El Gobierno aprueba rebajar la jornada de los funcionarios a 36 horas en 2019 y a 35 en 2020

Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos presidieron ayer la Mesa del DiálogoSocial. /Javier Cotera
Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos presidieron ayer la Mesa del DiálogoSocial. / Javier Cotera

El Ejecutivo del PP la amplió hasta las 37,5 horas semanales durante los recortes laborales y sociales que realizó en 2012 con motivo de la crisis

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

Con la recuperación económica, los empleados públicos han ido poco a poco logrando revertir alguna de las medidas de recorte asumidas durante la crisis. Así, tras la revalorización salarial, el abono de la extra del 2012 y la reparación de días de vacaciones y de las ofertas de empleo público, entre otras acciones, la principal reivindicación en estos momentos es normalizar la jornada laboral semanal que les pasó de 35 a 37,5 horas. Dos horas y media más que enojaron al personal de la Administración y que el Gobierno de Cantabria se compromete ahora a revertir en dos años. La jornada bajará a 36 horas a partir del año que viene, previsiblemente en mayo, a escasos días de las elecciones municipales y autonómicas, y a las 35 iniciales durante 2020.

El bipartito anunció ayer que incluirá sendas partidas en los Presupuestos Generales durante los próximos dos cursos. La medida afectará a más de 20.700 funcionarios y personal laboral de la administración regional y tendrá un coste mínimo anual de 9.163.918 euros para la aplicación de dicha jornada en todos los sectores donde estaba implantada antes de los recortes impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

De esta forma, se podría cerrar el Acuerdo Marco para la mejora de la calidad de empleo público y de las condiciones laborales de personal de la Administración Autonómica que establece un régimen común en el que se enmarcan las mejoras en materia de retribuciones, ofertas de empleo público y jornada de trabajo, indicó el Ejecutivo.

«Es lamentable que se anuncie sin haber pasado si quiera por la mesa de negociación» Margarita Ferreras | CSIF

La recuperación de esta jornada frente a las 37,5 horas actuales fue una de las últimas medidas que Cristóbal Montoro pactó con los sindicatos antes de la moción de censura. Pero solo la puede aplicar aquellas comunidades que estén saneadas, es decir, cuando en el ejercicio presupuestario anterior cumplieron los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto.

La decisión de Montoro supuso revertir sus propias políticas. El PP llegó a Moncloa en diciembre de 2011 con una estricta agenda de ajustes para evitar el rescate de la economía española. El segundo Consejo de Ministros aprobó elevar la jornada semanal de la función pública y de las empresas de titularidad estatal de 35 a 37,5 horas y, con la recuperación económica, revertir esta normativa ha sido una de las principales reclamaciones de los sindicatos.

«Es necesario que se recupere en todos los sectores donde estaba implantada antes» Damián García | Comisiones Obreras

Esta es una de las medidas de mayor calado que esperan los empleados públicos después de que el pasado julio, en virtud también del acuerdo presupuestario, recuperarán parte del poder adquisitivo perdido durante los crudos años de recesión. El Gobierno de Cantabria aprobó ya en julio incorporar la subida salarial del 1,5% para más de 20.700 empleados públicos de la comunidad prevista en los Presupuesto Generales. La medida aprobada supone un gasto total anual que asciende a más de 12,4 millones.

Movilizaciones

El anuncio de la reducción de la jornada laboral vía comunicado de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno pilló con el pie cambiando a CSIF, el sindicato más representativo en la Administración Pública de Cantabria, que consideró «inadmisible que, tras más de tres semanas con la negociación bloqueada» el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, «comunique la aplicación gradual de las 35 horas en los años 2019 y 2020 sin haber sido, siquiera, anunciada la misma en la mesa de negociación».

La responsable de Sanidad, Margarita Ferreras, cree que es «lamentable» que el Gobierno de Cantabria trate a sus empleados públicos como parte de «sus publirreportajes y se burle del derecho de negociación colectiva». A su juicio, De la Sierra hace este anuncio tras conocer la existencia de un escrito presentado por CSIF el miércoles comunicando a la autoridad competente la convocatoria de una concentración ante la sede de Peña Herbosa el próximo 30 de octubre.

El dato

9,1
millones de euros es el coste anual que el Gobierno prevé para volver a implantar la jornada.

CSIF recordó al consejero que no sólo se trata de la jornada de 35 horas que debería estar recuperada desde hace varios meses. También destacó que hay que plantear en la mesa de negociación la aplicación del incremento salarial utilizando los fondos adicionales habilitados desde el Gobierno central tras al acuerdo firmado por este sindicato con el Ministerio de Hacienda el 29 de marzo de este año. «Un 0,20% de masa salarial para este año 2018 que, si no se negocian, directamente se pierden», apostilló.

Además, el sindicato insistió en que Cantabria debe abordar «el establecimiento de una bolsa de horas recuperables equivalente al 5% de la jornada laboral anual para facilitar la conciliación laboral y familiar, especialmente, para el cuidado de hijos y mayores con necesidades especiales». Igualmente, este acuerdo obliga a eliminar por completo los descuentos en caso de baja por enfermedad.

Desde Comisiones Obreras, Damián García consideró fundamental la recuperación de los derechos laborales en la administración pública autonómica, «con un acuerdo marco que traslade todos los aspectos recogidos en el acuerdo estatal, recuperándose las 35 horas semanales de promedio anual en todos los sectores donde estaba implantada dicha jornada, como en el de Sanidad». Además de estos aspectos, CC OO recordó al Ejecutivo que debe haber presupuesto para los compromisos ya alcanzados y no cumplidos: la creación del Consejo General del Diálogo social; la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público, o la creación de la oficina pública de supervisión de la contratación, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que sea independiente del Gobierno y cuente con entidad jurídica propia.

El Presupuesto regional para 2019 subirá un 2,7% el gasto no financiero

El anteproyecto del Presupuesto General de Cantabria (PGC) para 2019 del Gobierno PRC-PSOE prevé un incremento del 2,7% en el gasto no financiero, tres décimas más que el de este año y lo máximo que permite la regla de gasto, un crecimiento que la patronal ve «razonable» mientras que los sindicatos piden unas cuentas «expansivas y sociales» con partidas para proyectos, como el de La Pasiega, y con unos impuestos que permitan sostener servicios «de calidad». El documento de 2018 ascendió a 2.729 millones, de los que 374 eran de pasivo financiero y 60 millones de gastos financieros.

El Gobierno presentó ayer durante dos horas las grandes líneas del anteproyecto que está elaborando ante la Mesa de Diálogo Social. En la reunión, el consejero de Economía, Juan José Sota, trasladó que el crecimiento previsto del gasto no financiero es «importante» ya que está por encima de la inflación.

El consejero preció que se exceptuarán los proyectos y previsiones de gastos que afectan al conjunto del Gobierno, como es, por ejemplo, la partida prevista para hacer frente a los derribos de las viviendas declaradas ilegales por sentencia judicial; el gasto contemplado para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales o la inversión necesaria para acometer el soterramiento de las vías en Santander y Torrelavega.

Además, Sota detalló que el 80% del gasto no financiero se destinará al capítulo social, es decir, a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, empleo, y política de vivienda, y el resto se orientará a la inversión pública, al fomento de I+D+i, a acciones de apoyo al sector primario y a la promoción de la industria, entre otras cuestiones.

En lo que se refiere a los ingresos, Sota confirmó que no habrá subida de impuestos, aunque sí se incluirá alguna modificación para mejorar la gestión de los tributos. Además, explicó que las tasas se actualizarán un 1,8%, tal y como establece la normativa estatal, lo que se traducirá en un incremento de ingresos para la Comunidad Autónoma de en torno a 500.000 euros. «Una cantidad muy pequeña para el conjunto de los ingresos de Cantabria y el único objetivo que persigue es que las tasas y precios públicos no queden descolgados del incremento del gasto que tiene la Comunidad Autónoma», señaló.

El titular de Economía del Ejecutivo regional recalcó que el Presupuesto de 2019 cumplirá la ley de Estabilidad Presupuestaria también en lo que refiere al objetivo de déficit, que para el próximo año se situará en el 0,1%, y en el límite de deuda que se situará en el 23,3%.

Sota, que agradeció «el tono, la disposición y las aportaciones» de los agentes económicos y sociales, aseguró que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas incluirá una modificación de la ley de Participación Institucional para «blindar el diálogo social y que se garantice con independencia del Gobierno de turno». Tras esta reunión, se convocarán las mesas sectoriales para analizar las cuentas públicas para el próximo ejercicio por áreas de gasto, y posteriormente se convocará una nueva reunión de la Mesa General con carácter previo a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos en Consejo de Gobierno.

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