Fomento destina 40 millones a pagar las expropiaciones de sus obras en Cantabria

Cada vez que el ministro de Fomento, el santanderino Íñigo de la Serna, pone un pie en la región saca a relucir una cifra: los 3.200 millones que el Gobierno de España planea invertir en infraestructuras en Cantabria en los próximos años. La mejora en la capacidad de las autovías de la región, las actuaciones para aliviar el tráfico o mejorar la circulación de diversas carreteras, los planes para traer un tren de altas prestaciones desde Madrid... Proyectos que para el Ejecutivo central demuestran su compromiso inversor con la comunidad autónoma y que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla pone en duda que finalmente lleguen a materializarse en su totalidad con el argumento de que el grueso de ese dinero -2.886 millones de euros- corresponde a actuaciones que aún están redactándose y que no tienen una fecha exacta de comienzo.

En su defensa, el Ministerior de Fomento recuerda que varias de estas futuras obras ya han comenzado sus correspondientes procesos administrativos aunque las máquinas todavía no estén trabajando sobre el terreno y generando la actividad económica que demandan en Peña Herbosa. Estudios de impacto ambiental, licitaciones, adjudicaciones y, en algunos casos, también la comunicación a los propietarios de que sus fincas tendrán que ser expropiadas por el bien general.

Ya sólo a este apartado y para las trece obras más cercanas en el horizonte, el ministerio calcula que tendrá que destinar casi 40 millones de euros. Es casi tres veces más que lo embolsado en los últimos cinco años. Aunque coincidieron con la crisis económica, esta comparativa da una idea del volumen de las inversiones previstas. Ese montante servirá para satisfacer a los dueños de las más de 1.677 fincas de particulares, empresas y también administraciones públicas que serán ocupadas para cubrir de asfalto o nuevas vías.

La partida más elevada de aquella cantidad se quedará entre Polanco y Santander. Serán necesarios 15,3 millones de euros para comprar los terrenos -en los términos municipales de Polanco, Miengo, Piélagos, Bezana y Camargo- del tercer carril que aliviará el tráfico en la A-67 en uno de los tramos que soporta un mayor volumen de vehículos de Cantabria. Es decir, prácticamente el 15% del presupuesto total para esa obra. La segunda actuación con un capítulo dedicado a las expropiaciones más elevado será la del ramal de continuidad de la A-67 entre Sierrapando y Barreda-Rinconeda, que permitirá deshacer el nudo de Torrelavega y acabar con las habituales retenciones en los kilómetros en los que las autovías del Cantábrico y la Meseta comparten trazado. Allí, los dueños de las fincas afectadas en Torrelavega y Polanco se repartirán 11,2 millones de euros.

En el tercer puesto se sitúa el tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con la provincia de Vizcaya. En este caso, los trámites administrativos no están tan avanzados y, por el momento, los técnicos no tienen un número concreto de propiedades afectadas, pero sí del dinero que será necesario para compensar -o, por lo menos, intentarlo- a las personas que tendrán que dejar libres unos terrenos que hasta ahora ocupan huertas, pequeñas fincas sin uso, montes comunales, terrenos sin urbanizar y algunas viviendas. En cambio, sí que conocen la factura económica de estas expropiaciones, que superará los 7,1 millones de euros.

En todos los casos son estimaciones. «Es algo aproximado, aunque las cifras finales no suelen variar mucho. La Administración no puede saber desde el comienzo cuál va a ser el coste final porque hay un proceso de negociación con los propietarios», apuntan desde la Delegación del Gobierno. A la hora de fijar el justiprecio, es la Administración -en este caso el Ministerio de Fomento- quien da el primer paso. Hace la propuesta «atendiendo a una serie de criterios» objetivos y acorde a unos baremos preestablecidos que tienen en cuenta que «no es lo mismo una vivienda que una porción de prado». Si el propietario no la acepta tiene la opción de realizar su contraoferta. Lógicamente, atendiendo a sus intereses, al alza. Y si el expropiador cree que es excesivamente ambiciosa y no lo ve claro, el asusto pasa a un jurado especializado que toma la última decisión.

Delegación del Gobierno recuerda que son muy una minoría los expedientes que llegan a este punto. En estos momentos hay tan sólo unos 80 pendientes por resolver. Los expropiados suelen coincidir en que habitualmente la Administración «se porta» a la hora de fijar los justiprecios, otra cosa es que los pagos se realicen a tiempo, algo que rara vez ocurre. Es más, los 14,9 millones de euros que pagó Fomento en concepto de expropiaciones entre 2013 y el año pasado fue por proyectos como la S-30 (inaugurados los primeros tramos en 2009), el distribuidor de La Marga (2012) o el tramo Solares-Torrelavega de la A-8 (2015).

Esa es una de las quejas. Otra tiene que ver con la comunicación entre los afectados y la Administración. De eso se quejan, por ejemplo, los vecinos de Rinconeda que perderán su casa por la construcción del ramal de continuidad. Entienden que el bien general está por encima de su interés particular, lo que no comprenden es que cuando falta un mes para que comiencen las obras -en teoría- todavía no hayan recibido ninguna notificación ni sepan cuánto dinero van a recibir.

Menos conflictivo suele ser la negociación cuando el propietario es otra Administración pública. «Habitualmente se ha negociado previamente con la junta vecinal o el ayuntamiento, y no suele poner pegas porque se supone que la infraestructura que se va a construir va a beneficiar a la zona», subrayan desde la Delegación del Gobierno.

Entre los 13 próximos proyectos de Fomento, dos no requieren expropiaciones: el ramal de acceso directo al puerto de Santander (los terrenos son portuarios y habrá algún tipo de intercambio) y la nueva travesía de la N-629 desde Panes.