Estalla el conflicto del sector de la dependencia con el Gobierno tras otro cruce de reproches

Estalla el conflicto del sector de la dependencia con el Gobierno tras otro cruce de reproches
Javier Cotera

Las empresas acusan a la vicepresidenta de «faltar a la verdad» y «manipular los datos», y la directora de Política Social denuncia «presiones» de la patronal

ANA ROSA GARCÍA y PILAR CHATOSantander

Las tensiones entre el sector de la dependencia y el Gobierno regional, agravadas en las últimas semanas tras la denuncia de las empresas ante una situación que consideran «límite», han acabado de estallar este viernes. El detonante fue la nota de prensa remitida por las tres organizaciones que agrupan a 80 centros con 5.200 usuarios (FED, PAD y Lares), las mismas que hace apenas un mes unían sus voces –a través de las páginas de este periódico– para denunciar que estaban «en una situación límite» por la falta de financiación pública y por no haberse ajustado la ratio de personal a las necesidades reales de los centros. Ni siquiera el incremento del precio que el Gobierno pagará por plaza concertada, que ha entrado hoy en vigor, ha conseguido un acercamiento de posturas. Las empresas han dado la bienvenida a esa subida del 3,4%, aunque dejando claro que «llega tarde».

Llevaban desde el inicio de la legislatura bipartita reclamando una actualización de los precios, acorde con el IPC. Por eso han criticado que «se venda como una mejora» lo que ellos interpretan que ha sido «un recorte encubierto durante tres años».

El enfrentamiento ha llegado a tal punto que las tres asociaciones de empresarios han pedido a los grupos parlamentarios que la Cámara regional «controle» la actuación de la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, sobre los centros de atención a la dependencia. Una petición que acompañan de «26 documentos que evidencian la manipulación de datos y el proceder tendencioso en términos mediáticos» por parte de la vicepresidenta. La crítica se refiere a la comparecencia de Díaz Tezanos en el Parlamento el 18 de junio. En su comunicado niegan que los borradores de la normativa recojan un 85% de los temas puestos sobre la mesa con el sector «porque no ha existido diálogo ni acuerdos de ningún tipo».

Al contrario, aseguran, se «ha presionado» a las empresas para que aceptaran la nueva normativa, con la que no están para nada de acuerdo. Tampoco existe –dicen– la estrategia de coordinación sociosanitaria a la que aludía Tezanos, ya que «el grupo de trabajo hace más de un año que no se reúne». Asimismo, desmontan el argumento sobre la voluntad de llegar a acuerdos –decía la vicepresidenta que hay hasta diez borradores de normativa– porque «esos textos no responden a la intención de recoger aportaciones sino a las incoherencias, equivocaciones y nuevas ocurrencias de la Dirección de Política Social».

«Carentes de fundamento»

Por último, niegan tajantemente que las organizaciones se hayan opuesto al control de la documentación y las plantillas de los centros por parte del servicio de inspección o que falten habitaciones con los metros suficientes: «Estas acusaciones, carentes de fundamento, son del todo falsas y lo único que hacen es poner en evidencia que, cuando no se tienen argumentos, solo cabe recurrir a la mentira».

Ofendido por los reproches de los empresarios, el Gobierno no ha tardado en responder como un resorte por medio de un comunicado en el que tampoco faltaron los adjetivos. En él, las directoras generales de Política Social, Ana Isabel Méndez, y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), Felisa Lois, han señalado que el compromiso con el sector de la dependencia «se basa en la mejora de la calidad de vida de los residentes de los centros asistenciales y contratar a más trabajadoras», y han asegurado que no va a tolerar «presiones» por parte de la patronal para atender «exclusivamente» sus intereses y aceptar el cien por cien de sus reivindicaciones. Ambas han recordado a los empresarios que «se están sobrepasando todos los límites». Por ello, creen que ha llegado el momento de «poner punto y final a sus peticiones insaciables».

Añaden que «los acuerdos significan renuncias por todas las partes y no puede haber un diálogo eterno. Hay que poner punto final a este proceso y lo hacemos con un 85% de las peticiones contempladas», han sentenciado. Para Lois y Méndez, «las tensiones con los proveedores de servicios de dependencia son evidentes, y parece que sólo el Gobierno entiende que no partimos de los mismos intereses. El tono de las declaraciones de estas organizaciones es intolerable».