida de 30.000 euros para lanzarse a videovigilar los sitios más negros del vandalismo local, caso de las dos plazas de Liencres preferidas de los gamberros (y dos parques infantiles), pabellones deportivos y el CEIP Virgen de Valencia de Renedo, entre otras instalaciones.

El caso de Torrelavega también es llamativo. Allí solo hay 11 cámaras autorizadas, una cifra que contrasta con la de Camargo, mucho más pequeño y que podría tener 138 funcionando. O que Santander, que cuenta con consentimiento 277.

En general, los ayuntamientos piden permisos con cuentagotas, para lugares en los que hay algún tipo de conflicto reiterado que no se ha podido atajar de otra manera debido a que el trámite «es farragoso», explica el concejal de un pequeño municipio que prefiere que no se le cite. Y es que instalar una de estas cámaras lleva su proceso: hay que solicitarlo a la Delegación del Gobierno y argumentar muy bien por qué se necesita, ya que los ciudadanos están protegidos por la ley de datos y no se les puede grabar alegremente. Son las policías locales las que instruyen estos expedientes (cuando el Ayuntamiento no tiene se ocupa la Guardia Civil) y saben lo que hay que destacar: todo lo que a la Comisión que tiene que responder favorablemente (integrada por profesionales de la Justicia y las Fuerzas de seguridad) le suene a defender los derechos de la ley de seguridad ciudadana. El permiso se otorga para un año y, concluido, hay que volver a gestionarlo. Si no se hace así, el Ayuntamiento cae en una ilegalidad.

Algunos de los 19 del listado adjunto hace muchos años que vigilan lugares específicos de esta forma. Entre los últimos en recurrir a esta fórmula están Santa Cruz de Bezana y Comillas y varios de la comarca de Trasmiera. En Comillas, se han instalado recientemente una decena de dispositivos –la operación ha costado unos 8.000 euros– en torno al Ayuntamiento, la Casa Joven, en los baños públicos del aparcamiento de Sobrellano y en el polideportivo. Otros están en ello, caso de Reinosa. Cuenta José Miguel Barrio, su alcalde, que aquel «no es un municipio conflictivo. Al contrario, cuando se hace balance se ve que el nivel de delincuencia está por debajo de la media de Cantabria». De vez en cuando, eso sí, «hay que soportar una gamberrada» y, sobre todo, Barrio cree que a los ciudadanos, saber que hay cámaras les «da sensación de seguridad. Solo con saber que están se convierten en una medida disuasoria».

Reinosa las instalará, entre otros lugares, en el entorno del Ayuntamiento, de La Casona, de la biblioteca municipal, en las instalaciones deportivas y en la plaza de los Herrerucos. Serán alrededor de una decena y serán «de alta resolución, de las que leen las matrículas. No estamos para gastos superfluos: queremos que sean útiles». Aún queda tiempo para verlas instaladas porque, antes, el Ayuntamiento ha de adjudicar los servicios de telecomunicaciones municipales (internet de alta velocidad).

En Medio Cudeyo ya dieron el paso hace tiempo y están «muy contentos» porque han logrado cortar los actos vandálicos que estaban sufriendo. «Es triste tener que decir esto, pero con la videovigilancia se acaban los problemas. Los que quieren destrozar o pintar no van tan fácil donde saben que quedarán registrados», explica Alfonso Maza, concejal de Obras, Urbanismo y Recursos Humanos.

Este término municipal afrontó «un calvario» en el parque público Mina Pepita –que se vandalizó de continuo– hasta que se instalaron cámaras. También se han puesto en el parque Monseñor de Cos y en varias rotondas. «Todas las grabaciones van directas a la Policía Local, que tiene un ipad específico para ver todos los lugares», explica Maza, que añade que las cámaras son una solución relativamente barata: «El único coste es instalarlas y mantenerlas», lo que cree que sale rentable frente «a estar obligado todo el día a rreglar lo que los destrozadores profesionales o los grafiteros» desarreglan.