Oria defiende la gestión del lobo frente a las críticas de la oposición

El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, ha defendido hoy la gestión que el Gobierno dha desarrollado durante todo la legislatura para hacer frente al conflicto por los daños del lobo a los ganaderos frente a las críticas de la oposición, y ha subrayado que la modificación de la ley de caza que lo mantiene como especie cinegética e introduce los planes de gestión se empezó a tramitar ya hace dos años.

El debate sobre el lobo ha sido el gran protagonista de la comparecencia de Oria en el Parlamento para presentar los presupuestos de su consejería para 2019, en la que se ha hablado mucho más sobre este conflicto que sobre las cuentas de Medio Rural.

El consejero ha hecho un repaso de todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde el cambio de gobierno, empezando por la constitución de la Mesa del Lobo, de la que el Ejecutivo del PP, ha afirmado, «no quiso saber absolutamente nada» en la legislatura anterior.

Oria ha destacado que la postura de la consejería ha sido siempre que los controles de la ejemplares «eran absolutamente imprescindibles» debido a la evolución de la especie, fuera considerada o no cinegética.

Ante las críticas de la oposición por el retraso en llevar esta ley al Parlamento, Oria ha rechazado que se haya dejado para el final de la legislatura y ha recordado que se empezó a tramitar en octubre de 2017 y fue aprobada un año después por el Consejo de Gobierno.

Oria ha destacado que en esta legislatura se han pagado todas las indemnizaciones pendientes de la anterior y se han normalizado los pagos, con la poliza de seguros que introdujo del PP, al que ha reconocido la adopción de esa medida. Además ha hecho hincapié en que no se ha dejado de actuar para controlar la especie, de forma que hasta el 31 de octubre se han autorizado 968 intervenciones y 105 lobos han sido abatidos.

También ha respondido a las declaraciones a los medios de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, criticando su gestión, que ha calificado de «electoralistas», y se ha preguntado por qué el anterior Gobierno no introdujo medidas preventivas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) para mitigar los daños o no contempló la ampliación de la cobertura de los daños a toda Cantabria..

El diputado del PP Luis Carlos Albalá ha negado que el PP no hiciese nada en la gestión del lobo y ha asegurado que «la demora con la que se pagaban las indemnizaciones era idéntica a con la que pagaba el señor Oria antaño», en sus anteriores legislaturas como consejero, y ha reivindicado que eso ahora «ya no ocurre porque fue el PP quien contrató un seguro para ello».

Desde Podemos, el diputado Alberto Bolado, que ha sustituido en esta comisión a su compañero José Ramón Blanco que se encuentra de baja, ha indicado que «lo preocupante» para su grupo sobre la partida del Plan de Gestión del Lobo es que en los dos últimos años «no se ha gastado ni un sólo céntimo» de lo que se ha presupuestado.

El diputado de Cs Rubén Gómez ha señalado que en Cantabria «tenemos un serio problema de control poblacional del lobo», lo que está dificultando su convivencia con los ganaderos y, frente a ello, ha considerado que el Gobierno «no está ayudando como debiera».

A su juicio, se está actuando con «lentitud» y ha cuestionado al consejero que si estaría «de acuerdo en que la reforma de la Ley de Caza se incluya en la 'ley de acompañamiento'».

Para el diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, en la gestión del lobo por parte del Ejecutivo solo hay «sensación de lentitud» porque, según ha cuestionado, el consejero está intentado poner de acuerdo a colectivos con «posiciones antagónicas».

El retraso en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa ha sido otro de los asuntos sobre los que ha dado explicaciones el consejero, tras las críticas del diputado Juan Ramón Carrancio, quien ha lamentado la «lentitud» de Medio Rural en elaborar un borrador para regularla.

«Para nosotros también está siendo lento», ha reconocido el consejero, quien ha explicado que se ha optado por contratar a una empresa para, junto al Gobierno, poder sacar adelante este sello de calidad.