Las conserveras quieren una Indicación Geográfica Protegida para la anchoa que «beneficie a todos»

Y la mayoría aboga por sacar la figura adelante, como ha podido comprobar este periódico poniéndose en contacto con más de una treintena de ellas, de las 71 que componen el sector de la región. Con todo, su posición todavía acepta matices. La Dirección General de Pesca y Alimentación ha dado con un resultado similar al entrevistar a 43 productoras, ya que 31 de ellas se han mostrado interesadas en la indicación geográfica, como confirma la jefa de este departamento, Marta López. El último paso de esta «carrera de fondo» tuvo lugar en una reciente reunión, a la que asistieron 15 firmas de las que 13 se han ofrecido como voluntarias para participar activamente en el grupo promotor que regulará los detalles. El resto, como señaló la responsable, «quizá no van a empujar el sello, pero tampoco se han puesto de frente».

Patricia Tobías, de Conservas Mariasun Velar, representa a una de las marcas que quiere encabezar esta nueva fase. «Ahora toca trabajar en los matices. No será fácil, pero hay que ponerse todos a una», anima la encargada, que da cuenta de «los miedos, normales por otro lado», que se vieron en la reunión sectorial. De ahí «el trabajo que nos llevará concretar una indicación geográfica que beneficie a todos». Con todo, asegura que saldrá adelante porque «es un asunto que nos está costando muchos puestos de trabajo». Tobías se refiere a las empresas que, «después de comprar el producto aquí, lo filetean en otros países, lo traen de vuelta y exhiben una etiqueta que dice 'del Cantábrico'».

Por eso es fundamental que el sello garantice que la elaboración se hace al 100% en el marco de la cornisa, como quiere José Luis Ortiz, de Codesa: «Si se implanta una IGP y luego no se deja bien asegurado que la preparación se hace aquí, se puede volver en nuestra contra y de nuestros empleos». En esa misma línea, Silvia Salgado, de Conservas Angelachu, apela al consenso de los fabricantes para lograr «una figura que nos beneficie a todos, también al consumidor». Igual que sus homólogos, subraya los factores más determinantes para una etiqueta ajustada a sus intereses: «La zona de captura es clave, y, a partir de ahí, hay que hablar del periodo y el tamaño». Además, agrega: «Todas las tallas que se puedan pescar deberían entrar en el reglamento».

Nicolás Escobedo, gerente de Conservas Emilia, también estuvo presente en la mesa sectorial, y extrae «buenas sensaciones» para establecer un acuerdo, así como «la buena disposición del Ejecutivo para sacar el sello adelante». Algo que le alegra, sobre todo atendiendo al cambio de posición de los colegas «que otros años se han mostrado en contra de la figura». En relación al contenido, aboga por «establecer un tallaje más acotado -inferior a 40 granos (unidades por kilo-». La representación mayoritaria del 'sí' continúa en palabras de Adolfo Belaustegui, gerente de Conservas Catalina, quien aboga por alcanzar un consenso que englobe al máximo de firmas posible. La meta vale la pena: «Nos ayudará a no dar tantas explicaciones al cliente».

Desde Conservas La Machina, Sergio López de Guereñu lleva «muchos años» esperando una IGP, aunque asegura que sólo el hecho de llevarla «ni suma crédito ni aumenta las ventas». Se lo comentan desde otros sectores como el del espárrago o el vino: «El 95% de la gente no le presta atención a estas cosas. Lo que vale es el contenido (la materia prima, su elaboración, etc.) pero el sello en sí no vale nada», zanja.

Pero no todos los fabricantes están a están a favor de activar la Indicación Geográfica. Ángel Leandro Hoyos, de Conservas Hoyo, no está tan convencido de los beneficios que pueda traer. «Estamos hablando de que podría limitar mucho el mercado de la anchoa, perjudicar al sector. No lo tengo claro», sostiene.

La Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescados de Cantabria, Consesa, es el organismo que engloba la postura de muchas marcas distintas con posiciones diferentes. Y a falta de una asamblea para determinar una posición conjunta, su secretario, José Luis Marsella, revela la prudencia que existe al respecto. «Estamos en la casilla de salida y hay que mirar muchos matices. Eso sí, para tener una IGP hay que tener materia prima, y para eso hay que asegurar el caladero de anchoa». ¿Y si no se puede garantizar? El director de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca), Fernando Mier, resuelve esa duda: «Si se diera el caso, el reglamento no obligaría a dedicar toda la producción a la indicación geográfica. Ocurre lo mismo con los sobaos pasiegos, por ejemplo: salvo pequeñas excepciones, sus fabricantes también elaboran sobaos de margarina y otras especialidades no sometidas a la normativa». El responsable, que también estuvo presente en las reuniones, da cuenta de «la voluntad real» de las conserveras para impulsar la figura.

La directora general de Pesca, Marta López, acompañó a Mier en las reuniones para empezar a desarrollar el sello, «una etiqueta a nivel europeo», y cuyos detalles tienen que marcar las compañías. «Hablamos de un negocio que mueve mucho dinero, por lo que es normal que haya cautela». Aunque Cantabria cuenta con más del 90% de conserveras del Norte, el debate se extiende a las comunidades vecinas que comparten actividad en la cornisa (Galicia, Asturias y País Vasco). El acuerdo se cerrará con ellas e, incluso, con la flota francesa, «que también podría tener algo que decir».

La directora general reiteró el compromiso del Gobierno con este proyecto, que definió como «una carrera de fondo a muy largo plazo» y que terminará con la solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, primero, después de acordar un reglamento, para que éste lo traslade a la Unión Europea. Con todo, «contará con periodos de información pública para hacer alegaciones». La siguiente casilla pasa por una nueva reunión para progresar en la normativa, a finales de mayo.