El Gobierno arma a los ayuntamientos con la Ley de Coordinación de Policías Locales

Ya en su fase última, el proyecto de ley pasó de mañana por el antiguo hospital de San Rafael para resolver las 104 enmiendas que los distintos grupos políticos habían presentado a este texto; 57 el PP, 33 Vox, 10 Ciudadanos y dos conjuntas PRC y PSOE, correcciones que fueron rechazadas en su amplia mayoría (86) tras un debate en el que populares y naranjas no pudieron convencer a los partidos que sustentan el Gobierno cántabro de la necesidad de revisar ese calificativo: 'limítrofes'.

Impulsada por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, la nueva ley permitirá reforzar los servicios que prestan las 34 Policías Locales que existen en la actualidad en Cantabria haciendo posible «el acuerdo intermunicipal para la prestación asociada y conjunta de estos servicios», es decir, permitiendo que un ayuntamiento se surta, en caso de necesidad, de agentes pertenecientes a otro «limítrofe».

Según entiende la oposición, con ese calificativo, «limítrofe», la nueva ley acota el marco de colaboración entre municipios solo a aquellos ayuntamientos que disponiendo de Policía Local hagan frontera territorial con otro que también tenga ese Cuerpo -del que podrían echar mano- quedando excluidos de esa prestación asociada, como la llaman, todos cuantos dispongan igualmente de sus Policías Locales pero no linden con ninguno que también la tenga.

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Diego Marañón, abogó por suprimir directamente esa condición para que de la colaboración intermunicipal que ofrece la normativa en ciernes puedan beneficiarse todos los ayuntamientos. Y en la suya, la portavoz del PP, Isabel Urrutia, se decantó por un término medio, o sea, por permitir la correspondencia de agentes de las Policías Locales entre los municipios más próximos, sin que sea condición que sean «limítrofes».

A esta enmienda de la oposición, que fue rechazada, contestó la portavoz del PRC, Rosa Díaz, que en su turno explicó que modificar la ley en los términos que proponían el PP y Ciudadanos «podría entrar en colisión con la ley nacional».

A su manera de entender «trabajado, dialogado y consensuado», el proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, un texto en el que han tomado parte el Gobierno autonómico, la Federación de Municipios, los ayuntamientos de Santander y de Torrelavega, los jefes de los Cuerpos de Policía Local y todos los sindicatos policiales, «garantizará en mayor medida» la coordinación entre los distintos cuerpos municipales y la seguridad ciudadana.

Entre sus objetivos primeros, según enumeró en su día la consejera Paula Fernández Viaña, «ofrecer una mayor operatividad y aprovechar todo el potencial de las Policías Locales».

En concreto, y además de permitir esa colaboración entre municipios para atender las necesidades temporales del servicio, esta nueva ley suprime el requisito de estatura mínima y diferenciada entre hombres y mujeres para acceder al cuerpo de Policía Local. En relación a esto, la ley entiende que dicho requisito, y su diferenciación por sexos, «suponía un prejuicio injustificado sobre la aptitud para el ejercicio de las funciones policiales y una discriminación arbitraria entre hombre y mujer».

Otras mejoras que introduce la ley pretenden dar respuesta a situaciones diversas en los ayuntamientos relacionadas con los sistemas de provisión y selección de los agentes y ofrecer una regulación más detallada de determinadas materias. Así, se regula un periodo de prácticas en los ayuntamientos convocantes de plazas en el cuerpo de Policía, como nueva fase del proceso selectivo de carácter evaluable.

La nueva norma, de otro lado, abre las puertas de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Santander a los cuerpos de Policía Local, al posibilitar efectuar procesos de promoción interna por procedimientos de concurso-oposición.