La falta de agentes, un problema enquistado

Cosa lógica si se atiende a las plantillas de algunos cuerpos de policía local, sensiblemente mermados por la progresiva jubilación de agentes y la escasa oferta pública de empleo de los últimos años. «Así no podemos ser eficaces en nuestro trabajo. Hay ayuntamientos en que no hay ni un solo policía y muchos otros en que no hay turnos de noche o de fin de semana. Estamos en la peor situación que se recuerda en muchos años, pero no parece importarle a nadie», confiesa Félix Quintana, policía local de Santoña y secretario general de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB).

Algunos agentes se mueven entre la impotencia y la desidia. Confiesan que han llegado a sentir miedo ante ciertas intervenciones en que se han visto amenazados por estar en acusada inferioridad de condiciones. Lo más preocupante es que algunos de los municipios más afectados por esta situación son, precisamente, los que más acusan los males del botellón.

«En Santander se han convocado ahora las 36 plazas vacantes correspondientes a 2018. Los aspirantes están finalizando los exámenes. Pero luego han de realizar un curso de seis meses. En la práctica, hasta marzo que viene no estarán operativos como tal. ¿Qué va a pasar este verano? Pues que la plantilla va a ser sensiblemente inferior a lo debido», critica Quintana.

En la capital, además, queda pendiente de anunciarse la convocatoria de once plazas correspondientes a 2019. «Un concurso que se abrirá de forma inmediata en cuanto termine el presente», confirma el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Nalda. Este es un problema que tiene su origen en el Real decreto 1449/2018 del 14 de diciembre, por el que se facilitó en gran medida la salida ventajosa de muchos agentes locales con una larga vida de servicio. «Eso ha ido adelgazando las plantillas hasta dejarlas exhaustas en algunos casos», denuncia el secretario general de APLB.

Sucede también en Castro Urdiales, municipio llamado a reunir todos los fines de semana hordas de jóvenes llegados de la comunidad vecina. «Desde 2005 no ha habido ni una sola incorporación», advierte Luis Jesús Martínez, que trabaja como agente en ese municipio. «Tenemos una furgoneta para realizar controles de alcoholemia que no utilizamos desde hace cuatro años porque no hay efectivos para ponerla en marcha. Con el rádar sucede lo mismo», lamenta.

A pocos kilómetros de allí, Laredo tiene una circunstancia similar, donde según Neftalí Santiestéban, representante de APLB en el municipio, se ha rebajado de 30 a 16 efectivos desde 2018. «El Ayuntamiento tiene un proceso selectivo para cubrir tres plazas; pero es que esta situación se veía venir desde hacía muchos meses, incluso años, y nadie ha hecho nada por atajarlo. Ahora, la solución inmediata está difícil».

Sólo el apoyo de la Guardia Civil puede solventar la papeleta en algunas situaciones más críticas; pero la benemérita no está boyante en cuanto a agentes precisamente. Por eso hay ejemplos, como Ribamontán al Mar, donde la benemérita ha tenido que apoyar los fines de semana para atajar las grandes concentraciones de chavales que consumen alcohol en el monte de Arna y el paseo marítimo. Porque a día de hoy, ese ayuntamiento cuenta sólo con un policía local.

La clave es la prevención «y eso sólo se consigue teniendo presencia. Alertando a la gente de que no vamos a permitir que la situación se descontrole, y para eso hace falta tener agentes en la calle», concreta Marcos Garay, policía local en Santoña. «Nosotros ahora, de los 20 que teníamos que estar en la calle sólo tenemos 8. Ya me contarás cómo podemos hacer bien nuestro trabajo», denuncia. «Hay que estar fuertes en todas partes y si en cada pueblo, empezando por Castro, vamos mostrando que hay presencia policial, al final todos los que están acostumbrados a traer problemas acabarán quedándose en su casa. Esa es la mejor manera de combatir el botellón», sentencia.