La Guardia Civil ha impedido ya 700 entradas de polizones en el Puerto, un 78% más que en 2017

La Guardia Civil ha impedido ya 700 entradas de polizones en el Puerto, un 78% más que en 2017

Cerca de 400 jóvenes de mayoría albanesa y con familia en el Reino Unido han intentado infiltrarse en el ferri desde Santander entre enero y septiembre

Javier Gangoiti
JAVIER GANGOITISantander

No es la amenaza más grave a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad que trabajan en el muelle, pero sí es una infracción al alza que ha adquirido un peso muy importante en los últimos años. La infiltración de polizones en el Puerto de Santander se ha disparado hasta alcanzar las 700 intrusiones en lo que va de año, un 78% más que el ejercicio anterior y un 123,8% más que en 2014. De enero a septiembre, los saltos los han protagonizado cerca de 400 jóvenes, la mayoría albaneses, que realizan varios intentos en su empeño por poner pie en el Reino Unido.

«Hay quienes incluso lo han intentado en quince ocasiones, varias veces en un día», asegura Plaza, el teniente jefe de la sección fiscal del Puerto de Santander y testigo directo de la entrada ilegal de personas. Una circunstancia que la Guardia Civil consigue evitar en un 95% de los casos, a pesar de las dificultades que implica vigilar la bahía casi todos los días del año. «El turno más delicado es el sábado por la noche», detalla. Ya sea antes de saltar la valla, en medio de la carrera hacia la hilera de vehículos o escondido en la carga de un remolque, gran parte de las veces los agentes se encuentran ante un joven varón de entre 18 a 30 años, de nacionalidad albanesa y con familia o amigos en Reino Unido. Un perfil al que el instituto armado insiste en denominar «víctima» antes que culpable.

LA EVOLUCIÓN

400
jóvenes, entre enero y septiembre de este año, han intentado acceder al ferri en Santander.
3.000
euros es el precio mínimo que las mafias cobran a los albaneses para llevarlos hasta Inglaterra.
2015
Los saltos de polizones se redujeron en un 73% con respecto a 2014.
2016
Continúa el descenso. El número disminuye un 41% con respecto al 2015.
2017
Los saltos en el puerto se disparan y la cifra de jóvenes que intentan infiltrarse en el ferri se triplica respecto a 2016.
2018
700 intentos. El número de este año aumenta en un 78% con respecto a 2017 y un 123,8% sobre el dato de 2014.

«A la mayoría los engañan bandas u otros polizones más mayores en su misma situación. En otras ocasiones damos con familias enteras», afirma el capitán jefe del servicio de información de Cantabria, uno de los mayores expertos en la lucha contra organizaciones criminales de tráfico de personas.

Hace un mes culminó en Piélagos una de sus intervenciones. La operación 'Almar' desarticuló una banda que utilizaba viviendas en esa localidad y en Santander para alojar de forma temporal a inmigrantes albaneses: «Hay organizaciones de todo tipo, incluso las que ofrecen el 'todo incluido', esto es, ayuda para salir del país extranjero, llegada y alojamiento en España, introducción en Inglaterra y una vez ahí, explotación laboral».

«A la mayoría los engañan bandas u otros polizones más mayores en su misma situación»

Tal y como relata el capitán, la mayoría de estos jóvenes -muy pocos gracias al 95% de efectividad de la Policía Portuaria y el instituto armado- no tienen nada cuando llegan a las islas británicas: «En esos casos, les dan un trabajo en la construcción y un salario de miseria».

Una suma que queda muy lejos del precio que los chavales tienen que pagar por viajar desde su país, desde 3.000 a 6.000 euros en una caravana. «Es muy rentable para la organización. Estamos hablando de 30.000 de euros de beneficio que luego las bandas invierten en negocios ilegales como el de la droga. Las mafias son así, se diversifican continuamente», describe. Este tipo de delincuentes acumulan ya mucha experiencia. No en vano muchos «fueron antiguos policías o militares en su país, y conocen sumamente bien la forma de actuar».

«Penas muy pequeñas»

Esta circunstancia dificulta la desarticulación de estas organizaciones y la posterior imputación de sus integrantes por «un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», recogido en el artículo 318 del Código Penal. «Se enfrentan a penas muy pequeñas, salvo que se pueda demostrar que detrás hay una organización o que existe un peligro para la vida del inmigrante», asegura el capitán antes de recordar un caso sucedido en Teruel. Entonces los detenidos usaron camiones frigoríficos, con una media de cuatro grados de temperatura. «Ese ejemplo tan claro es la excepción. Por si fuera poco, los jefes de las organizaciones conocen bien la legislación y tienen dinero para buenos abogados», añade. Hoy en día, la legislación engloba entre esos casos sin recorrido penal circunstancias habituales como el de una persona oculta en el maletero de un camión.

«Los polizones no suelen ser violentos, pero hay que adoptar medidas de seguridad»

Para evitar que los polizones se oculten entre las cargas de transportistas, dentro o fuera del Puerto de Santander, la Guardia Civil insiste en la educación. «Los conductores tienen que tener especial cuidado cuando paran o descansan en áreas de servicio», declara Plaza. En esos momentos es cuando muchos extranjeros tratan de infiltrarse en la carga, aunque hay casos mucho más delicados. «Hemos llegado a encontrar a polizones introducidos en motores», lamenta el teniente jefe. Precisamente en ese intento por colarse en los camiones, los polizones rajan las lonas que cubren las cargas con un cúter. Esta herramienta, «junto a una botella de agua y algo para comer», completa las provisiones de estos extranjeros cada vez más habituales a lo largo de la bahía de Santander. Algunos organizan su escondite de manera más sofisticada: «Se han dado casos de alguno con un sistema de respiración para burlar los medios técnicos, muy casero, por medio de un tubo por el que respiran y expulsan el CO2 al exterior. Ellos creen que este sistema sirve de algo, pero no es así».

Fiscalía apunta a una red de trata de albaneses en Santander y Bilbao

El incremento de intentos protagonizados por extranjeros para colarse en el Puerto de Santander y viajar en el ferri como polizones no es el único problema que persiguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Detrás de esas intrusiones subyace un problema mucho más grave: el de las organizaciones de trata de seres humanos. Un delito que apunta la Fiscalía de Cantabria y que ha puesto en el foco a los dos puertos más afectados, el de Bilbao y sobre todo el de Santander. «Estos ciudadanos albaneses están siendo trasladados por una red de trata para explotación laboral en Reino Unido que nada tiene que ver con la condición de asilados», sostiene el órgano territorial, que avanza en su memoria anual la puesta en marcha de una investigación por parte de las fuerzas de seguridad.

En esa misma línea, la Fiscalía llama la atención especialmente sobre la capital cántabra: «La interceptación en el puerto de Bilbao resulta más complicada dado el superior nivel de tráfico portuario y las mayores dificultades de control».

El aumento de ciudadanos extranjeros en las dos localidades, ambas con línea regular de ferri al Reino Unido, tiene origen en el «levantamiento del campamento de Calais, en Francia, y a que se ha instalado un campamento en Vizcaya con unos 500 refugiados sirios y albaneses», especifica la memoria.

El Ministerio Fiscal advierte así de la «incidencia del elemento extranjero en la criminalidad en Cantabria durante el 2017», un año cuyas cifras en el número de saltos en la valla del Puerto ya se ha superado a estas alturas y en el que el órgano coincide en apuntar «el aumento de la presencia de ciudadanos albaneses». Finalmente, la Fiscal Superior, Pilar Jiménez Bados, desvela hasta «17 supuestos de internamientos cautelares en CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)». Una circunstancia de la que no tuvieron conocimiento en 2016. Tal y como desarrolla, «se trata de ciudadanos a los que se les abren expedientes administrativos de expulsión, por estar indocumentados o por haberles vencido el visado sin regularizar su situación, y para los que se solicita en algunos casos internamiento, pero en última instancia se logra paralizar la expulsión administrativa al alegar pasaporte con sello de entrada en espacio Shengen en un periodo inferior a tres mes».

Plaza es uno de los muchos agentes de la Benemérita que trabajan desde hace tres años bajo el nivel de alerta antiterrorista cuatro (el quinto significa riesgo inminente). «Algunos polizones saltan tanto que ya nos reconocen cuando les encontramos. No son violentos en la mayoría de casos, pero hay que adoptar siempre unas medidas de seguridad porque no se sabe quién puede estar cruzando la valla. Puede ser un joven albanés o un yihadista. Aunque se trate finalmente de una intrusión, en un primer momento tenemos que atajar el problema como una amenaza», concluye el teniente jefe.