Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros

Como ella, una treintena de afectados que acudieron a la Unión de Perjudicados por el Cártel del Automóvil (Upercar) de Cantabria –formada por los despacho de abogados Cañadío, Altónaga, Abot y Borja González-Salvador Concejo– han obtenido una indemnización similar y otros trescientos están a la espera de resolución judicial. «Estoy contenta porque era un dinero con el que no contaba. De hecho me he llevado una grata sorpresa cuando he visto el ingreso en mi cuenta, ya que me había olvidado del tema puesto que ha sido el abogado el que me ha llevado todo el trámite. Me pidieron unos papeles y el resto lo hen hecho todo ellos», apunta Nieves.

A pesar de que ha tenido que esperar más de tres años para conocer la decisión del juzgado, esta afectada anima a quienes estén en su misma situación a que reclamen, «porque, aunque no sea mucho dinero, es algo que nos corresponde». Y eso, a pesar de que lo que están reclamando todos es una indemnización de entre el 10 o 15% del precio que pagaron por su vehículo.

Sin embargo, el abogado Lope Crespo de Lara, del despacho Cañadío, asegura que no está habiendo una mismo criterio en todos los juzgados de España, ya que algunos están concediendo un 10% y en otros incluso están rechazando las demandas. «En Cantabria lo que están reconociendo es un 5% del precio de compra más los intereses y por la cuantía no cabe recurso ante la Audiencia Provincial».

Crespo de Lara explica que tanto su despacho como los otros tres que integran esta plataforma de afectados cobran un 20% de comisión en caso de ganar, y los clientes «no tienen que ir al juzgado, ya que parten del hecho de que el cártel existió y por tanto ha habido un perjuicio». A partir de ahí, los abogados tienen que acreditar el perjuicio a través de un informe pericial que está siendo contrarrestado por otro de las marcas. «Los juzgados lo que dicen es que tanto nuestra pericial como la de las marcas no ilustra sobradamente el perjuicio porque es muy difícil de determinar. No obstante, de forma prudencial establecen un 5% de indemnización porque el perjuicio ha existido». Eso supone unas indemnizaciones de «en torno a los mil euros más intereses, dependiendo del coste del vehículo, que por aquellas fechas rondaba entre los 12.000 o los 17.000 euros». Teniendo en cuenta que entre 2006 y 2013 se matricularon en Cantabria 92.106 coches, unos 83.816 vehículos (el 91%) podrían tener un sobrecoste.

Por eso, desde Upercar animan a quiénes estén afectados por esta situación que reclamen, puesto que el plazo para hacerlo finaliza a mediados del próximo 2026, según la marca de cada vehículo. Para hacerlo únicamente es necesario presentar la factura de compra del vehículo o, en caso de no tenerla ya, solicitar en la Agencia Tributaria (AEAT) el modelo 576, que es el impuesto que se paga cuando se compra un vehículo.

Entre la treintena de casos de esta plataforma que han resuelto los dos juzgados de lo Mercantil en Cantabria hay un par de demandas que han sido desestimadas y que afectan a furgonetas. En concreto a dos Citroën Jumpy, que son vehículos comerciales.

Aunque esta plataforma está gestionando un gran volumen de demandas, hay otros despachos en la región que también están obteniendo sentencias favorables. Es el caso del Grupo Alega, que como publicó este periódico el pasado 25 de marzo de este año, logró una sentencia favorable por parte de la Audiencia Provincial de Cantabria, que confirmó una indemnización de 1.147 euros a favor de una demandante.