El ministro Torres ve un «error» que el Gobierno de Cantabria quiera derogar la Ley de Memoria

En su visita a Castro Urdiales, el ayuntamiento le pide financiación y servicios acordes a la población real del municipio

D.M.

Santander

Jueves, 11 de enero 2024, 20:50 | Actualizado 21:10h.

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera un «error» que el Gobierno de Cantabria (PP) pretenda derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, la primera de esta comunidad autónoma, impulsada por el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE) y que será derogada tras una iniciativa del PP y Vox en el Parlamento regional.

Torres, que ha participado en un acto del PSOE cántabro en defensa de esta ley tras visitar Castro Urdiales, ha señalado en declaraciones previas a la prensa que es «algo retrógrado» que se quieran derogar leyes que son «precisamente leyes que ponen en valor algo tan importante como la democracia».

Al respecto, ha asegurado que la nueva legislatura van a ser «años de impulso» de la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Generales en 2022, y ha lamentado que, por contra, haya gobiernos como el de Cantabria que quieran derogar la regional, que ha colocado a la comunidad en un «lugar importante» de «recuperación de la memoria, la restitución y la verdad», informa E. Press

Para Torres, «no puede ser» que en un momento en que existe una «democracia consolidada» en nuestro país, haya partidos políticos que quieran involucionar. Y Vox quiere involucionar« y »quiere recuperar todo aquello que debe ser eliminado de quienes nos consideramos y nos sentimos libres«, ha apostillado.

Tras la iniciativa que salió adelante en el Parlamento con los votos del PP y Vox y que abre la puerta a la derogación de la ley aprobada la pasada legislatura, aunque apenas había comenzado a desarrollarse, se constituyó en Cantabria la Plataforma Memoria y Democracia que ha impulsado diversos actos para reclamar la defensa de esta ley e impulsó un manifiesto que ha sido firmado por 90 organizaciones de Cantabria, con el aval de medio centenar de otras de todo el país y de unos 1.600 ciudadanos particulares.

El ministro ha reconocido el trabajo del secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente del Gobierno en la anterior legislatura, Pablo Zuloaga, por «llevar adelante» la Ley de Memoria de Cantabria, mientras Zuloaga ha destacado la «labor de pedagogía» que está llevando a cabo el PSOE entre la ciudadanía de Cantabria sobre la «importancia» que tiene no derogar esta leyde la que destacó que se consiguió dotar presupuestariamente e iniciar campañas de localización de víctimas y de exhumación de los primeros restos.

Castro Urdiales pide al ministro financiación y servicios acordes a su población real

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática recibió esta tarde la petición de la alcaldesa de Castro, la socialista Susana Herrán, de buscar una solución para poder recibir una financiación y unas prestaciones y servicios acordes a su población real, y no a la que figura como empadronada.

Y es que, fruto de su proximidad con el País Vasco, el municipio tiene una población de aproximadamente 33.300 habitantes empadronados cuando la realidad es que los residentes superan los 61.000.

Eso supone «uno de los mayores problemas» que tiene el municipio en materia de política territorial, ya que hace que el Ayuntamiento «deje de ingresar anualmente 8 millones de euros» de los Fondos de Cooperación Local y desemboca en asuntos como tener menos ratios de Policía Local y de personal sanitario o no poder contar con una comisaría de Policía Nacional por ser considerada oficialmente una ciudad con menos de 50.000 habitantes.

Así se lo ha trasladado la alcaldesa al ministro, que ha asegurado «entender perfectamente» la reivindicación y ha abogado por «buscar una solución» para «reflejar la realidad objetiva» de los municipios y que la financiación que recibe este Consistorio sea acorde a la población que disfruta de los servicios públicos, que es «distinta de la que está en los papeles».

En este sentido, ha puesto de relieve la aprobación ayer del decreto ómnibus, que incluye una modificación de la ley de regulación de las Bases del Régimen Local relacionada con los padrones, con la intención de «objetivar a través de medios digitales lo que es la realidad de cada lugar».

No obstante, Torres ha dicho que su Ministerio seguirá trabajando para una reforma integral de esa ley, «un objetivo que todos compartimos» y en la que espera contar con los grupos políticos.