Cantabria reorganiza sus juzgados

El pasado 1 de julio, siete de los ocho partidos judiciales de la región (Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Medio Cudeyo, Reinosa y San Vicente de la Barquera) comenzaron a operar ya bajo la nueva estructura de tribunales de instancia, lo que ha requerido una inversión por parte del Gobierno de Cantabria de más de dos millones de euros. Solo el partido judicial de Santander mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual deberá estar implantada también la nueva organización judicial en la capital, según lo establecido por la reforma nacional para los grandes partidos judiciales.

Este periódico visitó el pasado martes el Palacio de Justicia de Torrelavega para conocer de primera mano en qué consiste esta nueva reorganización y ver cómo la están acogiendo los responsables de este partido judicial, que apuntan que «habrá que esperar al mes de septiembre o incluso octubre» para que el nuevo sistema funcione ya a pleno rendimiento.

Ese mismo día, dos operarios estaban terminando de colocar el letrero de 'Tribunal de Instancia' que sustituye al de Juzgados en los siete partidos judiciales que ya se han transformado. Al entrar al edificio, los vecinos o quienes acuden a tratar algún asunto, se topan con otra de las novedades, la cartelería informativa. Donde antes aparecían los siete juzgados judiciales bien diferenciados, ahora solo hay una sola oficina judicial que se divide en un Servicio Común General (ubicado en la planta baja), que se dedica a la gestión procesal, el registro de actos de comunicación, la tramitación y reparto de procedimientos, así como la gestión y notificación; y otro Servicio de Tramitación (repartido entre la segunda y tercera planta), que se encarga del registro y reparto de documentación, actos de comunicación y ejecución, e información y atención a la ciudadanía, entre otras tareas.

En el caso de Torrelavega, 56 funcionarios (gestores o tramitadores) se reparten entre esos dos servicios. «A partir de ahí lo que se crea son equipos de trabajo que están especializados en diferentes materias: civil, penal, mercantil, social, contencioso-administrativo...», según detalla Patricia Bartolomé, la presidenta (antes decana) de este Tribunal de Instancia.

Tal y como recoge el espíritu de la nueva ley, Bartolomé asegura que el objetivo de que el personal se especialice es «ser más eficientes» y «reducir la carga de trabajo de los jueces», pero deja claro que «al final vamos a tener que resolver los mismos asuntos con la misma gente». Y apunta otra cuestión, «aquí son necesarios otros cinco jueces y más funcionarios». La presidenta sostiene que el volumen en materia civil es «muy elevado» en Torrelavega a raíz de que se suprimiera el Juzgado de Cláusulas Suelo de Santander.

No obstante, cree que habrá que esperar un tiempo prudencial para ver si efectivamente este nuevo sistema de organización cumple con su objetivo. «Lo que sí puedo decir es que el Gobierno de Cantabria ha cumplido con los plazos y todo lo que requería este nuevo modelo».

También el decano de la Fiscalía de Torrelavega, Carlos Yáñez, cree que es pronto para ver si este modelo mejora la respuesta de la justicia. «En la administración pública cualquier cambio cuesta y no conozco ninguna reforma que no haya sido confrontada». Lo que le inquieta a Yáñez es el «riesgo grave» de perder la especialización en violencia de género en el Juzgado de Instancia e Instrucción Nº5 de Torrelavega, en el que él trabaja de forma coordinada con los funcionarios de ese juzgado. «Han considerado que la especialización es del juez y es un error».

Más allá de eso, considera que la administración de justicia va hacia un sistema de «un juez sentenciador» y «un fiscal instructor», que rompe «los apegos de territorialidad». «El objetivo es que el trabajo sea más fluido», añade, al tiempo que cree necesario «un órgano de enjuiciamiento» en Torrelavega para «ganar eficacia».

Por su parte, la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, que critica la falta de respaldo económico por parte del Ministerio para implantar la reforma, valora «positivamente» el progreso de implantación del nuevo modelo de oficina judicial y cree que «es esencial el papel que desempeñan los actuales directores de los Servicios Comunes de Tramitación y General, puestos de nueva creación ocupados por Letrados de la Administración de Justicia y dependientes del Ministerio de Justicia, así como el compromiso de todo el personal del Gobierno de Cantabria que desarrolla sus funciones en los antiguos juzgados».

Otra de las novedades que trae la nueva ley son las oficinas de justicia municipales, que sustituyen a los actuales juzgados de paz. Además de las anteriores competencias de registro civil, comunicaciones judiciales y asistencia al juez de paz que se desarrollarán en su totalidad por medios digitales, desde las nuevas oficinas se realizarán actuaciones procesales mediante videoconferencia, como en el caso de la toma de declaración como testigo e interrogatorio de parte en procedimientos judiciales.

Igualmente, desde estos servicios se gestionarán las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, las peticiones dirigidas a las gerencias territoriales del Ministerio (certificados de últimas voluntades, antecedentes penales…) y se colaborará con las unidades de solución de controversias en actos de conciliación impulsados por los jueces de paz, entre otros. Así, los ciudadanos ya no tendrán que desplazarse hasta los diferentes organismos judiciales.