Un 70% de los parados y un 17% de los ocupados cántabros, en riesgo de pobreza

Los sindicatos lo vienen avisando desde hace tiempo. La situación de muchos parados que ya no reciben prestación y llevan tiempo sin encontrar trabajo es desesperada, pero también la de algunos ocupados que a pesar de estar en activo reciben sueldos que no les alcanzan para vivir. Así, según un informe de UGT dado a conocer ayer, el 70,4% de los desempleados (41.187) y un 17% de los ocupados (37.055 trabajadores) estaban en riesgo de pobreza y exclusión social al término de 2016 en Cantabria, según las últimas estadísticas de la Tasa Arope, que mide ahora en la UE los indicadores de pobreza y la privación de bienes materiales básicos así como la mayor o menor intensidad del trabajo en los hogares.

Según se precisa el anexo estadístico de una guía elaborada por el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (Iscod) de UGT para promover en las empresas de Cantabria el trabajo decente y los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el riesgo de pobreza y exclusión social en el mercado laboral de Cantabria aumentó de manera significativa el año pasado y afecta ya al 28% de la población activa (78.242 ocupados y desempleados), pese a coincidir con un crecimiento económico de la región de un 2,3% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Las estadísticas de la Tasa Arope, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundidas en la Encuesta de Condiciones de Vida en Cantabria 2016, confirman que el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó el año pasado cuatro puntos entre los ocupados (de un 13 a un 17%), más de 17 puntos entre los desempleados incluidos los demandantes de empleo no ocupados o Denos (de un 53 a un 70,4%), dos puntos entre los jubilados (de un 5,2 a un 7,3%) y cuatro puntos y medio entre los inactivos laborales cántabros que no son jubilados (de un 28,2 a un 32,7%).

El Iscod ha editado 5.000 ejemplares de una guía de acción, subvencionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que se distribuirá entre las empresas de la región para informar y desarrollar el acuerdo internacional suscrito «para la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la vulnerabilidad, y el fomento de la sostenibilidad» en un plazo de 15 años.

Como precisa el informe, en 2015, cuando la economía cántabra y la española llevaban dos años de crecimiento, el riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó significativamente y el porcentaje de la población afectada en Cantabria se redujo hasta 7 puntos (de un 27,4 a un 20,4%), un 5% en el caso de los cántabros que tenían un empleo (de un 18 a un 13%). Sin embargo, el año pasado la Tasa Arope repuntó de nuevo en la región. Así, según la Encuesta de Condiciones de Vida de Cantabria de 2016, que publica el Instituto Cántabro de Estadísticas (Icane), la Tasa Arope entre los desempleados se ha duplicado desde el año 2012 de un 36% al mencionado 70,4% del año pasado.

En este incremento del riesgo de pobreza influye el alto porcentaje de hogares cántabros que siguen teniendo al menos uno de sus miembros en el desempleo, un 27%, de los un 51,4% no percibe ninguna prestación por desempleo. Al término de 2016, en Cantabria más de la mitad de los desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal no percibían ninguna prestación por desempleo (20.759 de un total de 35.650) y otro 26% (11.462) ingresaban una prestación asistencial de 426 euros mensuales, cuantía muy por debajo de los algo más de 600 euros mensuales fijados como umbral de pobreza.