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Zoraida Hijosa, directora General de Memoria Histórica, en el paseo de la Alameda de Oviedo, en Santander. Daniel Pedriza
Zoraida Hijosa: «Para cumplir con la Memoria Histórica va a hacer falta una gruesa cuantía»

Zoraida Hijosa: «Para cumplir con la Memoria Histórica va a hacer falta una gruesa cuantía»

La directora general encargada de dar un empujón a la Ley cántabra sobre esta materia, espera que el documento esté aprobado «este año»

José Carlos Rojo

Santander

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Lunes, 30 de septiembre 2019, 07:21

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El pasado día 20 se cumplió un año de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la resolución del Gobierno regional para someter a información pública el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica; pero el texto aún no ha llegado al Parlamento, donde debe aprobarse. Tanto se está dilatando el plazo para sacarlo adelante que algunas medidas que contempla ya se han puesto en marcha incluso antes de que se oficialice el propio documento.

Ocurre esto con la creación de la Dirección General de Memoria Histórica, que lleva funcionando desde el pasado mes de julio pese a que era una medida contemplada en el capítulo quinto de la futura norma. «Nos hemos adelantado a crear este organismo precisamente con el ánimo de dar un empujón al anteproyecto para ver si podemos tenerlo aprobado en el Parlamento antes de que termine este año», afirma su responsable, Zoraida Hijosa, que desde el pasado 29 de julio trabaja para poner en marcha toda la maquinaria que ayudará a «dignificar a todas las víctimas de la represión franquista».

Desde que se promulgara hace once años la Ley estatal de Memoria Histórica (Ley 52/2007), cada Gobierno autonómico ha trabajado para elaborar su adaptación autonómica; pero en Cantabria no ha habido mucha prisa. Fue el exconsejero de Educación y Cultura, Ramón Ruiz, el que encargó en 2017 a la Universidad de Cantabria la elaboración de un documento que, tras su destitución, heredó su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Mañanes. Ahora la pelota está en el tejado del nuev0 consejero, Pablo Zuloaga.

Una asignatura que «dignifique» la memoria de las víctimas

Dice el anteproyecto pendiente de aprobación en su artículo 47 que «la consejería competente en materia de Educación incluirá la memoria histórica y democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica». Aún es pronto para dilucidar cómo se trasladarán a la realidad estas líneas. Es una competencia que recaerá sobre la Consejería de Educación. «No sé si lo idóneo sería implantar una asignatura que englobe la materia;o si por el contrario sería más práctico añadir contenidos sobre la memoria histórica en el resto de materias en todos esos niveles educativos», aclara Zoraida Hijosa. En todo caso la medida requerirá en primer lugar de un amplio programa de formación de profesorado.

El problema es que Hijosa tendrá las manos atadas mientras no se apruebe la ley. «Hay cosas para las que necesitamos que salga el documento. Para acometer proyectos grandes. Por eso la urgencia de que llegue al Parlamento». El trámite sigue adelante a la espera de completar el informe de competencias, «esto es, donde cada consejería informa de aquellas partes que tienen de alguna manera que ver con su actividad. Nos queda la respuesta de una consejería que aún está en plazo». Acto seguido, el expediente se enviará a la Dirección General del Servicio Jurídico, dependiente de la Consejería de Presidencia. Después vendrá el Consejo de Gobierno y por último el Parlamento.

La nueva norma prevé multas de hasta 2.000 euros por la exhibición de símbolos fascistas

Tenerlo aprobado es fundamental, por ejemplo, para establecer el presupuesto. «Por el momento, para este año, contamos con sólo 20.000 euros. Es muy poco y nos dará para hacer alguna actividad, pero nada más». La estimación para el próximo año supera los 200.000 euros, «pero espero tener algo más porque creo que tenemos que ser ambiciosos y plantear proyectos grandes. Para cumplir con todo lo que demanda la Ley regional ya va a hacer falta una gruesa cuantía».

Sanciones

La nueva norma castigará la exhibición de símbolos franquistas. Las sanciones en estos casos serán consideradas leves y las multas irán desde los 200 hasta los 2.000 euros. Uno de los capítulos más llamativos del anteproyecto en el que trabaja el Gobierno es el que recoge «la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria». Un aspecto que ya recoge la norma estatal y que supone una asignatura pendiente para algunos de los consistorios de la región. Hace meses que el Ministerio de Justicia requirió a ayuntamientos de todo el país, entre ellos nueve cántabros (Santander, Selaya, Comillas, Laredo, Medio Cudeyo, Santoña, Ramales de la Victoria, Suances y Cillorigo de Liébana) para que cumplieran la Ley y retiraran vestigios fascistas de sus espacios públicos.

«Me consta que algunos ya lo han hecho y otros siguen los tiempos que se han establecido. En todo caso, nosotros, desde la Dirección General, les recordaremos por carta que debemos cumplir con la Ley». Es un requerimiento aún pendiente incluso pese a que ya han pasado once años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase la famosa Ley de Memoria Histórica.

«Hay que terminar de una vez el mapa de fosas»

Es bien conocido el hecho de que la Guerra Civil convirtió a España en uno de los países con mayor número de desaparecidos del mundo. Sólo en Cantabria, alrededor de 7.000 familias no saben dónde están enterrados sus familiares, víctimas de la contienda. Hace años que el profesor de la Universidad de Cantabria Ángel Armendáriz comenzó a elaborar un mapa de fosas comunes en la comunidad. Pero el tiempo y la falta de financiación terminó por encerrarlo en un cajón.

«Me consta que está inacabado pero hay mucho trabajo hecho que me gustaría retomar para tener de una vez por todas un mapa» aclara Zoraida Hijosa.

Se establecerán planes de búsqueda de desaparecidos con carácter cuatrienal;y habrá un presupuesto propio para este fin. Se contratará también a trabajadores públicos expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología y la antropología. «Serán todos expertos que integraremos cuando se apruebe la Ley regional. Las plazas saldrán a concurso oposición», explica la directora General. El documento se incluirá en una web pública.

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