Marchena: «El pueblo quiere dureza, pero ningún sistema penitenciario ha tenido éxito»
Durante la presentación de su libro 'La justicia amenazada', el magistrado Manuel Marchena defiende que «la prisión preventiva no es una condena anticipada»
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena entiende que la sociedad reclame «dureza» ante crueles crímenes o espeluznantes sucesos que pueden ser castigados con la ... prisión permanente revisable, pero advierte que «ningún sistema penitenciario ha tenido éxito, todos han fracasado». En su opinión, el preso «no tendría que perder toda la esperanza, porque hay muchas formas de que se reencuentre con el mundo que ha violentado o el bien jurídico que ha destrozado». Eso sí, «en lo que no hay que caer es en las decisiones escandalosas de puestas en libertad cuando no ha transcurrido un tiempo mínimo indispensable».
El expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo hizo esta reflexión en el transcurso del acto de presentación de su último libro 'La Justicia amenazada', celebrado ayer por la tarde en el Casyc de Santander, al que asistieron, entre otras autoridades, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; el expresidente regional, Miguel Ángel Revilla, y la expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, que calificó de «valiente, lúcido y necesario» el ensayo de Marchena, fue el maestro de ceremonias y encargado de ir planteando al autor los diferentes temas que aborda en su libro para que los desarrollara ante el público asistente, que no tuvo la posibilidad de plantear preguntas, puesto que el magistrado prefiere no pronunciarse sobre cuestiones concretas para evitar posibles recusaciones.
Papel de la Fiscalía
En primer lugar, se refirió al «controvertido» papel de la Fiscalía y dijo que «no es tarea fácil ser Fiscal General del Estado». A esta conclusión ha llegado tras desempeñar 22 años el papel de fiscal y haber conocido a cuatro fiscales generales del estado distintos. Frente a la intención del Gobierno central de otorgar a los fiscales la labor que desempeñan ahora los jueces de instrucción, Marchena considera que una reforma de ese calado requiere «el acuerdo de todas las fuerzas políticas». «Hay que hacerlo sin prisas», apuntó, después de asegurar «es a lo que vamos a llegar» porque toda Europa está atribuyendo a las fiscalías la instrucción de los casos.
El magistrado del Supremo también hace mención en su libro al privilegio del aforamiento, «que parece que es para vestir el cargo en España». En este sentido, consideró que esa protección habría que «reducirla» y solo deberían tenerla, tal y como recoge la Constitución, el presidente del Gobierno, los ministros, diputados y senadores. Asimismo, comentó que se está dando la circunstancia de que los aforados recurren al tribunal de Estrasburgo para plantear que no han tenido una doble instancia, ya que solo cuentan con la sentencia del Supremo.
«Jueces robóticos»
Otro de los asuntos sobre los que se pronunció el magistrado tiene que ver con la prisión preventiva o provisional, «que se percibe como algo distinto a lo que es». Para que esta medida cautelar esté justificada, «tiene que existir la posibilidad de destrucción de pruebas o que haya un riesgo de fuga». «La prisión preventiva no es una condena anticipada», recordó.
Respecto de la acción popular, aseguró que es un bien constitucional del que «se hace un uso perverso cuando se profesionaliza». «Esto no es asumible y desprestigia la acción penal. Y el problema es que al proceso penal se traslada la refriega política». Sin citar ningún caso concreto de la actualidad, Marchena aseveró que los partidos políticos se personan en los procedimientos «para tener acceso a las actuaciones, conocer lo que se está investigando y para filtrarlas a la prensa». Todo ello deriva en que, cuando al partido de turno no le dan la razón, «se dice que es porque el juez es conservador o 'filio comunista'». «Al final, el juez se convierte en amigo o enemigo de los dos partidos políticos que están en el conflicto».
Antes de proceder a la firma de ejemplares, Marchena se refirió a otros dos asuntos de actualidad: la politización del Consejo General del Poder Judicial y cómo afecta a la judicatura la inteligencia artificial. Sobre el primer asunto consideró que «hay mucho que cambiar y exigir a los líderes que respeten la Constitución»; y, sobre el segundo, dijo que «vamos a jueces robóticos» y lo que hay que determinar es «hasta dónde queremos llegar con los algoritmos». «Los que mejor lo tienen son los abogados, porque no admiten sustitución», zanjó.
«En la mayoría de juicios con jurado la decisión es acertada»
Marchena también dedica en su libro un apartado al jurado popular, a esos nueve ciudadanos que tienen la responsabilidad de juzgar ciertos casos como los homicidios, entre otros. En su opinión, este órgano judicial «goza de buena salud», ya que «en la mayoría de los casos la decisión es acertada». Al menos así lo percibe a la hora de abordar los recursos de casación que llegan a su sala. Lo que no entiende es que para ser jurado «solo se necesite saber leer y escribir», cuando para acceder a un puesto en la administración pública «lo mínimo es el graduado escolar».
En cualquier caso, si hay algo que cree que debería cambiarse de este sistema de enjuiciamiento es ese momento en el que el presidente del tribunal del jurado, un magistrado, ofrece a los jueces legos las correspondientes indicaciones a la hora de proceder a la confección del veredicto.
Entiende Marchena que «deberían unificarse las instrucciones», que fueran las mismas para todos los jurados. Con esto se podrían evitar casos en los que los ciudadanos no tengan muy claro cómo hacer frente a las distintas dudas que se le plantean a la hora de juzgar.
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