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La delegada del Gobierno en Cantabria no tiene dudas de que existe una relación directa entre los acuerdos que ha suscrito el Ejecutivo de María ... José de Buruaga con Vox y la decisión de la Consejería de Inclusión de solicitar al organismo que ella dirige que estudie la situación de los menores extranjeros no acompañados para comprobar si son extraditables a sus países de origen. De ahí que considere que el PP regional está utilizando a estos jóvenes como «moneda de cambio» en sus pactos. Pactos «por debajo de la mesa», dice Gómez de Diego, que recuerda que el mismo día que Vox aprobó en el Parlamento regional la Ley de Simplificación a la que hasta ese momento se había opuesto frontalmente, el PP aceptó una proposición no de ley de Vox sobre la repatriación de estos menores.
Además de «una falta de humanidad», la delegada del Gobierno entiende que la forma de proceder de Cantabria no se ajusta a la legalidad. «Hace apenas tres años, Cantabria dio ejemplo de solidaridad acogiendo a más de 2.000 personas procedentes de Ucrania. ¿Cuál es entonces el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?», se pregunta la representante del Ejecutivo central.
El presidente canario, Fernando Clavijo, considera que la decisión de Cantabria demuestra su «desconocimiento absoluto» de las leyes españolas, así como un «cierto desprecio» por los derechos del menor. «Si el menor dice que no quiere irse, no se va a ir. Con lo cual, prevalece la voluntad del menor», entiende el dirigente de Coalición Canaria, que está seguro de que Cantabria pierde el tiempo porque ningún fiscal ni fuez autorizará una devolución.
La réplica desde el PP se la dio el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, que acusó a los socialistas de crear «una polémica artificial e interesada» porque Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación. Al menos no técnicamente, porque la competencia es estatal. Donde no ve artificialidad es en la crítica de los populares al decreto que impulsó el Gobierno de España para acoger a menores extranjeros de manera obligatoria en solidaridad con territorios con elevada presión como Canarias. Así, Alonso eleva la escala del enfrentamiento y acusa a Pedro Sánchez de «dejar tirados como fardos a los menores migrantes».
Al menos a los menores que están tramitando el asilo –no son la mayoría–, que según el Tribunal Supremo son competencia del Estado, no de las comunidades autónomas, como sí el resto de menores extranjeros tutelados.
Aunque el rifirrafe político lo hayan protagonizado PSOE y PP, quien llevará el asunto al Parlamento de Cantabria será el PRC. La diputada Rosa Díaz interpelará a la consejera de Inclusión para que explique «con claridad» los criterios técnicos, jurídicos y éticos que han motivado la solicitud. Díaz considera «imprescindible» que el Gobierno aclare si la medida que ha puesto en marcha se ajusta al principio del interés superior del menor y a los compromisos internacionales asumidos por España en materia de protección a la infancia.
Y para Izquierda Unida, además de «racista», la actitud del Gobierno cántabro es «ilegal», por lo que cree que Buruaga y su consejera no tienen otro camino que dar marcha atrás y pedir perdón. Su coordinador general en la comunidad autónoma, Israel Ruiz Salmón, cargó contra «la verdadera cara» del Partido Popular, que gobierna Cantabria en minoría y que desde ahora «ha atado su destino a la extrema derecha de Vox».
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