Las entidades sociales de Cantabria denuncian que la insuficiente financiación pone en riesgo su futuro

Visita del Padre Ángel al centro de Amica en Torrelavega /Luis Palomeque
Visita del Padre Ángel al centro de Amica en Torrelavega / Luis Palomeque
Cantabria

Cermi y otras organizaciones advierten de que tienen que cubrir parte de los gastos de un millar de plazas concertadas en toda la región

DM .
DM .Santander

Cermi Cantabria y otras entidades sociales de la región han alertado de la «grave situación» que viven por la financiación insuficiente de más de mil plazas concertadas que se ven obligadas a cubrir, una «carencia histórica» que «pone en riesgo» su supervivencia.

La presidenta del Cermi (Comité de Entidades representantes de Personas con Discapacidad) en Cantabria, Mar Arruti, ha denunciado esta situación en una rueda de prensa con representantes de Amica, Ampros, Asacam, Aspace, la Fundación Síndrome de Down o la Fernando Arce.

Arruti ha explicado que desde hace años las entidades sociales se ven obligadas a financiar parte de lo que cuesta una plaza pública con cargo a su gestión y sus recursos, mientras que Antonio Ruiz, director de Aspace, ha señalado que, aunque al final las organizaciones cubren ese coste, lo hacen porque se endeudan. Ello puede repercutir en la calidad del servicio y pone en riesgo su propia supervivencia en un sector que emplea en torno a 700 personas en Cantabria.

Arruti ha insistido en que se trata de un problema» que se lleva arrastrando desde hace muchos años» y que las organizaciones sociales llevan planteando a los gobiernos de las tres últimas legislaturas.

Las entidades lamentan que la situación se haya ido agravando y que los recortes que se aplicaron en 2012 se están consolidando, y calculan que habrán dejado de percibir unos 4,3 millones de euros en conjunto en estos años.

El sector considera que esta situación es «totalmente injusta y lesiva» y asegura que si la Administración tuviera que asumir el coste real de esas plazas concertadas, el presupuesto debería ser tres veces superior.

Aunque reconocen que los presupuestos regionales aprobados en esta legislatura han experimentado incrementos «notables» en las partidas sociales, que han pasado de 210 millones en 2015 a 230 en 2018, las entidades afirman que esos aumentos no se han dirigido a «la necesaria mejora de la financiación de las plazas públicas concertadas» ni a recuperar los recortes. Según indican, las plazas infradotadas son más de mil en servicios de centro de día, ocupacional, de rehabilitación psicosocial y de atención residencial.

Los cálculos que han hecho estas organizaciones apuntan a que sería necesario un aporte presupuestario adicional de 3,5 millones al año.

Arruti ha añadido que a principios de febrero se mantuvo una reunión con el presidente regional y la vicepresidenta, Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos, en la que hubo un compromiso de publicar una orden de actualización de precios públicos «de forma inmediata», con un presupuesto de 700.000 euros. El Gobierno ha trasladado a las entidades que se subirá un 3 % la aportación pero, «ante la falta de noticias» veinte días después, Cermi reitera la solicitud de que se publique de forma urgente esa actualización.

Además, el sector insiste en la necesidad de contar con una normativa para la autorización y acreditación de servicios sociales destinados a las personas con discapacidad, junto a una memoria económica que recoja la estructura de costes de forma real. Las entidades sociales entienden que la respuesta a sus problemas debe venir de la elaboración de esa normativa, que ha de definir no solo los servicios para las personas con discapacidad, sino también la dotación económica precisa.

Roberto Álvarez, director de Ampros, ha recalcado que las entidades siempre han trabajado con «absoluta lealtad» con las administraciones públicas y ha dicho que en la crisis fueron «comprensivas» con la situación. Pero pasado el tiempo, el temor es que los recortes se queden, cuando a juicio del sector tiene que recuperarse ya la situación anterior.

Además, Arruti ha manifestado que ya en enero Cermi Cantabria trazó una «hoja de ruta» para avanzar hacia un pacto político global que promueva un modelo de servicios sociales de calidad para las personas con discapacidad, centrado en la persona y destinado a promover su autonomía personal, el ejercicio de derechos y su participación en la comunidad. Y todo ello basado en una normativa que garantice la sostenibilidad «de forma estable y progresiva».

Sin embargo, en la última reunión con responsables del Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) y de la Dirección General de Política Social se trasladó la paralización de la normativa que para el sector es urgente.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno de Cantabria ha reivindicado su «esfuerzo de diálogo» con las entidades sociales y ha recordado ha ofrecido una nueva normativa de acreditación para todos los centros de atención a las personas dependientes, así como el incremento de financiación necesario para esa nueva normativa.

Las directoras generales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, y de Política Social, Ana Isabel Méndez, han respondido así a Cermi Cantabria y han rechazado sus críticas, al tiempo que han pedido un esfuerzo «sincero» porque, según han recordado, fue este Gobierno el que invitó a esta entidad «a encontrar una salida a la situación de este sector».

Y han advertido de que «nunca avalarán» un sistema de atención a la dependencia de «os velocidades», por lo que han abogado por «más financiación a cambio de más calidad en el sistema».

«Si CERMI no lo acepta, el Gobierno no va a sostener un sistema de atención a la dependencia a dos velocidades, uno para personas mayores y otro para personas con discapacidad, uno con centros que se esfuerzan en acreditar su calidad y otro con centros que nunca han querido acreditarse. En esto ha habido claridad desde el primer día», han señalado.

Además, han subrayado que «lejos de recortar», el Gobierno «siempre ha ofrecido al sector una mayor financiación», aunque condicionada «a que contraten a más personal que atienda a las personas dependientes en los centros».

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