Cantabria consagra por ley un nuevo modelo de concesiones para construir carreteras
El borrador de la norma contempla que la empresa adelantará el dinero de la obra y lo recuperará quedándose con los trabajos de mantenimiento de la vía, que el Gobierno pagará anualmente
La Consejería de Fomento ya había adelantado su intención de que el puente entre Requejada y Suances, que tiene que arrancar su obra en 2027, se financie con un nuevo modelo basado en la concesión. De esta forma, la empresa constructora adelantará el dinero de la obra y lo recuperará quedándose con los trabajos de mantenimiento de la vía, por los que el Gobierno de Cantabria pagará anualmente hasta completar el coste total.
Esta fórmula, que al contrario que otro tipo de concesiones de explotación no implica ningún tipo de peaje para los conductores, compromete unas partidas fijas en los Presupuestos de los siguientes lustros, pero tiene como ventaja que permite acometer al mismo tiempo obras que por su importe serían inasumibles para la Administración. Por eso que también se estudie este sistema para la futura unión entre Reinosa y Liébana, cuyo coste previsto rondará los 100 millones, el doble lo que destina anualmente la comunidad autónoma para nuevas carreteras y conservación de las que ya existen.
Para introducir este nuevo modelo de financiación era necesario realizar un cambio normativo. Eso es lo que aparece en el borrador de la nueva Ley de Carreteras, que presentó ayer el consejero Roberto Media y que ha salido a información pública antes de su aprobación y envió al Parlamento. El texto introduce otros cambios relevantes y sirve para actualizar una norma que no se revisaba desde hace treinta años. De esta manera, además de adaptar la ley cántabra a directrices nacionales y europeas, «simplifica trámites, refuerza la seguridad vial y moderniza la gestión y financiación de la red autonómica».
Por ejemplo, si un particular quiere hacer una obra menor en una propiedad que esté dentro de la zona de protección de las carreteras, podrá hacerlo con una declaración responsable –sin tener que esperar a la respuesta de la Administración dueña de la carretera– siempre que no se ocupe la zona de dominio público y que cumpla con las condiciones que se especifica. El personal adscrito al servicio de Explotación de Carreteras pasará a ser agente de autoridad para poder abrir expedientes sancionadores cuando se incumpla la ley y se endurecen determinadas multas por daños y perjuicios producidos o por generar riesgos al resto de conductores.
También será más fácil la decisión de carreteras entre administraciones para mejorar su gestión y cuidado, se reducen los requisitos para instalar publicidad en los entornos de las vías siempre que los anuncios no sean visibles desde las calzadas en tramos no urbanos para evitar distracciones, se podrá introducir cartelería usando las denominaciones históricas de los lugares y se establece una franja de seguridad de 6 metros desde la calzada para las plantaciones forestales. En este ámbito, se podrán realizar podas vegetales si son por motivos de seguridad, un permiso que hasta ahora requería «un proceso largo y laborioso».
Las expropiaciones
Hay otro punto importante que tiene que ver con las expropiaciones. Cuando el Gobierno expropie para hacer una carretera, el dueño perderá esa parte del suelo, pero no el aprovechamiento urbanístico. Es decir, si antes, por el coeficiente de edificabilidad podía construir una casa de 250 metros cuadrados, la casa que podrá hacer tras la expropiación podrá tener esas mismas dimensiones.
