El bipartito reta a Cs a que lleve al juez el concurso de méritos en Economía

Prólogo de otra sesión maratoniana que arrancó a mediodía para concluir casi al anochecer, y en la que se trataron nada menos que 25 puntos, este primero, resultante de una interpelación, lo expuso y lo defendió el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, que durante su primera intervención insistió en que los dos puestos de trabajo que han sido asignados a Sánchez y a González –jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y jefe de la Unidad de Eficiencia y Modernización– fueron creados 'ad hoc' para ellas dos.

En este sentido, Álvarez explicó que siendo Sánchez y González la consejera y la secretaria general de Economía y Hacienda, «se volvió a modificar la relación de puestos de trabajo (RTP) que había sido ya actualizada apenas 18 meses antes».

En esa actualización, contó, se creó el puesto de jefe de Área de Intervención y Fiscalización II. «No entendemos cómo existiendo un área de Intervención y Fiscalización I cuya jefatura llevaba quince años vacante por innecesaria, o sea, sin jefe pero con funcionarios, se crea luego una segunda área con jefe pero sin funcionarios», dijo el portavoz de la formación naranja.

Además, en esa misma actualización también se creó la Unidad de Eficiencia y Modernización. «No hemos encontrado ninguna otra unidad similar en ninguna otra Intervención General de ninguna otra comunidad autónoma», afirmó.

Esto, y el hecho de que en ambos casos «sólo ellas cumplieran los requisitos exigidos para ocupar estos puestos en concreto», hacen pensar a Ciudadanos que María Sánchez y María González «habrían utilizado sus cargos en la Consejería de Economía para fabricarse 'ad hoc' dos puestos de trabajo a razón de 55.000 euros anuales».

Álvarez, que cree que este caso «irá más allá del Parlamento», advirtió al presidente Revilla: «A usted no le va a valer con decir que no conocía de nada a estas dos señoras».

De vuelta en su escaño, el portavoz de Ciudadanos escuchó a los parlamentarios de PP y de Vox prestarle su apoyo.

En su turno, Isabel Urrutia (PP) puso al Gobierno de Cantabria ante uno de dos únicos caminos: «o actuar, o callar y otorgar», dijo. «Vamos a entender que ustedes no se enteraron de que las señoras María Sánchez y María González, lasdos 'marías', se estaban amañando un futuro en la Administración creándose un puesto a sí mismas por su cara bonita. Que se la metieron doblada, vaya. Pero ahora ya saben de semejante atropello», dijo.

Y en el suyo, Cristóbal Palacio (Vox), hizo su propia advertencia: «Si juntamos una conciencia de fin de ciclo de los partidos políticos que están en el Gobierno y la tolerancia a la corrupción de baja intensidad, tenemos esto», dijo el abogado, que pidió actuar «con firmeza».

Receptores de estas críticas, PRC y PSOE defendieron la validez del concurso.

Así, tanto Emilia Aguirre (PRC) como Yolanda Algorri (PSOE) insistieron las dos en que la tramitación de la relación de puestos de trabajo y el concurso de méritos de la Consejería de Economía «fue impecable desde el punto de vista administrativo» e invitaron a Cs a que, si cree que se ha producido una ilegalidad, acuda a la vía judicial.

«No me animen», replicó Álvarez. «Pediremos toda la documentación y, si nuestros servicios jurídicos creen que debemos ir a la Fiscalía, lo haremos».

Los partidos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, echaron abajo todas las iniciativas que la oposición llevó al Parlamento. Un total de seis.

Además de la relacionada con el citado concurso de méritos, PP, Ciudadanos y Vox presentaron otras cinco propuestas más, entre ellas una en la que los populares pedían que el Ejecutivo presentara en el plazo de un mes un plan de choque contra las listas de espera en Sanidad.

Según aseguró César Pascual, «no se aminoran porque no hay una programación, sino un modelo limitante que no aprovecha todos los recursos», algo con lo que están de acuerdo Cs y Vox, que advierten al Gobierno de que «ya se está acabado la disculpa del Covid».

Aún reconociendo que las listas de espera son un problema, regionalistas y socialistas no secundaron la iniciativa porque consideran que su Gobierno «ya está trabajando para reducirlas con un plan de choque dentro del que está habilitando más quirófanos en los hospitales de Sierrallana o de Laredo, derivando más pacientes a centros concertados o trabajando por la tarde».