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EFE
Santander
Viernes, 3 de noviembre 2017, 17:44
El Gobierno de Cantabria ha creado una 'red centinela' para detectar, prevenir y dar una respuesta rápida a la pobreza infantil, sobre las que no existen datos fiables en la comunidad autónoma, una iniciativa que implica a la escuela, los centros sanitarios, los ayuntamientos y los servicios sociales. Según la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, Cantabria no cuenta con datos fiables sobre la pobreza infantil debido a que la muestra con la que trabaja el Instituto Nacional de Estadística (INE) es reducida.
Pero para el primer semestre del año espera que la región tenga «la primera fotografía real» de la pobreza infantil, gracias a un barómetro que se está diseñando ahora en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Los 'centinelas' de la red recabarán y recopilarán datos en los ámbitos de la educación y la sanidad, que serán aportados mensualmente a la Dirección General de Política Social del Gobierno de Cantabria.
La creación de esta red permitirá además contar con un dispositivo coordinado de alerta para detectar aquellas situaciones de niños y adolescentes que presenten carencias en la cobertura de sus necesidades básicas. Se va a dar prioridad a los casos de malnutrición pero también se atenderá a otras carencias materiales que afecten o puedan llegar a afectar a su bienestar y a su desarrollo.
La vicepresidenta y consejera de Política Social ha explicado este viernes, en rueda de prensa, que ya se ha elaborado un protocolo de actuación para dar una respuesta rápida y eficaz a estas situaciones.
Uno de los principios básicos de este protocolo es el respeto a las familias, con las que se contrastará la información. También se les pedirá permiso para informar a los servicios sociales del municipio en el que resida el niño y se les facilitará un número de teléfono para que sean ellas las que soliciten una cita.
Los servicios sociales ofrecerán una primera respuesta a las necesidades de las familias y posteriormente harán una valoración integral, tramitarán las prestaciones a las que tengan derecho y, si es necesario, elaborarán un plan de intervención más amplio. Solo en el caso de que se prevean dificultades o de que haya pasado un tiempo razonable sin que la familia se haya puesto en contacto con los servicios sociales, serán estos los que la citarán para empezar la intervención.
El protocolo recoge además la necesidad de atender y respetar al máximo las diferencias culturales, porque, aunque las necesidades básicas de los niños y adolescentes son comunes a todas las culturales, a veces los profesionales pueden llegar a percibir como carencias algunas pautas de vestido o alimentación diferentes a las habituales en nuestra cultural, ha apuntado Díaz Tezanos.
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