La Justicia resuelve solo un tercio de las casos de ocupación de hogares que hay al año en Cantabria

En Polanco, Meruelo o Campuzano insisten en que las viviendas de 'okupas' se convierten en muchos casos en un foco de delincuencia y generan un clima de inseguridad a su alrededor. Los colectivos que se han formado para buscar soluciones en sus respectivas localidades tienen comprobado que son la excepción las ocupaciones que protagonizan familias sin recursos que por circunstancias de la vida no pueden pagar un alquiler y se ven abocadas a seguir en un lugar sin hacer frente a los gastos. Y mayoría las de los que entran por la fuerza a sabiendas de que el piso está vacío con el objetivo de instalarse allí.

Las estadísticas que ha facilitado el Gobierno de España a una pregunta parlamentaria de los diputados cántabros Elena Castillo y Diego Movellán (PP) dejan más claves interesantes. La primera, que es un fenómeno en alza. La serie histórica que proporciona el Ministerio de hechos denunciados ante la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cantabria comienza en 2015. Ese año, se tuvo constancia -no quiere decir que no hubiera otros casos que no se notificaran- de 36 episodios. Antes de la pandemia, la curva fue incrementándose hasta los cerca de 90 casos anuales de 2018 y 2019. Y ahora, tras el parón que supuso el covid -52 ocupaciones en 2020-, el fenómeno vuelve a estar en alza. Solo hay información de lo que ocurrió entre enero y septiembre de 2021, pero en esos nueve meses hubo 78 nuevas ocupaciones. Si la tendencia hubiera continuado así hasta diciembre el último año se habría alcanzado una cifra récord. Es decir, que el aumento de las protestas y las movilizaciones vecinales tiene una justificación a tenor de los números oficiales.

La segunda clave tiene que ver con la respuesta a las ocupaciones. En concreto, la respuesta judicial a las ocupaciones. El Ejecutivo nacional, en la misma respuesta al PP, proporciona los datos que maneja el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en el que se especifica que en Cantabria se cerraron 27 juicios orales entre el primer y el tercer trimestre de 2021 por este tipo de episodios. Es decir, que por cada tres casos que se conocieron entre enero y septiembre, solo uno tuvo una resolución judicial. Lo anterior significa que hubo una sentencia, pero no que esta fuera favorable para los denunciantes. Por otra parte, el Gobierno reconoce que no tiene información sobre el número de viviendas desalojadas de forma rápida a través de actuaciones policiales en la comunidad autónoma.

Hay que tener en cuenta que las resoluciones de un año no tienen por qué corresponder a hechos denunciados ese mismo ejercicio. Más bien todo lo contrario. La norma habitual es que los plazos se dilaten más de lo que les gustaría a los afectados. Especialmente cuando, como ocurre en la región, los propietarios de las viviendas ocupadas son en su mayoría bancos, que tardan en reaccionar a la hora de denunciar. Eso dificulta el desalojo inmediato y hace casi inevitable que el caso lleve a la vía judicial.

Esa proporción de una a tres es similar a la de la serie histórica de la comunidad autónoma y sensiblemente más elevada a la media nacional: en España entre enero y septiembre de 2021 hubo 13.389 casos de ocupación conocidos y únicamente se emitieron 2.506 resoluciones judiciales.

27resoluciones judiciales por ocupación hubo entre enero y septiembre de 2021 en la región

Por comunidades autónomas, las prácticas okupas se reparten de forma heterogénea. El ranking nacional lo encabeza Cataluña con 5.689 denuncias, casi el 40% de los casos puestos en conocimiento de las autoridades policiales. Le siguen el resto de comunidades con mayor población como son Andalucía, Valencia y Madrid. La tabla la cierra la más pequeña (La Rioja), pero resulta curioso que el Principado de Asturias, con el doble de habitantes que Cantabria, registre un menor número de casos. «El Gobierno de Sánchez lleva meses amparando la ocupación con varios Real Decreto Ley, suspendiendo lanzamientos durante el estado de alarma e impidiendo expulsar a los okupas de una vivienda cuando entren sin intimidación o violencia sobre las personas», lamenta la diputada Elena Castillo, que a lo anterior suma que la nueva Ley de Vivienda que se está en tramitación en el Congreso, además de ser «intervencionista, sectaria e ineficaz, blanquea la ocupación».

«La ocupación no es de derechas ni de izquierdas, es un problema transversal de todos los españoles», afirma la popular, que entiende que el Gobierno no mueve ficha porque depende de sus socios racidales.

En los últimos meses, los casos de ocupación en Cantabria se han concentrado, básicamente, en diez municipios: Bárcena de Cicero, El Astillero, Meruelo, Santander, Torrelavega, Polanco, Argoños, Arnuero, Hazas de Cesto y Santa María de Cayón. A finales de año también entró en esa lista Penagos. Allí se vivió un episodio curioso cuando un grupo de desconocidos irrumpió en el barrio de Pino de Penagos para desalojar a una pareja que se instaló en una vivienda deshabitada. La Guardia Civil apuntó a una empresa dedicada a expulsar a okupas. Al menos hay dos funcionando actualmente en la región que han participado al menos en doce 'liberaciones' de viviendas.

«El señor Revilla, como máximo representante de los regionalistas, se ha convertido en avalista de este gobierno de socialistas y comunistas al no ejercer su poder para frenar el intervencionismo, la ocupación y la inseguridad que acecha a los cántabros. La vivienda es una materia de titularidad autonómica y esta ley limita la competencia de las comunidades autónomas, pero a Revilla no le preocupa ni el ataque a la propiedad privada ni a sus competencias», concluyen desde el PP.