El funcionario de Obras Públicas solicita su puesta en libertad

En el escrito en que solicita su libertad provisional, que presentó el pasado martes, el abogado del funcionario alega que no hay riesgo de fuga, entre otros motivos, porque tiene sus cuentas intervenidas. Además, apunta que con la pensión que le pasan de 3.500 euros al mes a su familia -llegaron a pedir 5.000, pero la jueza lo rechazó- «queda demostrado que su situación económica es difícil».

Por otro lado, la defensa sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas ya que tras los tres meses que su cliente lleva en la cárcel «ha dado tiempo suficiente para asegurar las pruebas aportadas». Asimismo, el letrado de Miguel Ángel Diez decanta la posibilidad de una supuesta reiteración delictiva, teniendo en cuenta que su representado ya no trabaja en la Consejería de Obras Públicas -está suspendido de funciones-, con lo que no puede intervenir en los expedientes de contratación del departamento de Carreteras al que estaba adscrito.

Como ya hizo en el anterior escrito en el que anunció su petición de libertad, el exjefe de Carreteras traslada a la jueza que está teniendo «dificultades» para obtener documentación, entre otras cosas, por su situación de prisión y por la «demora» de las administraciones tenedoras de documentación y declaraciones fiscales en la concesión de citas previas. Su intención es elaborar un informe económico que contradiga a los emitidos por la Agencia Tributaria sobre su incremento patrimonial.

Además de resolver esta petición, la instructora tiene que responder a la solicitud de medidas cautelares que planteó el Gobierno de Cantabria. En concreto, la de la inhabilitación o prohibición de contratar a las empresas investigadas (La Encina, Cannor, API Movilidad, Imesapi y Rucecan) en los once expedientes de obras todavía en licitación (aún no adjudicados).

Este pasado jueves se celebró la vista prevista para abordar la pretensión del Ejecutivo regional de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por el jefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, de los procesos en los que este participó y que se encuentran en marcha en la Consejería de Obras Públicas.

En el encuentro, el abogado de Rucecan presentó una pericial -en la que se recogen los contratos y actos formales- que estuvieron analizando tanto la representación legal del Gobierno cántabro como el resto de letrados de las empresas, que consideran «excesiva» la medida propuesta, ya que entienden que «todo lo que hay en la causa son indicios» y que los informes de la Policía Nacional hacen «interpretaciones parciales e interesadas para dar una apariencia de lo que no es», según han informado a El Diario Montañés fuentes cercanas al caso.