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La Oficina Anticorrupción prevé traslados para evitar represalias a los denunciantes

La Oficina Anticorrupción prevé traslados para evitar represalias a los denunciantes

La Consejería de Presidencia ultima el decreto que regula este organismo y contempla conceder de forma excepcional permisos a los funcionarios manteniendo su sueldo

DM .

Santander

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Lunes, 31 de diciembre 2018, 07:25

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La Oficina Anticorrupción del Gobierno cántabro tendrá un estatuto de la persona denunciante, que buscará la protección a quien denuncie malas prácticas ante este órgano y prevé, entre otras cuestiones, instar el traslado a otro puesto en caso de represalias e, incluso, la concesión de permiso con retribución. Así se recoge en el proyecto de decreto por el que se crea esta organismo, que dependerá directamente de la Consejería de Presidencia, cuyo responsable será elegido por tres quintos del Parlamento, la misma mayoría que sería necesaria para su cese, y estará integrado por una plantilla de funcionarios de distintos departamentos. Es decir, que será el propio Gobierno el que se controle a sí mismo en última instancia en una suerte de departamento de «asuntos internos».

Cualquier persona que tenga indicios o pruebas de que un cargo público o un funcionario ha cometido una ilegalidad podrá denunciarlo por correo o a través de internet. Las delaciones serán confidenciales, pero deberán llevar obligatoriamente la firma del denunciante. El decreto de la creación de la oficina recoge que afectará al Ejecutivo y a las empresas públicas, ya que para tocar a otros organismos tendrían que haber impulsado una ley. Sin embargo, el documento deja la puerta abierta a ejercer de correa de transmisión con otras entidades menores como los ayuntamientos o las juntas vecinales. Es decir, que si se un ciudadano denuncia un caso de corrupción en un consistorio se pasará toda la información al municipio para que lo investigue.

El decreto se desarrolla a través de veintiún artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales, según informó la agencia EFE. Ahora mismo el proyecto del decreto está en el trámite de informe preceptivo de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia, y cuando supere este proceso se remitirá a las secretarías generales de las distintas consejerías para que hagan sus aportaciones.

Los objetivos de la oficina «serán prevenir e investigar, en primera instancia, posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público».

Rendir cuentas

El director tendrá que rendir cuentas ante la Cámara regional sobre su labor y las denuncias que se presenten. De hecho, está previsto que se elabore una memoria anual sobre la gestión realizada, que deberá llevarse al Parlamento y al Consejo de Gobierno.

También habrá un órgano colegiado, denominado Consejo Asesor a la Oficina, en el cual estarán presentes personas de prestigio y con reconocida trayectoria en representación de la sociedad civil elegidas por el Parlamento de Cantabria con la misma mayoría cualificada. Serán seleccionados por cinco años y su designación no dará derecho a ninguna retribución, aunque sí a dietas por desplazamiento.

El decreto prevé un estatuto de la persona denunciante, que no será aplicable cuando se formule y proporcione información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita. Pero si la Oficina es conocedora de que la persona denunciante ha sido objeto, directamente o indirectamente, de actos de intimidación o de represalias por haber presentado la denuncia, podrá instar las acciones correctoras o de restablecimiento que considere, previo informe de la Inspección General de Servicios.

En concreto, y a instancia de la persona denunciante, la Oficina podrá emplazar al órgano competente a trasladarla a otro puesto, siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional y, excepcionalmente, instará a concederle permiso por un tiempo determinado con mantenimiento de la retribución.

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