El Juzgado admite a trámite la querella de los taxistas contra el director general de Transportes

El titular del Juzgado, Jaime Parra Español, inicia de esta manera las diligencias previas, en las que ha ordenado que se comunique su decisión al propio director general y también a los servicios jurídicos del Gobierno regional para que, en el plazo de cinco días, remitan al juzgado el informe jurídico elaborado en su día para denegar la autorización de la tarjeta a David Gómez Pérez, el taxista que después de hacerse con la licencia municipal por la jubilación de un compañero se topó con la negativa de Transportes.

El colectivo que compone la Federación Cántabra del Taxi, que engloba a 400 profesionales de la región, decidió presentar el pasado 11 abril, tal y como adelantó este periódico, una querella criminal contra el titular de Transportes. La defensa, que ejerce el bufete santanderino Lastra y Herrero, considera en el escrito que podría haber cometido tres delitos: uno de prevaricación, otro de prevaricación continuada y un tercero «por omisión».

Este camino se une al iniciado en la vía administrativa, ya que la Federación solicitó a Piña a finales de febrero, a través de un recurso de alzada, que recapacitase y autorizase el título. Para entender el conflicto hay que remontarse a los orígenes. David Gómez Pérez, el taxista de Cabezón de la Sal, decidió el año pasado comprar una licencia municipal a un compañero que se jubilaba. La ordenanza municipal se lo permitía, así que sólo necesitaba el visto bueno de la Dirección General de Transportes. Hasta entonces, el organismo que dirige el ahora también candidato a la Alcaldía de Santander por el PRC, no había puesto ninguna pega, pero Gómez Pérez se convirtió en el primer afectado por el cambio de criterio del organismo adscrito a la Consejería de Industria de Javier López Marcano.

Un taxi necesita dos permisos para poder trabajar. Una licencia que es la que concede el ayuntamiento y una tarjeta (VT), la que permite al vehículo salir del municipio, que expide Transportes. Piña explicó a este periódico en enero que el cambio de criterio se debía a una sentencia contra una empresa de autobuses de Comillas -Autobuses La Cantábrica-, a la que la Justicia había denegado la licencia al no cumplir los requisitos de un real decreto de 1979, el que regula el sector a nivel nacional, que nunca había exigido en estos más de 40 años. Tras esa sentencia estaba la Federación Cántabra del Taxi.

Una vez iniciadas las diligencias previas, fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que «lo más probable» es que el juez Parra llame a declarar al director general de Transportes para escuchar sus explicaciones antes de decidir si hay indicios de delito y, por tanto, continuar con el proceso. En caso de hacerlo, Piña acudiría en calidad de investigado. Pero también puede suceder que, una vez escuchada la versión del titular de Transportes, decidiese archivar la causa, decisión que la Federación Cántabra del Taxi podría recurrir.

La distancia entre taxistas y Gobierno regional es elevada actualmente, según los primeros porque el Ejecutivo, con sus decisiones, «trata de beneficiar a las empresas de autobuses». Así lo explicó el presidente de la Federación Cántabra, Manu Andoni Ruiz, cuando conoció la intención de rechazar, en la vía administrativa, la tarjeta al profesional de Cabezón de la Sal.