Críticas por la falta de confidencialidad en la valoración de la discapacidad
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cantabria (COTS) ha denunciado las medidas adoptadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) para reducir el atasco de las más de 9.400 solicitudes de valoración de discapacidad pendientes, al considerar que vulneran los derechos de los usuarios en lo que respecta a la confidencialidad y la protección de datos personales.
Aunque reconocen que desde el Icass han habilitado dos nuevos despachos en el Centro de Evaluación, Valoración y Orientación de Discapacidad de Cantabria (EVO) «para casos graves», consideran la medida insuficiente, ya que opinan que «todas las personas que acuden al centro requieren privacidad, y la gravedad de cada caso solo puede conocerse en una entrevista adecuada».
Desde este colegio profesional han lamentado a través de un comunicado «que se reste importancia a la confidencialidad y protección de datos personales» y advierten de que este modelo de atención, con entrevistas en salas compartidas donde se abordan temas estrictamente personales, impide crear un entorno de confianza para los pacientes donde tratar cuestiones delicadas como enfermedades mentales, violencia de género o situaciones de dependencia respetando la legislación vigente en materia sanitaria. «No se puede reducir la lista de espera sacrificando los derechos de las personas», concluyen sobre una situación que llevan denunciando desde marzo y para la que se ofrecen a buscar soluciones.
