Los okupas no podrán optar a ayudas y habrá multas de 90.000 euros por dedicar una VPO al turismo
La nueva Ley de Vivienda también incluye el aumento de los inspectores para su aplicación
«La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios», afirmó el consejero, que anunció que las ... personas contra las que se haya dictado resolución judicial o administrativa por ocupación ilegal de inmueble en los últimos cinco años no podrán acceder a ninguna de las ayudas ordinarias que recoge la nueva ley, sin incluir las medidas de asistencia social. Como explicó Media, en ocasiones los protagonistas de las ocupaciones tienen medios económicos suficientes –puso el ejemplo de una familia de Meruelo que entró ilegalmente una vivienda y que disfrutaba de un coche de alta gama y de televisión por cable– para acceder al mercado, pero han hecho de la ocupación su forma de vida. «Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés», sentenció la presidenta Buruaga, que recordó que el borrador que dejó elaborado el bipartito tenía una orientación totalmente opuesta.
Además, en su régimen sancionador, el borrador de la Ley de Vivienda detalla tres tipos de multas en función de la gravedad de los hechos. Las 'muy graves' recogen de entre 15.000 y 90.000 euros. Por ejemplo, para aquellas personas que dediquen una vivienda protegida a alquiler turístico, fijando la graduación de la sanción en función del daño producido. También tendrá la máxima penalización quien ceda ilegalmente una vivienda protegida a un tercero u otros fraudes en el ámbito de las VPO. Subarrendar una vivienda protegida sin autorización de la administración se considera una sanción 'grave', sancionadas con una multa de entre 3.000 y 15.000 euros.
El consejero Medio explicó que para hacer cumplir esta norma y para que se puedan desplegar todas las medidas que recoja la futura norma, el Gobierno aumentará el número de inspectores.
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