El Gobierno envió la solicitud sobre los menas nueve días después de su acuerdo con Vox

Más allá de la interpretación diametralmente opuesta de los dos actores –el Gobierno cántabro afirma que se pretende garantizar el interés superior del menor, en caso de que se determinara que la reagrupación familiar les favorecería, y el nacional dice que la verdadera intención es expulsarles de forma insolidaria–, lo que es un hecho es que la Ley de Extranjería a la que apela el Icass para pedir a la Delegación que actúe se aprobó en 2000. Pasados 25 años, este supuesto nunca se había activado. Hasta ahora, solo diez días después de que el pleno del Parlamento de Cantabria aprobara, con el apoyo del PP, una iniciativa de Vox que instaba a la comunidad autónoma a negociar acuerdos con los países de origen para «facilitar la reintegración de los menores». Integración con sus familiares, pero también con los servicios sociales de los países de origen o de residencia habitual. Esa proposición no de ley salió adelante el 17 de marzo y el día 26 de ese mismo mes se firmaron los oficios remitidos a la Delegación.

Ya el martes, la consejera del área, Begoña Gómez del Río, negó que existiera ninguna relación entre ambos asuntos. Es más, aseguró que fue ella la que pidió «un análisis de situación y que se adoptaran las medidas legales que fueran necesarias» como consecuencia de dos cosas: primero, de un fallo del Tribunal Supremo que afirma que la tutela de los menores extranjeros que además de no estar acompañados han pedido el asilo depende del Gobierno central y, segundo, del decreto aprobado en el Congreso que establece que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir menores procedentes de otros territorios nacionales tensionados.

Sí resulta curioso que los argumentos que esgrimió la consejera popular para justificar la petición de que se evalúe la situación familiar de los dieciocho menores tutelados por Cantabria son casi los mismos que aparecían en la exposición de motivos de la moción de Vox. Básicamente, que los convenios internacionales sobre los derechos del niño y la ONU recomiendan la búsqueda de las familias como «ingrediente esencial en la búsqueda de una solución duradera» de estos jóvenes. Gómez del Río incluso repitió –aparecía igualmente en esa exposición de motivos de Vox– que el procedimiento no puede concluirse sin «haber oído al menor si tiene suficiente juicio»y que son necesarios informes de los servicios de protección y de la Fiscalía.

El presidente canario, Fernando Clavijo, considera que la decisión de Cantabria demuestra su «desconocimiento absoluto» de las leyes españolas, así como un «cierto desprecio» por los derechos del menor. «Si el menor dice que no quiere irse, no se va a ir. Con lo cual, prevalece la voluntad del menor», entiende el dirigente de Coalición Canaria, que está seguro de que Cantabria pierde el tiempo porque ningún fiscal ni juez autorizará una devolución.

Para la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, los oficios no son legales porque el Icass hizo un «copia-pega» en el que solo varía el nombre del menor, «sin informe individualizado». Por eso, y pese a que tiene clara su negativa, pide a la Consejería que remita esa documentación detallada. «Lo que promueve el Gobierno de Cantabria es, de forma encubierta, una repatriación colectiva, lo cual es contrario a la legislación española y al derecho internacional», subraya la delegada. «Si no quisieran que se tramitara la expulsión, no lo habrían solicitado», entiende la socialista, que además reprocha al Gobierno de Buruaga que no haya tramitado aún los permisos de residencia correspondientes de seis de los dieciocho menores en cuestión.