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El Gobierno regional está convencido de que la única manera de impulsar la construcción de viviendas protegidas es subir el precio máximo que se paga ... por el metro cuadrado útil. Un encarecimiento final de los pisos que deberán asumir por completo por segundo año consecutivo los beneficiarios. El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga está convencido de que así a las empresas privadas le resultará más atractivo y también más rentable invertir en promociones de pisos de protección oficial para poner en venta y alquiler. Por esta razón, el Consejo de Gobierno aprobó este jueves, como ya hizo en enero de 2024, elevar la cuantía máxima de los módulos que fijan el tope del precio del metro cuadrado construido. Es decir, los pisos oficiales serán aún más caros –entre un 5 y un 8%, dependiendo de la zona–, después de que en el pasado ejercicio su importe ya aumentara hasta en un 21,7%. «Es que a estos precios (los del año pasado), no habrá ningún joven que pueda acceder a una vivienda porque no se construirá ninguna», afirmó en rueda de prensa el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media. Sin embargo, desde la implantación de esta misma medida sólo se han puesto en marcha bajo esta modalidad de colaboración público-privada «48 viviendas en Santa Cruz de Bezana», reconoció el consejero.
¿Más viviendas pero más caras o menos pisos pero más baratos? «El Gobierno regional más social de la historia», así lo definió este jueves el titular de Vivienda, apuesta por la primera opción. Aunque reconoció que esta fórmula «pasó desapercibida en enero pasado», también cree que «está empezando a dar resultados».
6,7%
sube el precio máximo del metro cuadrado útil en los municipios con más necesidades.
7,9%
sube el precio del metro cuadrado útil en los municipios costeros y más poblados.
4,9%
sube el precio del metro cuadrado útil en el resto de municipios, los del interior.
El aumento de precios no ha terminado de animar a los constructores, de ahí la esperanza de que este nuevo impulso sea un acicate. Así lo acordó este jueves el Gobierno en su reunión del Consejo, donde además aprobó redistribuir las zonas donde se registrarán estos aumentos, puesto que, como ya sucedió en 2024, no lo harán por igual en todos los ayuntamientos.
A la denominada zona A, que hasta ahora sólo integraban Santander y Castro Urdiales, se unen ahora Torrelavega, Comillas, Suances y Laredo. Aquí la subida es de un 6,7%. En total, 120 euros más por metro cuadrado, puesto que el precio máximo pasa de 1.781 a 1.901 euros. Si se tiene en cuenta el incremento del año pasado, un 21,7%, una vivienda de VPO cuesta casi un 30% más en sólo dos años.
En la zona B, que componen 38 municipios –los costeros, principalmente y los más poblados– la subida es de 138 euros el metro cuadrado, al pasar de 1.657 a 1.788 euros. Desde 2024, el encarecimiento se sitúa cercano al 8%. Por último, en el resto de ayuntamientos, la zona C, el metro cuadrado pasa de 1.548 a 1.625 euros, un alza del 4,9%.
35.500
euros ha aumentado en dos años el precio de un piso de protección de 70 m2 en Santander.
A modo de ejemplo, un piso tipo de 70 metros cuadrados aumenta de un año para otro en 8.400 euros en la zona A, 9.170 euros en la zona B y 5.390 en la zona C. Si se suman estos incrementos a los 27.055 euros, 25.170 euros y 23.526 euros, respectivamente, que ya crecieron el año pasado, el resultado final es que una persona que no podía acceder al mercado libre en 2023 en Santander pasaría a pagar 35.500 euros más por el mismo piso de protección.
«Estas medidas son buenas», defendió el titular de Vivienda. «Y fíjense si son buenas –continuó–, que nos las han pedido alcaldes del PP, del PRC y del PSOE». Media cree que es una decisión «que va a conseguir que tengamos varios cientos de viviendas con promoción pública para los ciudadanos». Cantabria, según los documentos que maneja su departamento, es la decimotercera autonomía con el precio máximo del metro cuadrado mas bajo: 1.901 euros frente a los 3.001 de Baleares.
El Gobierno regional también aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno un nuevo decreto en materia de vivienda que sube de 500 a 700 euros el importe máximo de los contratos que pueden acceder a las ayudas al alquiler, cuyo tope también se eleva hasta la mitad de la renta mensual, con un límite de 350 euros. En el caso de las personas con vulnerabilidad, el baremo crece del 60 al 100%, con 700 euros como máximo al mes.
«Este decreto busca adecuar las ayudas del Gobierno a la situación real del mercado de la vivienda. Por eso, hemos subido el tope de los contratos susceptibles de recibir ayudas», explicó Media. «El anterior fijaba un tope del 40% de los 500 euros, esto es, 200 euros/mes como máximo, y con la nueva línea de ayuda se fija en el 50% de 700 euros. Así se podrá recibir hasta 350 euros/mes ».
El consejero también anunció que todos los ciudadanos que hasta ahora estaban percibiendo estas retribuciones podrán seguir haciéndolo, aunque es necesario que vuelvan a solicitarlas en la sede electrónica de la Dirección General de Vivienda, en las oficinas de la calle Alta de Santander o rellenando el formulario que pueden descargar en la página web viviendadecantabria.es y presentándolo a continuación en cualquier registro del Ejecutivo regional.
«Esto sí son verdaderas políticas que ayudan a la gente y desmuestran que el Gobierno de la presidenta Buruaga es el más social de la historia», expresó con satisfacción el titular de Fomento y Vivienda.
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Ana del Castillo
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