El Gobierno incrementa el precio que paga por las plazas concertadas para la dependencia

Cantabria tiene concertadas 7.051 plazas de atención a la dependencia en centros residenciales, de día, ocupacionales, de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas y alojamientos supervisados.

Desde hace meses el sector, que tiene una plantilla de más de 2.500 empleados, viene advirtiendo al Gobierno que se encuentran «en una situación límite» porque están «mal pagados», con una sobrecarga «brutal» a su espalda e «ignorado» por la Administración, «más preocupada de las estadísticas que de la calidad de la asistencia». Hace apenas 15 días tres organizaciones que agrupan a 80 centros lanzaban la última llamada de alerta. Hoy el Gobierno regional ha dado respuesta a una de sus insistentes demandas y ampliará el precio que paga por cada plaza concertada de los centros de atención a la dependencia, unos precios que no se actualizaban desde el año 2014.

El Consejo de Gobierno de esta semana ha dado luz verde a los nuevos precios que suponen un incremento de un 3,4% para los servicios de atención residencial y diurna, y de un 2,9% para el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes. Los incrementos tendrán aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2018 y suponen una inversión de 2,4 millones de euros.

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que ha informado en rueda de prensa sobre los acuerdos, ha destacado que el Gobierno cumple su compromiso con el sector con esta actualización, que llega «después de cuatro años con las cantidades que se pagan por plaza congeladas y que permitirá mejorar la sostenibilidad del sector».

La actualización, «aumentará la brecha», ha indicado, que ya existe entre la financiación autonómica y estatal, que el año pasado fue de 81,2 y 20,8 millones de euros respectivamente, lejos del reparto al 50 por ciento que Cantabria reclama al Estado.

Díaz Tezanos ha explicado que, una vez aprobados los nuevos precios por plaza, se seguirá avanzando en la mejora de la calidad de estos servicios y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector con la aprobación de las órdenes de acreditación y autorización de centros, que ahora se están tramitando.

Este es uno de los acuerdos aprobados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que también ha autorizado el proyecto de ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y un protocolo de colaboración con la Federación Cantabria de Municipios para el desarrollo de las actuaciones de emergencia social.

El primero tiene como objetivo favorecer la participación ciudadana en la elaboración de leyes y darle una mayor agilidad y viabilidad administrativa a las iniciativas que se presenten. De hecho la futura ley rebaja a la mitad, de 10.000 a 5.000, el número de firmantes necesarios para presentar una ILP, amplía el plazo de recogida de adhesiones de tres a seis meses e introduce, como novedad, que sean sus promotores los encargados de presentarla en el debate para su toma en consideración.

Se permite además recoger firmas por internet y medios electrónicos, con el mismo valor jurídico que las manuscritas, y se establece una indemnización, de un máximo de 3.000 euros, para cubrir los gastos de la difusión de la propuesta y de la recogida de firmas.

En cuanto al protocolo para la atención a la emergencia social, que no conllevará gasto, Díaz Tezanos ha recordado que el plan de emergencia social incluye medidas que requieren la colaboración de los municipios como la red centinela de la pobreza infantil o la de apoyo a las familias en situación de crisis.

El protocolo guiará también la colaboración con los ayuntamientos en el desarrollo del futuro plan contra el desperdicio de alimentos.

El Gobierno ha dado también luz verde al decreto que regula el Observatorio de Mediación, un órgano consultivo de colaboración, estudio y asesoramiento que se reunirá al menos una vez al año y en sesiones extraordinarias. Tendrá 18 vocales y se mandato será de dos años prorrogables por otros dos.