El Gobierno cede y mantiene el 'dedazo' en el nombramiento de altos cargos

Imagen de archivo de una toma de posesión en el Gobierno /Roberto Ruiz
Imagen de archivo de una toma de posesión en el Gobierno / Roberto Ruiz

La nueva Ley de Régimen Jurídico restringía las direcciones generales a personas de acreditada competencia para evitar nepotismos, pero ha suprimido el requisito por exigencias del PP y en aras del consenso

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Rediseñar la Administración cántabra para hacerla más ágil y moderna es el objetivo de la nueva Ley de Régimen Jurídico que aprobó el Gobierno el pasado mes de enero y que este lunes será debatida en el Parlamento regional para su aprobación. En estos diez meses el texto ha pasado los filtros propios de su tramitación, un proceso en el que ha sufrido algunas modificaciones a petición de los grupos parlamentarios, en aras de conseguir el mayor consenso posible. Aunque se trata de una ley muy técnica y con un componente político reducido, el Gobierno busca que salga con el máximo respaldo. Por eso ha hecho concesiones, aunque «ninguna de calado», matiza el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra.

La principal se refiere a la designación de los altos cargos de la Administración, y no es baladí. Porque la ley aprobada por el Gobierno buscaba la «profesionalización» y reducir la «arbitrariedad» a la hora de realizar los nombramientos de los altos cargos. «Premiábamos que los secretarios y los directores generales fueran funcionarios o personas que hubieran acreditado su competencia y trayectoria en la actividad privada, es decir, no un amigo del consejero o del partido», señala De la Sierra. Así, de acuerdo con el texto, los secretarios generales deberían ser funcionarios de carrera y sólo excepcionalmente, podrían proceder del sector privado, pero para ello tendrían que acreditar experiencia y conocimientos. En el caso de los directores generales, podrían ostentar el cargo tanto funcionarios como personas de fuera de la administración, previa acreditación de su competencia. La ley recuperaba así el perfil técnico de los altos cargos y terminaba con la «discrecionalidad» en los nombramientos de altos cargos.

Pero el PP, que ha presentado un centenar de enmiendas a la ley, se ha opuesto y ha conseguido que este aspecto sea retirado del articulado, de manera que la designación de altos cargos seguirá siendo discrecional y 'a dedo' por el consejero de turno. El PP ha marcado otras dos líneas rojas a la reforma legal. Por un lado, se opone a la posibilidad que abre la ley de que las empresas públicas puedan expropiar, «algo prohibido tanto a los organismos autónomos como a fundaciones, que hasta ahora ha sido siempre privilegio exclusivo de la administración pública», sostiene Isabel Urrutia, portavoz de Presidencia y Justicia del grupo parlamentario popular. «No podemos permitir que empresas como Cantur o Sodercán puedan expropiar», advierte.

El PP se opone a que las empresas públicas tengan capacidad para expropiarRafael de la Sierra

La ley regula y reordena el sector público institucional e incorpora por primera vez a las entidades de naturaleza privada dependientes de la administración pública, algo que «era muy necesario. Antes estaban diseminadas en distintas leyes y ahora se incluye un título que se refiere específicamente a estas sociedades, lo que va a agilizar de forma importante los trámites», señala De la Sierra. El consejero explica que «no es que la ley permita expropiar a los entes públicos, sino que son las leyes que los crean las que pueden incluir entre sus funciones la facultad expropiatoria», de manera que en todo caso «queda a discreción del Parlamento aprobar o no una ley que incorpore esa posibilidad y vamos a mantener la garantía del Parlamento».

Más polémico resulta el artículo que posibilita que cada consejería tenga una mesa de contratación, otra línea roja para el PP. «No entiendo la postura del PP porque de lo que se trata es de que, además de una mesa centralizada general, cada consejería puede disponer de su propia mesa de contratación», explica De la Sierra, que subraya que esta alternativa figura en la Ley estatal 40/2015, aprobada por el Gobierno de Rajoy. Urrutia tildaba ayer de «temeridad absoluta» esa posibilidad y defendía la centralización de la contratación. «No entiendo la postura del PP cuando la propia Urrutia tenía su propia mesa de contratación cuando fue directora del ICASS (en la ante rior legislatura) y nunca dijo que no la quería y que era una barbaridad. El escándalo que se pretende no tiene ningún sentido». Estos son los aspectos más polémicos de una ley, cuya redacción se realizó a partir de un informe previo del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y que el lunes se verá con qué apoyos pasa el corte parlamentario.