Las órdenes de protección, a debate: recursos y formación para que sean efectivas

Se trata, al hilo de lo sucedido, justo de eso, de reflexionar. De plasmar una serie de opiniones para abrir un debate público. «La reflexión después de tanto tiempo que intentamos tener una Ley de protección integral, y de eso -de tenerla- hace 17 años, es que todavía estamos en estas». Así empieza Ana Bolado, de la Comisión 8 de Marzo, que se pasó el fin de semana repitiendo esta idea en las concentraciones por el asesinato en Liaño. «Estamos así por dos razones -explica Bolado-. Primero, porque nos empeñamos en seguir poniendo el foco en las mujeres. Si denuncian, si van, si dicen la verdad, si se arrepienten... Y dejamos de mirar al maltratador. No sabemos ni sus nombres. Y segundo, porque lo que ocurrió hace 17 años supuso un esfuerzo de medios y recursos económicos por parte del Estado muy importante en la formación de los que tienen que tratar con las personas en peligro. Cuerpos de Seguridad, sanidad, educación, judicatura... Se hizo un esfuerzo del que hemos visto frutos, pero muchos de esos profesionales estarán ya jubilándose. Es necesaria una formación permamente en las áreas que tienen que ver con este asunto y en las que no. Cualquier funcionario debería estar formado en violencia de género para poder detectar, orientar, alertar y responder ante cualquier situación».

Formación. El concepto se repite con insistencia en el discurso de María Ángeles Ruiz-Tagle, presidenta y precursora de la Asociación Consuelo Berges. «La formación de los profesionales en violencia de género en todos los ámbitos en los que se atiende (sanitario, de protección, judicial...) tiene que ser exhaustiva. Hay muchas ventanas ocultas en esto y es necesaria una formación especializada ya. Es importante para que los protocolos se desarrollen correctamente. Si no se tiene, no se puede atender bien».

Ruiz-Tagle va a más. Porque si no se atiende bien, si la protección no funciona, se pone en riesgo la misma denuncia. «Hay mujeres que no denuncian porque piensan que da igual. Que ocurre lo mismo denuncien o no. Por eso, para que las mujeres denuncien, hay que demostrar que los protocolos funcionan bien». Ahí destaca la necesidad de «coordinación» entre los diferentes ámbitos y de otro aspecto en el que insiste -muy vinculado a lo sucedido en los últimos días-. «Las órdenes de alejamiento -afirma- son para proteger a las víctimas y cualquier persona que se las salte está cometiendo un delito y hay que actuar como tal. El quebrantamiento es un delito».

«Desde mi competencia considero que son válidos los instrumentos jurídicos ante un problema de esta magnitud. Pero los medios, aunque han mejorado, seguramente no son suficientes», pone sobre la mesa la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria. Paula Fernández. Aunque reconoce los pasos que se han dado, entiende que los remedios llegarían a base de dotar de «más personal» a plantillas «claramente mermadas» como ocurre, explica, en la Guardia Civil o en la misma Justicia. «Están mermadas en este momento y mucho más en el medio rural», apunta la consejera, que añade también la necesidad de «educar desde cero».

También en el ámbito de la Administración, Consuelo Gutiérrez recuerda que la medida judicial regula aspectos penales, civiles o de protección psicosocial. La directora general de Igualdad y Mujer de Cantabria se centra en este último apartado -el suyo-. Una vez autorizada la orden, explica, llega al punto de coordinación del Gobierno regional, que pone en marcha esa protección psicosocial. «Activamos los recursos propios y también los asistenciales e intentamos que haya una coordinación para que no haya duplicidades o vacíos. Que la persona sea atendida con el recurso con el que se sienta más cómoda o el que sea más necesario».

Entre los recursos propios destaca los tres centros de atención integral con los que cuentan (para atender a las mujeres y a los menores), pero también la comunicación que se hace a los recursos sociales de Atención Primaria o a los Servicios Sociales de los centros de salud. Habla de «un sistema serio, riguroso», y traslada esa visión al resto de ámbitos. «¿Qué es mejorable?», se pregunta. Y ella misma añade cuestiones que considera importantes. «No todas las mujeres que ponen una denuncia solicitan orden de protección. Trabajaría para animar a las usuarias a que la soliciten». Remarca, además, que «no todas las órdenes se conceden». «Habría que evaluar por qué y cómo se sienten las mujeres a las que se les deniega». Y, por último, «tenemos que seguir apostando por ser rigurosos en la aplicación de las medidas».

Si las opiniones que se recogen en este artículo para plantear el debate empezaban con la de la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la última exposición es la de la máxima autoridad judicial de la región. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral.

Empieza con una aclaración previa. Las «dos dimensiones» de las órdenes de alejamiento. Por un lado, la «inmediata», la que proporciona mayor protección. Habla de los casos en que se produce el hecho y el juzgado «dicta esa medida inmediatamente». La segunda es «la que se concibe como pena». Si hay pruebas y se establece una pena, se impone esa orden. Ya sea confirmando lo hecho anteriormente o «autónomamente como pena». «Una u otra, si se concede, está bien concedida, ajustada a la Ley». López del Moral recuerda, de hecho, que estas medidas se incluyeron en el ordenamiento jurídico antes que otras leyes de este ámbito. «El mecanismo -concluye- es eficaz tal y como está diseñado». Pero, y aquí está la clave en la exposición del magistrado, «otra cosa es que hay que ejercer un control para ver si se cumple o no». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son, claramente, las encargadas de este control y destinan muchísimos recursos a ello», añade.

¿Por qué falla a veces el control? A su juicio, por dos motivos. «Porque los Cuerpos de Seguridad no llegan a todo, no pueden estar en todas partes» y «porque en ocasiones se reanudan las convivencias y no se denuncia». «Lo que hay que hacer es reforzar los controles. Los Cuerpos trabajan bien e invierten muchos recursos. Pero no llegan a todo y la medida más eficaz, por tanto, sería ampliar las plantillas. El instrumento jurídico funciona. Lo que debe reforzarse es el control. También con medios telemáticos y técnicos que facilitan esa tarea, pero casi siempre es un tema de recursos humanos».