Los municipios tienen en el banco 467 millones que no pueden usar por las restricciones de Hacienda

Si tienen ese montante guardado en el cajón no es por decisión propia, sino por las restricciones que estableció el Ejecutivo central durante la crisis en el marco de las medidas de estabilidad presupuestaria. La norma impulsada por el ministro Cristóbal Montoro no permitía -o introducía muchas dificultades para ello- usar el dinero sobrante del presupuesto anual para la realización de obras, la adquisición de bienes, la contratación de nuevo personal... La idea era que todo ese dinero se destinara a reducir la deuda.

«La regla general estaba bien pensada para aquellos municipios muy endeudados, que sobre todo eran los más grandes, pero toda norma tiene que ser flexible», explica Francisco Raúl Calderón, alcalde de Las Rozas de Valdearroyo, quien insiste en la buena gestión que se ha hecho en la última década en su ayuntamiento en particular y en el conjunto de municipios rurales de Cantabria en general. Con solo 250 vecinos, su remanente alcanza los 900.000 euros, que tiene claro que destinaría a mejorar las deficiencias que presenta el servicio de abastecimiento de aguas durante los meses de verano.

La proposición no de ley que llevó el pasado lunes al Parlamento de Cantabria el PRC y que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos menos Vox va en esta dirección. La iniciativa insta al Gobierno de España a introducir cambios legales para que los ayuntamientos cántabros -y de todo el país- puedan utilizar el remanente que han acumulado en los últimos años, algo que, según los regionalistas, no sólo servirá para mejorar las dotaciones municipales y la prestación de servicios públicos, también para dinamizar la economía y generar nuevos empleos.

De los 102 municipios de la comunidad autónoma, 65 tienen más de un millón de euros parados en el banco a la espera de un uso. En la cabeza de la tabla regional se encuentran los más grandes. Santander en primer lugar con 127 millones de euros, seguido de Torrelavega (23 millones), Castro Urdiales (47 millones), Laredo (17 millones) o Camargo (13 millones). Los alcaldes de estos lugares lo tienen un poco más fácil que sus homólogos de las zonas rurales. ¿Por qué? Pues porque la norma sí permite utilizar parte de ese remanente a las administraciones que previamente elaboren un Plan Económico Financiero (PEF). Con esa herramienta, desde 2018 sí pueden llevarse a cabo inversiones en materia de infraestructuras, de saneamientos, de instalaciones deportivas, pero las dificultades para realizar compras o ampliar plantillas continúan.

El problema es que, por sus dimensiones y recursos, en el último año sólo 27 ayuntamientos pudieron elaborar un PEF. El resto no tuvieron capacidad. «En la mayor parte de los casos les implicaba la realización de un plan económico financiero que les generaba más problemas que soluciones les iba a generar», detalló el pasado lunes el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, quien insistía en que el Gobierno central debe eliminar también este requisito.

Así, la capital sí ha presentado programas para usar parte de su superávit en obras. También Torrelavega, que además de reservar dinero para el gran desembolso económico que supondrá asumir su parte del soterramiento de las vías, tiene planeadas actuaciones como la pasarela sobre el río Besaya. Y proporcionalmente a su población, además de San Miguel de Aguayo y Las Rozas de Valdearroyo, entre los municipios que tienen más depósitos se encuentran Campoo de Yuso, Pesquera, Noja o Puente Viesgo. «Somos los conejillos de indias del Gobierno central. Nos obligan a tener superávit, mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas tienen déficit, para poder cumplir las exigencias de Europa», apunta Óscar Villegas, alcalde de esta última localidad. Recuerda que el techo de gasto no les permite usar la totalidad del dinero que tienen presupuestado, por eso cada año que pasa suman cerca de 150.000 euros más a su remanente. Y tampoco pueden bajar impuestos en exceso, porque entonces el Estado entiende que su situación económica es buena y pierden asignación nacional.

Del total del remanente que tienen los consistorios cántabros, unos 300 millones de euros podrían usarse mañana mismo con un mero cambio legal. Una cantidad que, sumada a los futuros superávit, permitiría a los ayuntamientos invertir 100 millones anuales en los próximos ejercicios. El resto hasta los 467 millones, corresponde a lo que Hacienda llama «saldos dudosos de cobro» o financiación que adelantaron otras administraciones y deben devolver.