La oposición exige de nuevo a Real que dimita por las irregularidades en el SCS

Revilla y Real hablan ante los consejeros Sota y Mañanes y el portavoz del PRC durante el Debate sobre el Estado de la región. /Celedonio Martínez
Revilla y Real hablan ante los consejeros Sota y Mañanes y el portavoz del PRC durante el Debate sobre el Estado de la región. / Celedonio Martínez

Revilla afirma que no tomará ninguna medida hasta que el informe sea definitivo, mientras que la consejera asegura que el documento avala la legalidad de su gestión

Daniel Martínez
DANIEL MARTÍNEZSantander

Los tres partidos de la oposición en el Parlamento (PP, Podemos y Ciudadanos) hicieron ayer un frente común y volvieron a reclamar al unísono la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, tras conocer que la auditoría realizada por la Intervención General ha detectado prácticas «prohibidas por ley» en los métodos de contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), tal y como adelantó El Diario Montañés ayer domingo.

El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma observa «importantes» irregularidades, como el fraccionamiento de contratos o adjudicaciones a dedo, algo por lo que la oposición también exige al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que sea él quien cese a la consejera si ésta no toma la decisión 'motu propio'. Tanto los populares como la formación morada coinciden en hablar de «escándalo» y Ciudadanos considera que, llegados a este punto, la situación es «insostenible».

De esta manera, todas las formaciones políticas, a izquierda y derecha del bipartito PRC-PSOE, reiteran la exigencia que ya llevaron al Parlamento regional hace unas semanas. Entonces, Real, quien sí que aceptó «errores y algunas incidencias contractuales que valorar», afirmó que no pensaba abandonar su puesto en el Consejo de Gobierno porque su departamento había actuado «con transparencia y diligencia» ante las denuncias y alegó que las responsabilidades políticas se habían asumido con las dimisiones del exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González.

Ayer, Real manifestó su «sorpresa» por la filtración del documento provisional. La consejera socialista dice que ese informe exime a la Consejería y avala los procesos de contratación y tramitación, ya que «se adecúan en general a la normativa vigente», según su versión. Pero al mismo tiempo reconoce que aportará las alegaciones correspondientes a las «incidencias contractuales» reflejadas en el informe provisional. Según el documento oficial al que ha tenido acceso este periódico, el interventor detecta adjudicaciones a dedo y fraccionamiento de contratos en el SCS.

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Por su parte, el presidente regional recordó que el procedimiento de investigación «aún no está culminado» y se encuentra a la espera del informe definitivo. A partir de entonces, aseguró, «el Gobierno decidirá si procede adoptar medidas para asegurar el rigor y la transparencia en la gestión y prevenir cualquier posible irregularidad». A pesar de ello, por la «alarma social» generada, Revilla pidió ayer por la mañana explicaciones a la consejera ante las informaciones publicadas en este periódico y le urgió a que entregue el informe definitivo «en el plazo más breve posible».

La opinión del PP es muy distinta. Su portavoz, Íñigo Fernández, considera que Real está «intoxicada por el caso». «Hay dos opciones: o se va ella misma o Revilla la tiene que cesar», dijo señalando al presidente regional, al que acusó de mirar hacia otro lado. «La consejera está reprobada por el Parlamento y está contaminada por su implicación en el escándalo. No puede seguir ni un día más», subrayó Fernández.

Trabajo de la Intervención

La Cámara regional no sólo pidió mirar con lupa las cuentas del SCS durante la actual etapa, también trasladó a la Intervención la tarea de investigar el funcionamiento de este servicio durante la anterior legislatura, con Ignacio Diego (PP) en el Gobierno. Todo después de una denuncia sobre supuestas irregularidades de la exjefa de Contratación del departamento, Inmaculada Rodríguez.

Los populares defienden que el informe es suficientemente claro para no esperar más papeles y opina que Real «conocía las irregularidades e intentó ocultarlas». «Cantabria no puede tener como consejera de Sanidad a una encubridora de irregularidades e ilegalidades», concluyó Fernández.

Al igual que el PP, Podemos quiso quedarse con el mérito de haber contribuido a sacar a la luz este asunto. «Gracias a la denuncia de IU y a la acción parlamentaria de Podemos, estas prácticas salen a la luz y pueden ser erradicadas destinando el dinero malgastado en redes clientelares a la salud de cántabras y cántabros a través de medios y profesionales», dijo el diputado José Ramón Blanco, que insistió en señalar a Revilla como responsable por dejación de funciones.

Blanco pidió el traslado de los contratos irregulares detectados por la Intervención a la Fiscalía: «Se ha analizado una pequeña muestra -menos de cien contratos- y se han detectando numerosas irregulares, lo que es un síntoma más de que el sistema de contratación irregular fue generado por el PP del imputado César Pascual y mantenido por el PSOE». Para Podemos, es especialmente grave que se paguen 235.000 euros a la Hostería de las Caldas sin que exista contrato o los gastos en comidas sin partida económica.

Ciudadanos ha anunciado para hoy una rueda de prensa sobre el asunto, pero ayer ya avanzó que la situación es «insostenible, y si la consejera no dimite, la responsabilidad será del presidente Revilla». En cambio, Izquierda Unida señala al partido de la consejera. «Pablo Zuloaga (secretario general del PSOE cántabro) es su máximo valedor y él debe promover su dimisión por incumplir la ley», afirmó la coordinadora autonómica, Leticia Martínez.