El Parlamento pide que los ayuntamientos puedan seguir utilizando sus remanentes

La propuesta, primera en un orden del día denso un lunes más, la defendió la portavoz regionalista Paula Fernández-Viaña, que, adelantándose a lo que pueda venir, pidió a la Cámara regional que exija al Gobierno de España que deje abierto un grifo financiero que, en el contexto actual, resulta de suma importancia para las entidades locales.

En su relato previo a la petición, la regionalista recordó que en el año 2020, a causa de la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno de España decidió suspender las reglas de gasto a todas las entidades locales, una medida que permitía que los ayuntamientos pudieran usar sus ahorros en inversiones y gastos y que después se prorrogó tras la invasión rusa de Ucrania con la idea de que expirara a finales de este año 2023.

El PRC entiende, no obstante, que a partir de enero de 2024, cuando los ayuntamientos ya no podrán utilizar sus remanentes, las consecuencias de esa guerra no serán distintas a las actuales. «El panorama no va a ser mejor, porque la situación se ha recrudecido», no solo por la prolongación del conflicto en Ucrania sino por el estallido de la guerra abierta entre Israel y Palestina. Por eso, Paula Fernández-Viaña, que en su intervención enumeró algunas de las obras que los ayuntamientos de la provincia han podido llevar a cabo tirando del dinero que tienen ahorrado, reclamó la prórroga de una medida que tanto PP como PSOE creen, como los regionalistas, que es «positiva».

Por esa razón, populares y socialistas avalaron la proposición. No así Vox, que con su 'no' impidió que la iniciativa saliera adelante por unanimidad.

«No se puede apoyar el descontrol», justificó su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, que piensa que si los ayuntamientos de la región tienen remanentes de tesorería es porque recaudan «más de lo que necesitan» y lo que tienen que hacer es «reducir los impuestos municipales y extraer a los ciudadanos solo lo que necesitan para prestar las competencias que les son propias, y no otras».

Satisfecha porque su iniciativa viera la luz, Fernández-Viaña no ocultó sin embargo su decepción con la decisión tomada por el partido de Santiago Abascal, al que reprochó los argumentos («torticeros y nunca reales y veraces», dijo la regionalista) que Palacio empleó para justificar su rechazo a esta proposición. «Así van a tener complicado tener alcaldes», avisó la regionalista a Vox, que se quedó solo en la defensa de una iniciativa efectuada justo a continuación para que se cambie el modelo de beca de comedor actual.

Ni PP, desde el Gobierno, ni PSOE y PRC, desde la oposición, respaldaron ese cambio de sistema propuesto por la ultraderecha, a la que el actual sistema le parece «discriminatorio» e «injusto» porque, afirman en Vox, impera la «discrecionalidad» en función del título jurídico que tenga el centro educativo en el que estudie el alumno.

El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en la que pedía al Gobierno que continúe volcando en el portal de transparencia los datos actualizados relacionados con la actividad sanitaria, especialmente los que afectan a las listas de espera hospitalarias. Los socialistas presentaron esta iniciativa porque

«se han dejado de publicar», hecho que los populares justificaron asegurando que la web está actualmente en obras.

«Estamos trabajando para ofrecer una información válida y contrastada», explicó la popular María Jesús Susinos.

El Gobierno de Cantabria espera terminar este año con «un agujero presupuestario» de unos 45 millones de euros en el capítulo 1, el correspondiente a gastos de personal, «aunque nadie se va a que- dar sin cobrar sus nóminas» ya que se cubrirán con los fondos de otras partidas.

Según indicó el consejero de Economía del Ejecutivo regional, Luis Ángel Agüeros, el presupuesto de Cantabria de este año –elaborado por el Gobierno PRC-PSOE– recoge un gasto inicial de 1.145 euros para los pagos al personal y se espera un gasto final de 1.210 millones de euros. «Sabían perfectamente que no iba a llegar el dinero para pagar los sueldos y aún así aprobaron el presupuesto», dijo Agüeros, que trasladó que uno de los objetivos del Gobierno popular es corregir las infradotaciones de los presupuestos en diferentes áreas, especialmente en educación o sanidad.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, aseguró que el Gobierno regional «sigue trabajando» para que lleguen a Cantabria los 55 millones pendientes que están consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023.

En respuesta a una interpelación presentada por el PRC, que quería saber en qué estado se encuentran actualmente las negociaciones entabladas con Madrid al respecto, el consejero indicó que si bien cuando se anunciaron esos recursos del Estado para Cantabria, se explicó que era para saldar la deuda de Valdecilla y para seguir colaborando en la financiación de La Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), en realidad ese dinero es una partida para inversiones globales de interés general con la que se financiarán actuaciones de diversa índole, de ámbito sanitario, cultural, en emergencias o informática, entre otros.