Marea Cantabria respalda la Ley del Taxi para «proteger» su valor de servicio público

Marea Cantabria respalda la Ley del Taxi para «proteger» su valor de servicio público

Israel Ruiz Salmón cree que «favorecer» a «nuevos operadores sin ningún tipo de control» fue un «ataque orquestado» por el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna

Pilar González Ruiz
PILAR GONZÁLEZ RUIZSantander

Considerando que servirá para «proteger» a los trabajadores del sector, de los abusos de una «falsa competencia», Izquierda Unida- Equo (Marea Cántabra) respaldará la Ley del Taxi.

El candidato de la confluencia, Israel Ruiz Salmón, junto al miembro de su candidatura y candidato de Unidas por Santander a la Alcaldía de Santander, Miguel Saro, se ha reunido con representantes de la Federación Cántabra del Taxi, encabezados por su presidente, Manuel Andoni Ruiz, y Dionisio Díaz, vocal de la Federación.

Desde IU-Equo han apoyado las reivindicaciones de un sector del que han ensalzado su «imprescindible contribución» al «equilibrio territorial» al favorecer la comunicación y los desplazamientos de los ciudadanos, incidiendo en su condición, reconocida por ley, de servicio público, «hostigado por poderes políticos y empresas que han visto una nueva ocasión de hacer dinero con lo público».

Entre las demandas del taxi, y que comparten desde IU-Equo, están una Ley del Taxi en Cantabria que «ponga fin a las continuas políticas de parches en el sector» desde el ejecutivo regional, que Ruiz Salmón ha señalado como «necesaria», considerando un «ataque orquestado» al sector por parte del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al «favorecer» a «nuevos operadores sin ningún tipo de control».

Así, Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) apuesta por incluir en esa ley la regulación de la concesión de las licencias municipales y mejoras en el proceso de revisión de las tarifas, así como que se favorezca el acceso del sector a los concursos públicos en materia de transporte educativo o sanitario –cuando no se requiera asistencia sanitaria-, y en las líneas de regulares de baja ocupación o el taxi a demanda en zonas rurales, convirtiéndose así en «aliados en la lucha contra la despoblación en el medio rural».

«Los taxistas, como todos los profesionales de los servicios considerados públicos, pasan por una serie de controles y requisitos en materia de calidad y de precios, mientras que lo que intentan implantar las élites es una ley de la selva sin control alguna que, si no se ataja, perjudicará, no sólo a los trabajadores sino también a los usuarios al dejarlos en manos de gigantes sin escrúpulos», sentenciaba Ruiz Salmón.