La exconsejera María Sánchez y el diputado Vargas, aspirantes a interventor del Parlamento
La socialista, ya fuera de la política, y el popular, que también es portavoz municipal en Torrelavega, pelearán con otros dieciséis candidatos para ganar en un concurso-oposición
La socialista María Sánchez ocupó un escaño en el Parlamento de Cantabria entre mayo de 2019 y hasta su dimisión de todos los cargos en ... abril de 2022, primero como diputada socialista en la candidatura que encabezó Pablo Zuloaga y después, tras la formalización del bipartito PRC-PSOE, como consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. A Miguel Ángel Vargas, la presidenta del PP regional le encargó la tarea de encabezar la lista municipal en Torrelavega y, al mismo tiempo, le dio un puesto de salida en la candidatura a la Cámara regional, donde desde las últimas elecciones ejerce como diputado. Entraron en la institución por el voto de los ciudadanos en la urna y ahora quieren hacerse un hueco por sus méritos y capacidad porque ambos aspiran a conseguir el puesto de interventor, que acaba de salir a concurso ante la inminente jubilación de la actual titular.
Sánchez y Vargas están en la lista de 18 aspirantes que cumplen los requisitos para enfrentar al concurso-oposición en el que está en juego una única plaza. Según el proceso diseñado por el Parlamento de Cantabria, en la primera criba todos los candidatos llegan en igualdad de condiciones porque la parte de oposición consta de tres ejercicios escritos, cada uno de ellos eliminatorios, de tal modo que no podrán pasar a la práctica siguiente aquellos aspirantes que no hubieren superado el anterior.
El primero será un test de 80 preguntas con cuatro posibles respuestas, después llegará el turno de un examen teórico que consistirá en contestar por escrito a cuatro preguntas de desarrollo basadas en las materias del temario. El tercer ejercicio sí tendrá carácter práctico a través de varios supuestos relacionados con las funciones propias del interventor, que tendrá un sueldo anual de 68.039,58 euros.
Todo lo anterior supondrá el 75% de la puntuación total del proceso selectivo. Quienes lleguen al final, podrán incorporar los méritos que acumulan, que supondrá el otro 25%. Se tendrán en cuenta no solo los méritos académicos, también los destinos en las Administraciones públicas o los ejercicios aprobados en otras convocatorias de selección de persona, la antigüedad o la experiencia profesional.
¿Sobre qué les preguntarán en los exámenes que arrancarán a partir del mes de diciembre? El temario consta de 68 apartados sobre Derecho Constitucional, Autonómico y Parlamentario y otros 72 sobre Derecho Administrativo, Financiero y Presupuestario, así como vinculados a la contabilidad pública. Materias que ambos manejan por su formación profesional y su trayectoria.
En el caso de Sánchez, diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cantabria y en Economía por la Universidad de León, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Gobierno de Cantabria desde 2006 y actualmente trabaja como jefa de área de Intervención en la Administración autonómica. Por su parte, Vargas es funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ha trabajado como interventor/secretario en distintos ayuntamientos.
Si alguno de ellos acaba primero el proceso selectivo –y aceptan el puesto– pasarán a encargarse de la «fiscalización de todos los actos, documentos y expedientes» de contenido económico del Parlamento, así como de los ingresos y pagos. Si no ganan, pero pasan todas las pruebas, podrán entrar a formar parte de la lista de espera que se formará para la cobertura de interinidades del titular de la plaza.
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